Por Mario Alejandro Scholz, Juan Manuel Magliano

No sorprende en Gran Bretaña el regreso del Laborismo

Mientras el panorama internacional parecía señalar el avance de las derechas neoconservadoras, en particular luego de las recientes elecciones parlamentarias de la Unión Europea al tiempo que el Presidente argentino Javier Milei declama por doquier el fracaso de la social democracia, a la que suma cualquier movimiento progresista englobando a todos bajo el rútulo peyorativo de “comunismo”, en Gran Bretaña el histórico Partido Laborista se prepara para volver al gobierno en las elecciones nacionales del 4 de julio, bajo el liderazgo de Keir Starmer, quien será designado Primer Ministro para los próximos cinco años.

El Partido Laborista es miembro fundador de la “Internacional Socialista” (IS) creada en Francfort entre junio y julio de 1951 bajo el impulso inicial de Willy Brandt, por entonces líder del Partido Social Demócrata alemán y del Partido Laborista Británico presidido por Clement Attlee. Así el primer presidente designado por la IS fue el inglés Morgan Walter Phillips. Esta organización, heredera de la Segunda Internacional de 1889, en la que el socialismo se separó definitivamente de los partidos comunistas, así como de la Internacional Obrera y Socialista de 1923, que se disolvió durante la Segunda Guerra Mundial.

En Francfort estuvieron presentes los representantes de partidos progresistas de Europa, América y Asia, e incluso organizaciones en el exilito como el PSOE español y de países del Este de Europa, caso -entre otros- de los socialdemócratas de Hungría y Polonia. En 1999 en el Congreso de la IS realizado en Paris la Unión Cívica Radical, cuya delegación encabezó el Dr. Raúl Alfonsín, fue aceptada como miembro pleno, elevando su anterior condición de miembro “observador”.

En la Declaración de Francfort la Internacional Socialista (IS) que reúne a partidos socialdemócratas de todo el mundo, propuso trabajar por “una sociedad libre y democrática”, que en resumen y siguiendo palabras de Brandt consiste en “tanto mercado como sea posible y tanto estado como sea necesario”.

Conforme estos principios Starmer se prepara para gobernar el Reino Unido luego del sonoro fracaso conservador tras casi 15 años de gobierno, desde la asunción de David Cameron en 2010, seguido en distintos periodos por sus correligionarios Theresa May (2016/2019), el cuasi “libertario” Boris Johnson (2019/2022); Liss Truss (solo dos meses en septiembre y octubre de 2022) y por último Rishi Sunar (2022-2023).

En la actualidad el pueblo británico expresa su descontento con las políticas conservadoras que han sumido al país en un gran desamparo social que arrastra la crisis del sistema de salud, la debilidad de la educación pública y años de estancamiento económico, con una lenta y muy reciente salida de la recesión, exhibiendo el fracaso de las promesas de mayor prosperidad tras el Brexit (salida del Reino Unido de la Unión Europea).

Las políticas conservadoras consistieron en ajuste fiscal con reducción de impuestos a la riqueza y “dejar hacer”, olvidando la necesidad de políticas de incentivo y de planes para el desarrollo de nuevas fuentes de energía. En ese aspecto Gran Bretaña resultó una de las mayores perjudicadas por los efectos de la invasión de Rusia a Ucrania, que trastocó todo el mercado de combustibles, encareciéndolos enormemente y a la vez obligando a acudir a fuentes alternativas de abastecimiento. Por supuesto el costo energético fue un factor de impulso a la inflación, que trepó a poco más del 10% anual en 2022, porcentaje muy alto para Europa, aunque parezca bajo para los estándares argentinos en tiempos recientes.

Si bien en 2023 la tasa de inflación cayó al 4% anual y podría reducirse aún más en 2024, el impacto negativo sobre el nivel de vida de los sectores populares no fue compensado, dando lugar a frecuentes conflictos gremiales, con huelgas y otros síntomas de descontento.

Esa situación quedó expresada en las recientes elecciones municipales donde los conservadores se vieron ampliamente derrotados hasta en los circuitos tradicionalmente adeptos. Y de allí que, aún sabiéndose derrotado a priori, Sunak disolviera el Parlamento y llamara a elecciones anticipadas a pesar de que podía esperar a octubre para hacer la convocatoria normal, previendo con ello evitar una derrota aún peor para entonces.

Un programa laborista que recuerda a la “tercera vía”

Keir Starmer, cuyo nombre de pila se debe al recuerda de Keir Hardie, histórico fundador del partido Laborista británico moderno a fines del siglo XIX, como escisión del Partido Liberal de William Gladstone, llegó al liderazgo partidario luego del desplazamiento del ultraizquierdista Jeremy Corbin derrotado en las elecciones nacionales de 2019 por cuanto sus ideas muy radicales asustaron no sin razón al electorado.

En cambio Starmer, combinando una visión progresista pero moderada a la vez, convenció a sus conciudadanos de que una salida del estancamiento y de la falta de perspectivas de progreso es posible, y su plan al tiempo que afirma la vigencia de la estabilidad general y de la solvencia fiscal, propone una etapa de crecimiento a largo plazo, basada en ejes simples pero practicables y factibles, que él llama sus “5 misiones”: mayor crecimiento económico, basado en acuerdos generales a largo plazo con equilibrio fiscal fundado en nuevas prioridades del gasto sin mayor aumento de impuestos, excepto sobre la riqueza; independencia energética desarrollando fuentes alternativas para cumplir el objetivo de eliminar el uso de combustibles fósiles en esa producción (meta de 0% de huella de carbono en 2030); mejora del sistema de salud; elevación de los estándares de la educación y reforma del sistema judicial, que hoy resulta lejano para el hombre común.

Para satisfacer esos ejes Starmer prevé un incremento del impuesto a la riqueza, pero no así de ningún otro tributo, ya fuera ganancias, IVA o aportes a la seguridad social y el apoyo a la inversión en infraestructura que fortalezca la competitividad de la producción de su país y restablezca la calidad de los servicios públicos, con un capítulo especial en materia energética.

En efecto, el apoyo al desarrollo de nuevas tecnologías que exploten las fuentes de energías renovables, como la eólica, se encuentra dentro de las prioridades del programa laborista. El ejemplo para seguir es seguramente el de Dinamarca, gobernada hoy por la socialdemócrata Mette Frederiksen. El país escandinavo, uno de los ejemplos emblemáticos del estado de bienestar, ya logró alcanzar un 70% de su oferta energética con origen eólico, mientras que espera llegar muy pronto a un 0% de uso de combustibles fósiles para esa provisión. El crecimiento del parque eólico es allí realmente espectacular; al respecto basta recordar que hace 10 años el porcentaje de su aporte a la oferta era del 40%.

El plan de Starmer resumido en su “Labor Party Manifesto” (Manifiesto del Partido Laborista) prevé trabajar en coordinación con el sector empresario privado, los sindicatos y los representantes de la sociedad civil, a la manera de las ideas de John Galbraith, quién veía al “nuevo estado industrial” como un intermediario entre los actores económicos, empresas y sindicatos, receptivo a las propuestas e intereses de las partes, administrando las cargas, arbitrando las diferencias de corto plazo para alcanzar objetivos compartidos de largo plazo.

Es claro que este modelo de coordinación desde el estado debe hoy amoldarse a la era posindustrial, en la que los protagonistas no son tanto los de la industria pesada del pasado sino con mayor relevancia las empresas tecnológicas, aplicaciones digitales, desarrollo de la Inteligencia Artificial (IA), en fin, todo aquello de lo que se suele denominar “la nueva economía”. Y por lo pronto Starmer ya ha logrado el apoyo del sector empresario de la nueva economía, que también expresa su hartazgo del modelo conservador y eso aún a sabiendas de los planes fiscales del laborismo para las clases de mayor tenencia de riqueza.

En particular el programa laborista prevé una contribución especial de las compañías petroleras que han obtenido ganancias extraordinarias en el último tiempo producto del alza en los precios de los combustibles.

El laborismo propone asegurar un marco estable para el sector empresario con un tope del impuesto a las sociedades del 25% amén de una estrategia de desarrollo concertada. Considera en su “Manifesto” que la certeza sobre las reglas fiscales a largo plazo es tanto o más importante que la reducción de la tasa de imposición.

Starmer promete garantizar el equilibrio macroeconómico con solvencia fiscal, reasignando el gasto, pero sin aumentar significativamente la masa total del mismo, si bien prevé recaudar más por dos vías, a saber, el aumento del producto y del impuesto a la riqueza, en este último aspecto en línea con las nuevas ideas del progresismo, expresadas principalmente en los trabajos de Thomas Piketty.

En efecto, la realidad resalta como evidencia que el gravamen sobre las ganancias empresarias no ha mejorado la redistribución del ingreso puesto que éste se encuentra cada vez más concentrado en una franja reducida de la población (el 5% más rico) en todas las grandes economías y por ende también a escala global. De allí que el impuesto a la riqueza se convierte en el sustituto ideal del objetivo redistributivo ínsito en el gravamen sobre las ganancias, a pesar de las objeciones técnicas sobre la calidad del mismo, tanto por el riesgo de doble imposición como por gravar en mayor proporción a quiénes más evidencian su patrimonio.

Del otro lado, debe tenerse en cuenta y el laborismo así lo hace, que existe competencia por nuevas inversiones a escala global y la imposición sobre ganancias tenderá a alinearse a nivel mundial. Incluso el progresismo aboga por acordar un piso para ese gravamen para evitar la competencia por la captación de capitales prometiendo más beneficios fiscales.

El equilibrio fiscal encuentra una promesa global, siempre incierta pero cuya ejecución es la que define su cumplimento y por ello se trata de “eliminar el despilfarro”. En el “Manifesto” se destacan gastos excesivos en los presupuestos de consultorías y de administración de la seguridad social. Y se hará foco especial en la descentralización administrativa para que los países del Reino Unido y sus municipios tengan un rol más activo en temas de servicios públicos y empleo, caso este último en el que nos permitimos advertir que existe una experiencia muy importante en la gestión del PSOE en España.

Del otro lado, la reasignación de gastos incluye un ambicioso plan de viviendas, porque éstas se han encarecido notablemente en Gran Bretaña en las últimas décadas, quedando su adquisición o alquiler cada vez más lejos de los bolsillos de las clases populares. Por ello se prevé construir 1,5 millones de viviendas en 5 años, lo que no implica planes de regalo de casas sino de financiación acorde a los ingresos disponibles.

También se prevé apoyar la renovación de toda la infraestructura de transporte (vías férreas, autopistas, puertos) para reducir los costos de logística, así como impulsar el uso de autos eléctricos; de las comunicaciones con el logro de plena cobertura territorial con 5 G y -como ya señalamos- de energía.

Starmer confía en mantener la disciplina fiscal, asegurar la estabilidad de precios y con ello reafirmar la baja en los tipos de interés, lo cual constituye otro instrumento importante para fortalecer las inversiones y generar empleos. Se prevé crear un Fondo Nacional de Riqueza para apoyar las inversiones de las nuevas industrias, en el desarrollo de la IA y en la generación de energías limpias, lo que comprende nuevas fuentes como la eólica y la producción de hidrógeno verde. La renovación de las antiguas plantas automotrices y de siderurgia con la instalación de nuevas mega industrias en esos rubros son parte de los objetivos incluidos en el programa.

En un mundo de economías abiertas, la competitividad es un dato básico y en ello el aporte estatal en materia educativa es en el plan laborista la base para la mejora en los estándares de calidad, clave a su vez para el progreso tecnológico y por ello esa materia constituye otro de los pilares de la propuesta del “Manifesto”. La cuantificación del objetivo implica la contratación de 6.500 nuevos profesores que será financiado mediante una excepción a la política impositiva global, consistente en la eliminación de la desgravación a la educación privada.

Asimismo, se prevé fortalecer los entes de investigación y desarrollo públicos con planes y presupuestos plurianuales y privados, con financiación a largo plazo, así como construir centros de datos y demás obras de infraestructura de apoyo a la ID.

En ese aspecto, es claro que el respeto del mercado confiere al aumento de la productividad el peso de la mejora de los ingresos, no descartando Starmer una reforma laboral, pero de segunda generación, dirigida a capacitar a los desempleados, proteger la estabilidad del trabajo, sostener una política de salario mínimo consistente con el costo de vida y dar servicios de seguridad social con la mejora del sistema público de salud y la provisión del servicio de cuidado de niños, mientras que la inversión en infraestructura energética deberá bajar el costo de la factura de electricidad, que como vimos ha aumentado sensiblemente en Europa (no menos en Argentina, pero aquí con un notable retraso en términos reales).

A todo ello se sumará la participación activa de los sindicatos en la mesa de coordinación con las empresas y el estado respecto de los planes de desarrollo.

En la visión de Starmer el sector laboral debería recibir el beneficio mayor. En ese aspecto cabe recordar que desde los orígenes del laborismo británico a fines del siglo XIX los hermanos Sidney y Beatrice Webb abogaron por la teoría de los “salarios altos”, que sostiene que los aumentos salariales acordados estimulan indirectamente la incorporación de tecnología y equipamiento para el aumento de la productividad. Dicho de otro modo, el salario no es solo una variable determinada de manera pasiva que deriva de la productividad del trabajo, puesto que puede también ser un activo promotor del incremento de ésta.

La búsqueda de la tercera vía para el progreso económico y social recuerda sin duda la figura de Tony Blair que trató no sin éxito, aunque fuera parcial, de compatibilizar la economía de mercado con el estado de bienestar, logrando mejoras en salud y educación y ayudándose con algunas contribuciones impositivas como la que recayó sobre los “windfall profits” de las privatizaciones. El objetivo final es el crecimiento a largo plazo y para ello se tratará de trabajar con las empresas y los sindicatos.

El “estado de bienestar” sigue vigente para la social democracia

Tras el fracaso conservador en Gran Bretaña un modelo social demócrata para el crecimiento con bienestar vuelve a ponerse en práctica. Por supuesto que, en los países ricos, como es el caso de los escandinavos, el “estado de bienestar” vive en plenitud, mientras que en las economías menos abundantes en recursos disponibles ese “paraíso” parece más lejano.

Ahora bien, como han señalado acertadamente varios líderes socialistas españoles -entre ellos Felipe González- la cuestión no es discutir la necesidad y existencia del estado de bienestar sino sus alcances posibles. No será lo mismo la disponibilidad de bienes públicos básicos que pueda asegurarse en los países pobres o intermedios que en aquéllos donde se alcanzó un mayor estadio de desarrollo, pero adecuado al nivel de disponibilidad relativa de los recursos de cada nación, el objetivo del estado de bienestar debe permanecer como aspiración política natural.

Por su parte, es claro que la “tercera vía” asumió los principios de estabilidad general, equilibrio fiscal, disciplina monetaria y horizonte de reglas previsibles a largo plazo, centrando sus reformas en las cuestiones impositiva y de asignación del gasto público, tanto en materia de seguridad social como de desarrollo de la infraestructura, así como en políticas activas de promoción, sea de energías limpias, protección del medio ambiente y modernización del aparato productivo, apoyando la ID y la introducción de nuevas tecnologías, sin olvidar la protección al trabajo y el rol económico y social crítico de la educación y la salud públicas.

Será ahora muy importante ahora atender el desempeño de la gestión de Starmer puesto que lo que se hace en Londres repercute casi de inmediato en toda Europa y la socialdemocracia hoy débil en apariencia, puede volver a exhibir su vigencia.

Autores: Mario Alejandro Scholz, Abogado especialista en Relaciones Internacionales. Profesor del Posgrado de Derecho Parlamentario Internacional de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UBA; y Juan Manuel Magliano, economista funcionario durante el gobierno de Raúl Alfonsín (1983-89) y ex Secretario

Ejecutivo de la Auditoría General de la Nación bajo la presidencia de Leandro Despouy (2007-2015).