Por Enrique Guillermo Avogadro. La democracia liberal, esa construcción que durante décadas asumimos como el estado natural de la política y que Occidente pretendió sin éxito imponer al mundo entero, atraviesa un periodo de redefinición traumática. No se trata de un fenómeno aislado, sino de un síntoma global con manifestaciones locales divergentes, pero profundamente conectadas por un mismo hilo conductor: la ruptura del contrato social que alguna vez sostuvo la estabilidad.
En Europa – ya sólo “un gran parque temático”, al decir de Arturo Pérez Reverte – la crisis de la democracia está íntimamente ligada al debilitamiento del Estado de bienestar, acentuado ahora por la imposición de Washington a la Comunidad de incrementar fuertemente los presupuestos de defensa en cada uno de los países que la integran y, consecuentemente, restar dinero a otros destinos. Durante la posguerra, el pacto social europeo se basó en una premisa simple: crecimiento económico compartido y redes de seguridad social robustas a cambio de paz y legitimidad democrática.
Sin embargo, la persistencia de las crisis económicas, la deslocalización industrial, la necesidad de redirigir masivos recursos públicos para atender a la eventual expansión continental de la invasión de Rusia a Ucrania, la ceguera de los dirigentes para prevenir la inevitable crisis energética, los problemas generados por la indiscriminada y descontrolada inmigración – en especial, por aquellos individuos que se niegan a integrarse y pretenden imponer sus propias costumbres y leyes (como la sharía), sobre las del país que los ha recibido – y la incapacidad de los partidos tradicionales para gestionar la incertidumbre, han provocado un desencanto profundo.
Cuando el Estado deja de ser el garante de la seguridad social básica (salud, educación, vivienda, jubilaciones y pensiones), el vacío no queda desierto; es ocupado por narrativas populistas que prometen soluciones simples a problemas sistémicos complejos. Para comprobarlo, basta con ver lo sucedido en Alemania recientemente: mientras en Sajonia-Anhalt triunfó un partido (AfD) de extrema derecha, casi nazi, en Berlín lo hizo uno (Die Linke) de signo inverso, prácticamente comunista. La erosión del bienestar, que sin duda se acentuará en un futuro inmediato por el excesivo endeudamiento de los países, ha transformado la desconfianza ciudadana en una forma de «desafección democrática», donde las instituciones son vistas, cada vez más, como mecanismos de protección de las élites, no de la ciudadanía. La consecuencia es un parlamentarismo debilitado y una fragmentación política que impide el consenso necesario para gobernar.
Si en Europa el síntoma es la desafección y el rechazo de la juventud a verse obligada a participar en cualquier guerra, en América – con Estados Unidos como caso emblemático, pero presente en todas las naciones del continente – el síntoma es la polarización extrema. A diferencia del viejo continente, donde el Estado de bienestar fue una conquista histórica, en nuestra región, sobre todo al sur del río Bravo (o Grande), el Estado a menudo ha sido percibido como ineficiente, capturado por intereses clientelares o lisa y llanamente corruptos, criminales y narcoterroristas.
Mucho de ese deterioro conceptual y reputacional del Estado deviene de la incapacidad de su Justicia, cooptada por intereses políticos o meramente espurios, de asumir el rol que nuestras democracias constitucionales le atribuyen. La impunidad y la protección que concede a los poderosos, un nefasto problema recurrente y presente en muchísimos países, no sólo para enriquecerse robando masivamente a sus pueblos sino para atentar contra las propias reglas del sistema democrático, es un factor determinante de ese descreimiento generalizado.
La polarización, esa «grieta» que define nuestra vida cotidiana en casi todo Occidente, no es un fenómeno puramente ideológico; es el resultado de un fracaso en la representación; para comprobarlo miremos qué está sucediendo en España, Francia, Brasil, Colombia, Reino Unido, Estados Unidos, Bolivia o la misma Argentina. Cuando las instituciones no logran encauzar las demandas sociales, la política se reduce a un juego de suma cero: el “otro” no es un adversario legítimo con el que se debe negociar, sino un enemigo que debe ser eliminado del juego democrático.
En este contexto, la política se transforma en una guerra cultural donde los datos y la realidad – la verdad – quedan subordinados a la identidad grupal. Mientras el descontento busca refugio en el populismo para recuperar seguridad económica y social, la polarización extrema sirve para canalizar una frustración identitaria que ve en el «otro» la causa de todos los males.
Lo que observamos es una convergencia inquietante. Tanto la crisis del Estado de bienestar cuanto la polarización extrema comparten una raíz común: la incapacidad de los sistemas democráticos actuales para ofrecer una narrativa de futuro que sea inclusiva y creíble.
La democracia no puede sobrevivir únicamente como un procedimiento electoral. Requiere, esencialmente, de una base material y simbólica que permita la convivencia. La pregunta que debemos hacernos – por ejemplo, tanto en Brasil (25 Oct), cuanto en Israel (27 Oct), Estados Unidos (3 Nov) o en España (29 Nov) – no es solo quién ganará la próxima elección, sino cómo reconstruir un suelo común donde el debate sea posible y donde la política deje de ser el campo de batalla de una sociedad fracturada.
Aún es posible corregir este rumbo, pero el desafío es, simplemente, enorme: recuperar la legitimidad democrática exige, primero, reconocer que el «consenso», la “negociación” y la “transacción” no son palabras sucias, sino las únicas herramientas legítimas y capaces de gestionar las inevitables tensiones de una sociedad moderna. De lo contrario, seguiremos navegando hacia una deriva autoritaria, disfrazada de democracia, pero completamente despojada de su alma.
