No saben por qué piden el juicio político, pero lo piden. Ni siquiera leyeron los expedientes en los que se solicita el enjuiciamiento de los máximos jueces del país. Por ahora, se limitan a los estrépitos de un show para conformar a la lideresa política del país. Así se mostraron los diputados cristinistas en la primera sesión de la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. El caso de la Corte Suprema tiene secuelas más allá de la propia Corte; las empresas internacionales con sucursales en el país preguntan a sus ejecutivos más por ese juicio que por la marcha de los negocios locales. Los empresarios argentinos no están menos preocupados. Obvio: ¿quién puede esperar qué, si la facción política gobernante cae de esa manera sobre los magistrados más empinados del país?
La política también le teme a una Vicepresidente dispuesta a profanar todos los límites en su incansable búsqueda de una impunidad imposible. Para peor, dicen, el Presidente se rindió definitivamente ante ella y, a veces, sobreactúa las peores intenciones vicepresidenciales. Como se ve, el primer afectado es Sergio Massa, porque desde que se inició el escándalo político contra la Corte la economía no ha hecho más que empeorar. Massa tampoco quiere frenar los desenfrenos. Tanto Alberto Fernández como él especulan con el decisivo apoyo de Cristina Kirchner para ser candidatos presidenciales del peronismo. "Guste o no, el candidato peronista será quien sea respaldado por Cristina Kirchner. Ella influye de manera decisiva sobre el 60% de los votos del Frente de Todos", resume un encuestador muy alejado del oficialismo. La disputa de fondo es, entonces, entre el Presidente y su ministro de Economía por el apoyo de Cristina Kirchner. Vana esperanza de Alberto Fernández. La ex Presidente ya le hizo saber de mil maneras que lo único que quiere es ver al Presidente viviendo de nuevo en su departamento de Puerto Madero. ¿Queda alguna duda? La sonora crisis que provocó el ministro del Interior, Eduardo de Pedro, un empalagoso servidor de Cristina, por un hecho sin entidad suficiente (no fue invitado a un acto de Alberto Fernández y Lula con organizaciones de derechos humanos) debería despejar cualquier suspicacia. Ni Cristina ni Alberto se privan, entonces, de promover banales escándalos frente a una sociedad asediada por sus propias penurias. ¿Cómo no preocuparse por los once meses que faltan hasta el fin del actual mandato presidencial? ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar? ¿Cómo se llegará?
Una mayoría de la Comisión de Juicio Político (que integran dos decisivos diputados de Massa) rechazó el pedido de la oposición para que, como es costumbre, una subcomisión de tres legisladores separe la maleza del trigo entre tantos pedidos de juicio político a la Corte. Esa subcomisión suele trabajar con un perfil bajo. El perfil bajo es lo que Cristina no quiere. El espectáculo debe seguir. Será todo el plenario de la Comisión el que analizará delante de las cámaras de televisión cada uno de esos pedidos. Dicen que por instrucción precisa de Cristina Kirchner, instrumentada por otro de sus servidores, el diputado Eduardo Valdés, se montó al lado del recinto de la Comisión una sala de prensa por la que desfilarán los testigos que hablarán en contra de los jueces supremos. De hecho, también esa mayoría de la Comisión rechazó un pedido de la oposición para recibir cuanto antes el testimonio de juristas independientes sobre si tales pedidos de juicio político son admisibles. Todo es admisible para Cristina Kirchner cuando se trata de destruir a un enemigo; su enemigo es ahora la Corte Suprema. Sin embargo, sería ingenuo suponer que el escándalo actual está dirigido solo al máximo tribunal; también es un mensaje directo a los jueces de instancias inferiores. Irán por ellos con más saña que la que tienen contra los jueces más importantes del país. La estrategia puede tener resultados adversos para el cristinismo porque muchos jueces están dispuestos a abroquelarse para defender a la Corte Suprema. A Cristina la aguarda la lectura de los fundamentos del fallo del tribunal oral que la condenó a seis años de prisión por corrupción, prevista para el 9 de febrero. Ella detesta la sola idea de que sigan argumentando en público por qué es corrupta. En la segunda quincena de febrero podría conocerse también la decisión de la Cámara de Casación sobre el juicio a la familia Kirchner por lavado de dinero en hoteles y edificios de su propiedad. En los Tribunales es habitual escuchar que esa eventual novedad volverá a enardecer a la Vicepresidente. Ella y sus hijos podrían ser sometidos a otro juicio oral y público por corrupción.
El salvajismo llegó a tal punto que el diputado Rodolfo Tailhade, el más servidor entre los servidores de Cristina, anunció públicamente que la Comisión de Juicio Político llevará por la fuerza pública (esto es: la Policía) al vocero del presidente de la Corte, Silvio Robles. Uno de los motivos del juicio político es una conversación, conocida por una pinchadura ilegal de teléfonos, entre ese colaborador del juez Horacio Rosatti y el ministro de Justicia y Seguridad de la Capital, Marcelo D'Alessandro. Ninguno de los dos, como es evidente, integra la Corte Suprema, y el juicio político es a los miembros de la Corte. El juez Sebastián Ramos ya archivó esa causa porque desestimó pruebas conseguidas por fuera de la ley. La Comisión no tiene facultades parai llevar por la fuerza a nadie. Pero podría pedir que un juez federal autorice que la policía lo busque a Robles y lo arrastre ante esa pobre parodia del Comité de Salvación Pública de la Revolución Francesa, que en su momento le permitió a Robespierre mandar a la guillotina a todos sus enemigos. Hasta que su propia cabeza cayó segada por la implacable máquina de matar. Todo depende de qué juez federal resulte sorteado para hacerse cargo de los caprichos de Tailhade, Valdés y Leopoldo Moreau, los servidores de Cristina que manejan la Comisión.
El seguidismo de Massa a semejantes tropelías es inexplicable. Sus decisiones tienen efectos cada vez más breves desde que se activó el juicio político a la Corte. Ni siquiera tuvo el resultado que buscaba la inservible compra de una insignificante porción de la deuda pública. Massa quería contener el dólar, pero el precio del dólar siguió subiendo, indiferente. Para peor, debió ordenar una investigación sobre las diez sociedades de bolsa que compraron los bonos con anticipación. El problema no es quiénes compraron, sino quién dio la información precisa en el momento oportuno. Esa información la tienen solo el presidente de la Nación, el ministro de Economía y el presidente del Banco Central. La información privilegiada en los Estados Unidos puede llevar a la cárcel a los que operaron y a los que la dieron. De todos modos, la oposición ya adelantó que no ayudará a aprobar ninguna ley en el Congreso mientras esté en trámite el juicio político a la Corte.
El manto de temor por los once meses que faltan cubre también a la oposición. Las últimas encuestas señalan que los dos grandes bloques políticos (Frente de Todos y Juntos por el Cambio) se han acercado mucho. Es cierto que, según una medición de isonomía, el 40% de los encuestados responde que no sabe, que no le importa o que no le gusta ningún candidato. Los datos que se conocen refieren, así las cosas, solo al 60% que responde las preguntas de los encuestadores. La interpretación de los analistas de opinión pública es que la caída de Juntos por el Cambio se debe a las perpetuas peleas internas dentro de la coalición opositora. La inmensa mayoría de las veces, los dirigentes opositores hablan o actúan públicamente de acuerdo con sus propios ombligos. ¿Han perdido la brújula? ¿Creen que una elección está ganada de antemano? ¿Saben, acaso, que la herencia será mucho peor de lo que será si los once meses que faltan se hunden en el barranco del desvarío gobernante?
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