En los papeles, el gasoducto Néstor Kirchner, que conecta Vaca Muerta con Buenos Aires, se inauguró el 9 de julio del año pasado, y se anunció que estaría operativo completamente para este invierno, la época del año en la que más se consume gas. Pero, en la práctica, el ducto operará al 40% de su capacidad de transporte, por lo cual el Estado se perderá de ahorrar US$450 millones este invierno. Es lo que pagará de más por tener que importar combustibles líquidos (gasoil y fueloil), en vez de utilizar la producción nacional, que es más barata.

Entre las restricciones para importar que caracterizaron al gobierno anterior y el corte abrupto que decidió la actual gestión sobre las erogaciones de obra pública, el Estado terminará pagando más caro un insumo que sobra en la Argentina.

La capacidad actual del gasoducto Néstor Kirchner equivale a 11 millones de metros cúbicos de gas por día (m3/d). Para esta altura del año, debería estar transportando el doble de capacidad, 22 millones de m3/d, si se hubiesen instalado las tres plantas comprensoras en las localidades de Tratayén, Salliqueló y Mercedes, como estaba previsto. Las plantas permiten comprimir el gas, como dice su nombre, para que haya más capacidad de transporte.

Las constructoras encargadas de instalar las plantas son Sacde, en Tratayén (Neuquén), y la Unión Transitoria de Empresas (UTE) Esuco-Contreras Hermanos, en Salliqueló y Mercedes (Buenos Aires). Sin embargo, las obras no avanzaron como estaba previsto por dos razones.

Durante el gobierno anterior, la falta de reservas en el Banco Central (BCRA) restringió la importación de insumos, sin discriminar sectores productivos. Había una decisión política de cuidar los escasos dólares para prevenir cualquier corrida cambiaria.

En la actual administración, si bien se normalizaron las importaciones, hubo otra decisión política de frenar a cero la obra pública. El ministro de Economía, Luis Caputo, llamado “chanchito de yeso” por el presidente Javier Milei, limitó al máximo las erogaciones.

Las obras se frenaron a cero en noviembre pasado, pese a que las empresas constructoras firmaron con la nueva conducción de Energía Argentina (Enarsa) –la estatal que lleva adelante las obras del gasoducto– la adenda para actualizar el valor de los costos de julio de 2023 a los precios actuales.

Sacde reclama un pago de US$25 millones, mientras que la UTE Esuco-Contreras Hermanos dice que se le deben US$10 millones. El presupuesto está aprobado por el Gobierno, pero falta el dinero.

Estas demoras impactarán en las cuentas fiscales de invierno. El Estado se perderá de utilizar el gas de Vaca Muerta, que cuesta alrededor de US$5 el millón de BTU (medida inglesa que se utiliza en el sector), y deberá reemplazarlo por gasoil, que tiene un costo aproximado de US$18 para una medida comparable.

Si se toma en consideración que durante los 90 días de menor temperatura del año se pagará US$13 extra el millón de BTU (la diferencia entre el valor del gasoil importado y el gas de Vaca Muerta), el Gobierno deberá afrontar un costo adicional de US$450 millones.

La falta de planificación en el sector energético generó además que el Gobierno tampoco optara por un plan B. Si las plantas comprensoras no iban a estar funcionando este invierno, se podría haber contratado el segundo buque regasificador que suele estar emplazado en Bahía Blanca. El barco tiene capacidad para regasificar 15 millones de m3/d de gas natural licuado (GNL), que es más económico que los combustibles alternativos (fueloil y gasoil).

Como las temperaturas de mayo están siendo más frías de lo habitual, el lunes pasado, Cammesa, la compañía con control estatal encargada de los despachos de energía eléctrica, licitó la adquisición de siete cargamentos de 50.000 m3 de gasoil y cinco de fueloil por 200.000 toneladas en total, según Econojournal. En paralelo, el Enargas avisó a las distribuidoras y transportistas de gas que deberán cortar el suministro a los usuarios con contratos interrumpibles, como la industria y las estaciones de servicio GNC.

La Argentina tiene durante todo el año el barco regasificador de Escobar, operado por la empresa estadounidense Excelerate, que tiene capacidad para convertir 22 millones de m3/d de GNL a estado gaseoso.

Para este año, Enarsa ya contrató 20 buques de GNL a un valor aproximado de US$10 el millón de BTU, y en los próximos días comprará 10 buques más. Cada barco cuesta alrededor de US$30 millones.

En paralelo, también están con demoras las obras para revertir el sentido del Gasoducto del Norte, que conecta el transporte de gas con Bolivia. La adjudicación estaba prevista para noviembre del año pasado, pero tras la victoria electoral de Milei, la anterior gestión frenó el proceso para que quede en manos de sus sucesores. Al asumir el actual presidente de Enarsa, Juan Carlos Doncel Jones, decidió volver a licitar el tramo, ya que todas las ofertas que se habían presentado en la primera licitación se habían excedido del presupuesto económico.

La adjudicación de la totalidad de la obra se terminó recién a mediados de marzo pasado, por lo cual la reversión del gasoducto del Norte estaría listo para el invierno próximo. Este año, el norte argentino volverá a depender de las importaciones de Bolivia, que tiene su producción en declinación. Este año se importarán 4,5 millones de m3/d a un valor promedio de US$11,4 el millón de BTU. Fuente: La Nación