Por Enrique Guillermo Avogadro- Las convulsiones que hoy sacuden a Europa deberían encender todas las alarmas en América Latina. Las protestas – sin duda promovidas a través de las redes por Rusia, enemiga de la Comunidad – se multiplican en Francia, Italia, Bélgica, Albania, Grecia y España, impulsadas por el encarecimiento de la vida, la crisis habitacional, el deterioro de los servicios públicos y la pérdida de expectativas de los jóvenes, o sea, todo aquello que se llamó el estado de bienestar, constituyen mucho más que episodios aislados de malestar social. Cuando las manifestaciones derivan en saqueos, incendios y enfrentamientos con las fuerzas del orden, la cuestión deja de ser exclusivamente económica y se convierte en un problema político e institucional.
Nuestra región no está vacunada contra semejante contagio. Por el contrario, democracias que no parecen responder a las necesidades sociales, la pobreza persistente, la desigualdad, la informalidad laboral, la corrupción impune y el descrédito de buena parte de la dirigencia conforman un terreno particularmente fértil para que la protesta legítima termine siendo aprovechada por aventureros de toda laya. La historia latinoamericana ofrece sobrados ejemplos de cómo una reivindicación justa puede transformarse en instrumento de quienes pretenden derribar gobiernos, imponer modelos autoritarios o simplemente aprovechar el caos para conquistar el poder.
Los Estados deben prepararse antes de que el descontento se convierta en una amenaza para la convivencia. Ello exige, en primer término, gobernar con responsabilidad, administrar correctamente los recursos públicos, combatir la generalizada corrupción y abandonar la ilusión de que los problemas sociales pueden resolverse mediante propaganda. Pero también requiere comprender que la tolerancia democrática no equivale a la renuncia a ejercer la autoridad. El derecho a manifestarse no incluye incendiar edificios, destruir comercios, bloquear indefinidamente servicios esenciales ni agredir a quienes deben proteger a la ciudadanía.
Ante la violencia, la respuesta estatal debe ser rápida, firme y proporcionada. Las fuerzas de seguridad necesitan preparación, equipamiento adecuado, inteligencia preventiva y conducción profesional, además de reglas claras para utilizar legítimamente la fuerza. Los instigadores y los autores de delitos deben ser identificados, detenidos cuando corresponda y sometidos a la Justicia, con todas las garantías del debido proceso. La impunidad estimula a los violentos; la represión indiscriminada, por su parte, multiplica los agravios, radicaliza a los moderados y termina proporcionando nuevos argumentos a quienes buscan la confrontación.
¿Y las Fuerzas Armadas? La pregunta no puede despacharse con prejuicios ideológicos ni responderse mediante una invocación simplista al orden. Su misión primaria es la defensa nacional, no la sustitución de las policías ni la intervención habitual en conflictos sociales. Sin embargo, tampoco parece sensato excluir de antemano toda intervención militar ante situaciones extraordinarias – las guerras híbridas – que comprometan gravemente la seguridad nacional o la continuidad de las instituciones. En la Argentina, Chile, Perú y Colombia, esa cuestión reviste especial importancia pues, cuando gobiernos democráticos ordenaron a las fuerzas armadas reprimir a una subversión que había desatado (según sus propias confesiones) sendas guerras civiles, fueron los militares quienes terminaron presos, y siguen en la cárcel. La conducción civil, los límites operativos, la capacitación específica y el control legislativo y judicial resultan indispensables, pero aplicando sólo el código de justicia militar. Confundir funciones termina perjudicando tanto a la población cuanto a las propias instituciones militares.
Pero sería un grave error creer que la solución consiste sólo en disponer de más efectivos, mayores facultades coercitivas o leyes más severas. Ningún despliegue de uniformados puede compensar indefinidamente la ausencia de oportunidades, la frustración de quienes trabajan sin lograr progresar o la sensación de que las élites viven al margen de las dificultades cotidianas. El orden duradero necesita autoridad, pero también legitimidad.
América Latina debería observar lo que ocurre al otro lado del Atlántico sin complacencia ni alarmismo. Prevenir antes que reprimir, hacer cumplir la ley sin excepciones y recuperar la confianza pública son tareas inseparables. Porque cuando el Estado abdica de su autoridad, el caos ocupa su lugar; pero cuando pretende gobernar únicamente mediante la fuerza, prepara las condiciones para su propia derrota. Y entonces, como tantas veces en nuestra historia, descubriremos demasiado tarde que apagar el incendio resulta mucho más difícil que haber evitado que comenzara.
Mañana, el segundo turno electoral definirá quién ocupará la Presidencia y algunas pocas gobernaciones estaduales en Brasil; el resultado tiene final abierto pero, en la medida en que el nuevo Congreso ya ha sido elegido, así como la mayoría de los gobernadores, si fuera Lula el vencedor, aupado por el “plan platita” que ha ofrecido este mes, no tendrá un mandato fácil. Y el martes en Israel, donde rige un sistema parlamentario, las elecciones legislativas dirán al mundo en general, y a Medio Oriente en particular, si Benjamin Netanyahu continúa como Primer Ministro y, consecuentemente, cómo evolucionarán los múltiples conflictos bélicos que vive la zona; de perder su cargo ante la imposibilidad de formar gobierno, su futuro judicial sólo le traerá duras penalidades.
