Los anuncios presidenciales ante el Congreso, destinados a "transformar" a una Justicia "podrida, perversa y en los márgenes del sistema republicano", exhiben temerarios avances no solo sobre un poder independiente del Estado sino sobre la Constitución misma.
Las embestidas de Alberto Fernández contra jueces y fiscales, y la urgencia de controlarlos, suman intensidad siguiendo la bitácora de su mentora, Cristina Fernández de Kirchner, preocupada por las causas judiciales que la tienen como protagonista.
La vicepresidente afronta procesamientos en 10 expedientes, varios vinculados a hechos de corrupción con recursos públicos. Cinco llegaron a juicio oral y uno ya está en marcha: el de las irregularidades en la concesión de obras viales al empresario Lázaro Báez. El jueves la imputada hizo un alegato político en la causa de dólar futuro situándose por encima de los jueces, ante los cuales les hizo una exhibición de poder en tono crispado y los acusó de ser cómplices de Macri.
Es comprensible la inquietud de Cristina por la reciente y ejemplar condena por lavado a Báez, sus hijos y asistentes, frente a la certeza de un delito precedente: el direccionamiento de licitaciones viales. La pena a los descendientes de Báez acrecienta sus temores, teniendo en cuenta que sus propios hijos -Máximo y Florencia- están procesados en la causa de los hoteles alquilados a empresas de Lázaro y Cristóbal López.
Esa contundente condena, junto a la decepción e impotencia del oficialismo por no poder refrenar a la Justicia, incrementaron la agresividad del tono usado para embestir a la Corte y a jueces y fiscales federales. La confirmación de las sentencias a Amado Boudou y a Milagros Sala, la convalidación de los procesamientos y confesiones de los arrepentidos en la causa de los cuadernos o la imposibilidad de apartar a los jueces Bruglia y Bertuzzi han sido baldazos de agua helada para el oficialismo y suponen malos presagios para la propia suerte de Cristina.
En el objetivo de poder domar a la Justicia, el gobierno viene anunciando una reforma algo improvisada, que se presume inconducente.
Pretende que una comisión bicameral vigile y revise procederes de exclusiva competencia del Poder Judicial. La iniciativa parece ya naufragar por una razón sencilla: es inconstitucional (dicho por la propia ministra de Justicia Losardo, ahora a punto de irse) pues la idoneidad y conducta de los jueces es una atribución del Consejo de la Magistratura y del Jurado de enjuiciamiento.
Busca también la creación de un Tribunal Federal de Garantías -por debajo de la Corte- para que revise decisiones de tribunales y termine con la "arbitrariedad de sentencias". Una especie de VAR judicial, usando la analogía futbolística. Pero un VAR no sustituye a los jueces.
En la misma línea del "combate a las arbitrariedades", trata de acotar la facultad de la Corte de definir qué casos trata sin necesidad de fundamentarlo. Plantea así un proyecto para reglamentar el recurso extraordinario (revisión del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que aplicó la CSJ cuando confirmó la prisión de Boudou). De todos modos, la propia Corte podría declarar inconstitucional esa iniciativa.
Hay variantes extremas como el indulto, que Eugenio Zaffaroni alienta, consciente de los límites de estos proyectos.
Es una lástima que el interés indisimulado de impunidad en las causas que comprometen a la vicepresidenta devalúe la necesidad de una reforma de calidad, una que tenga estrecho vínculo con los ciudadanos, que le haga más accesible, cercano y rápido el servicio de Justicia; que descontamine del factor político a los jueces y a quienes los eligen y controlan.
No puede permitirse que, en la búsqueda obsesiva de blindajes y absoluciones, se apele a proyectos extravagantes que se inmiscuyen en un poder independiente, que implican manipulación y amedrentamiento y que, en definitiva, terminan constituyendo un agravio a la Constitución y a la propia República.
[email protected]