Por Alcides Castagno

¿Es el transporte urbano de pasajeros una postergada solución al problema del tránsito, la superpoblación de automóviles y motos y los crecientes barrios alejados del centro? No se observa un exceso de demanda, en cambio parece ser un servicio deficitario para la municipalidad. Al margen de necesidades y conveniencias, repasemos algo de su historia.

Rafaela es una de las pocas ciudades no capitales que tiene un servicio de colectivos urbanos. Fue precursora. El inquieto y emprendedor intendente Octavio Zobboli vio la necesidad de un transporte público, ya que la ciudad se extendía. En 1942, por Ordenanza N° 790 de fecha 22 de mayo, dispuso la creación de la Empresa Municipal de Transportes, que comenzó a funcionar al año siguiente, el 3 de septiembre, previa adquisición de tres micro ómnibus Oldsmobile. Si bien la novedad entusiasmó a muchos, costó bastante ser asumida por los potenciales pasajeros. Reemplazar la bicicleta y la caminata, acostumbrarse a los horarios y conocer los recorridos llevó tiempo, pero los usuarios aumentaron de a poco.

Mantenimiento

La flota inicial fue disminuyendo su rendimiento y debió ser reemplazada en septiembre de 1951 por cuatro unidades MAN diésel para 37 pasajeros sentados. Estos colectivos fueron cedidos a la ciudad, sin cargo, por el gobierno provincial del ingeniero Juan Hugo Caésar. Esta incorporación aumentó significativamente el uso del transporte público; también su necesidad de mantenimiento. Consta, por ejemplo, una partida de $ 250.000 para el recambio de dos motores; el tercer MAN también debió ser auxiliado con una partida de $ 65.000 dispuesta por el comisionado municipal Dr. Urbano Poggi. El apoyo al servicio continuó durante la intendencia de Rodolfo Muriel. Las gestiones para renovación de la flota de colectivos estuvieron después a cargo del diputado Alberto Borella, que obtuvo la cesión sin cargo de dos unidades Mercedes Benz de parte del gobernador Carlos Sylvestre Begnis.

La empresa, que en principio actuó como experimento de prueba, para observar la respuesta de la población, siguió necesitando la atención de un organismo oficial o mixto que asegurara cierto grado de continuidad con un costo accesible. Los hechos muestran que la rentabilidad no respondía a cubrir una reserva para renovación de unidades, ya que el Estado provincial debió hacerse presente en repetidas oportunidades y el municipal otro tanto.

Primeros directores

El primer directorio fue presidido por Juan R. Báscolo de 1943 a 1947; luego Sergio Morales (1949-1950), Luis Remonda (1955-1957), luego Juan F. Borgogno y se sucedieron otros. Entre los gerentes, se desempeñó Aníbal Rodaro, que cumplió una destacada actuación. También la tradición de la empresa destaca el trabajo tesonero de Carlos Nicola en la gerencia.

En 1993 tuvo un intento de privatización, haciéndose cargo la empresa General Belgrano, pero, debido a la baja rentabilidad, debió retomar el servicio nuevamente la Municipalidad.

Hoy

Actualmente el servicio se gestiona desde la Secretaría de Servicios Públicos y Ambiente. Cumple con un recorrido circular que comienza y finaliza en la Terminal de Ómnibus. Cuatro líneas tienen una frecuencia de 30 minutos y una quinta línea cada 60 minutos. Además, se agrega un transporte afectado al traslado de niños a escuelas especiales ubicadas en distintos puntos de la ciudad, más la disponibilidad de dos unidades equipadas con rampas para discapacitados motrices.

Hubo y habrá discusiones sobre frecuencia, valor del boleto, diseño de recorridos, etcétera; en el medio, estará siempre la rentabilidad y la relación costo-beneficio, en especial en estos tiempos en que el Estado trata de desprenderse de subsidios o sostenimiento de empresas estatales deficitarias. Hay quienes estudian cómo seducir a motociclistas y ciclistas para su traslado diario, aliviando la saturación de las calles en ciertos horarios, mediante el uso del transporte urbano de colectivos. Es frecuente ver motos ocupadas por tres y hasta cuatro personas, símil familia tipo, a despecho de las leyes de tránsito y riesgo personal; mientras, sobrevuela el concepto de servicio esencial, que debe ser sostenido por el erario público, o sea todos los contribuyentes.