Hablan un idioma que nadie conoce. La indiferencia social de la dirigencia gobernante (y el exacerbado internismo de la opositora) creó un peligroso vacío en la conducción política del país. ¿Alguien cree en el Gobierno que el juicio político a la Corte Suprema es un tema que conmueve a la sociedad? En todo caso, ¿alguien cree que no hay temas de mayor preocupación social que el acoso del kirchnerismo al máximo tribunal del país? La promesa del ministro de Economía, Sergio Massa, de que la inflación mensual estaría muy cerca del 3% a partir de marzo se convirtió ya en un objetivo inalcanzable. Una fantasía, una utopía inverosímil. La actividad económica oscila desde septiembre pasado entre la caída y el estancamiento. El constante aumento del precio del dólar es una inquietud para los pocos que pueden comprar, pero es una alarma mucho mayor para el resto de la sociedad, que entrevé en esa suba el pronóstico de una inflación peor en los próximos meses.
En medio de ese paisaje de desolación y pesimismo social, el Presidente, la Vicepresidente y los legisladores del oficialismo sólo se muestran preocupados por arrasar con la Corte; es la primera vez en la historia que un gobierno se propone destituir a todos los jueces del tribunal más importante del país. Ni Perón en 1947, ni Néstor Kirchner en 2003 promovieron la expulsión de toda la Corte de esos momentos. Carlos Menem no le inició juicio político al máximo tribunal, pero licuó la influencia de su anterior conformación con la designación de cinco nuevos jueces supremos. Como se ve, el peronismo tiene un problema ancestral con la independencia del Poder Judicial desde que su fundador, que asumió por primera vez en 1946, usó un trabalenguas que no decía nada, pero anunciaba todo: "Pongo el espíritu de la Justicia por encima del Poder Judicial". Era él, Perón, quien, desde ya, podía interpretar el espíritu de la Justicia.
El actual Presidente violó abiertamente la Constitución cuando convocó a sesiones extraordinarias del Congreso para enjuiciar a la Corte por la decisión, entre otros motivos, de dictar una cautelar en el caso de la coparticipación de la Capital. Una cautelar es, por definición, una decisión transitoria que congela las cosas tal como estaban a la espera de la sentencia de fondo. Un juicio político por esa razón es una abierta presión al tribunal para que resuelva la cuestión de fondo de acuerdo con los intereses de los que gobiernan. Además, la Constitución le prohíbe expresamente al Presidente arrogarse el conocimiento de causas judiciales en curso. ¿Sabe, acaso, Alberto Fernández cómo será la decisión de fondo de la Corte sobre la coparticipación que el jefe del Estado le hurtó a la Capital? Sólo un conocimiento previo de esa causa podría explicar que el juicio político esté siendo promovido por una mera cautelar. ¿O son simples zafarranchos que surgen de las canteras intelectuales del cristinismo? Si los voceros del juicio político son los diputados Eduardo Valdés, Rodolfo Tailhade y Leopoldo Moreau, el oficialismo sólo busca el barro, la calumnia y la superchería. Renunció con esos personajes a buscar siquiera una porción módica de simpatía en la sociedad.
Todas las acusaciones contra los máximos jueces del país son falsas. Ni el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, es indiferente a los derechos humanos (su historia dice todo lo contrario); ni Carlos Rosenkrantz cometió alguna falta a la indispensable ética, porque él mismo se impuso un plazo de cinco años para excusarse en expedientes que involucraran a ex clientes suyos cuando no era juez; ni Juan Carlos Maqueda hizo nada reprochable en la obra social del Poder Judicial, que depende de la Corte. El fiscal Carlos Stornelli pidió el archivo de esa causa contra Maqueda y una resolución, que va más allá del sobreseimiento, se prepara en el despacho del juez Ariel Lijo, que tiene el expediente. Nadie se dio cuenta, pero el ex juez de la Corte Eugenio Zaffaroni fue llamado como testigo contra sus ex colegas cuando él mismo está siendo acusado en el caso de la obra social. Como esta depende de toda la Corte, el período cuestionado incluye los años en que Zaffaroni fue juez de la Corte. No puede ser testigo, por lo tanto, porque podría ser imputado.
La inflación de enero será superior al 5%, pero los economistas privados percibieron algo más grave: una brusca aceleración del precio de las cosas en la última semana de enero. Esa dinámica de la inflación compromete al índice inflacionario de febrero y, posiblemente, al de marzo. En febrero están previstos varios aumentos (gas, electricidad, prepagas, por ejemplo) y ya se registra una fuerte suba en el precio de la carne, que influye sobremanera en el índice general. El presidente de la Unión Industrial, Daniel Funes de Rioja, dijo en el relanzamiento del programa "Precios Justos" que los costos de la Argentina, medidos en dólares, siguen siendo inferiores a los de Chile y Brasil si se tienen en cuenta los fideos, el arroz, el pan fresco, la harina, la leche, el azúcar y el aceite. No obstante, la actividad económica cayó en septiembre, octubre y noviembre. Desde entonces se estancó donde quedó; no creció ni cayó más, tal vez como efecto del aguinaldo y las vacaciones. De todos modos, el nuevo respingo del precio del dólar es la mejor prueba de que no hay en la sociedad buenas expectativas con respecto de la inflación. El dólar es el mejor refugio para los argentinos cuando les sobra un solo peso y la tempestad inflacionaria no escampa.
Que Massa no se baje definitivamente de la candidatura presidencial influye en la economía. Desliza en privado que no será candidato, pero deja hacer en público. ¿Es o no es candidato a la presidencia? Su complicidad con el cristinismo en el juicio político a la Corte Suprema conduce a la inferencia de que espera el apoyo de Cristina Kirchner para ser candidato. Sectores empresarios vienen reclamando que el responsable de la conducción económica abandone, por esta vez al menos, su desmedida ambición. Sobre todo porque esa eventual candidatura está contribuyendo a enlodar aún más el ya enlodado mosaico político del kirchnerismo. El juicio a la Corte aleja las inversiones y, para peor, la oposición está enredada en sus propias trifulcas. Importantes empresarios empiezan a verbalizar duras críticas a la falta de propuestas concretas de Juntos por el Cambio, que podrían despejar parte del porvenir. No puede ser que el único programa específico de sectores opositores sea la dolarización de la economía que promete Javier Milei. El dirigente libertario debería saber que la Corte Suprema no demoraría más que unas pocas horas en declarar inconstitucional la dolarización. El artículo 75 de la Constitución señala que debe existir "un banco federal (el actual Banco Central) para emitir moneda, fijar su valor y defender la moneda nacional". Es la Constitución, entonces, la que establece la obligación del país de contar con una moneda nacional. Cuidado. El mundo está lleno de ejemplos de líderes antisistema que se hicieron con el poder en poco tiempo.
Si bien se miran esas extravagantes propuestas de algunos opositores, la indolencia y la ineptitud de los que gobiernan y el ombliguismo de otros opositores es fácil concluir que la Argentina está más cerca de la ruina que de la gloria. Es un destino injusto, pero la historia y la Justicia no siempre están de acuerdo.
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