La relación entre el Gobierno y las organizaciones sociales se fricciona minuto a minuto. Hay un frente concreto abierto desde la asunción, cuando el presidente Javier Milei enunció su frase "el que corta no cobra", con una distancia que se ahondó con la idea de terminar con la intermediación y con el protocolo antipiquetes. Hoy se profundizó cuando desde el Gobierno aseguraron que piensan facturarles 60 millones de pesos a las agrupaciones que dicen haber identificado como "involucradas" en la marcha del 20 de diciembre, que se hizo para rememorar la crisis de 2001 y las protestas donde murieron 39 personas y renunció anticipadamente el entonces mandatario Fernando de la Rúa.

Mientras que desde la Casa Rosada todavía no detallaron a LA NACIÓN cómo piensan cobrarles esos costos millonarios del operativo de seguridad ideado por la ministra Patricia Bullrich que tuvo su estreno ese día, las agrupaciones que incluyeron en el listado están en alerta y hasta activaron a sus abogados para iniciar posibles acciones judiciales. Algunas son de izquierda y otras están alineadas con el peronismo, pero la mayoría de sus popes coinciden en que la gestión de Milei quiere buscar enemigos en sus filas y también en las sindicales. Incluso, tanto en el Movimiento Evita, como en la Corriente Clasista y Combativa, en Barrios de Pie, en Libres del Sur y en el MTE de Juan Grabois, todas incluidas en la lista, aseguran no haber llamado a movilizar el 20 ni haber estado en la "Plaza de Mayo". Hasta dicen que la mayoría de las apuntadas no movió su militancia.

Entre las 14 agrupaciones que mencionó el vocero presidencial Manuel Adorni en su conferencia matutina de este viernes como parte de la movilización, que luego ratificaron en un comunicado que envió Bullrich con el sello de su cartera, consideran además que todas estas estrategias buscan tapar que el plan económico acelerado por el titular del Palacio de Hacienda, Luis "Toto" Caputo, sólo cierra con "represión de la protesta social".

"Quieren hacer explotar la Argentina", sintetizó ante LA NACIÓN el líder de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) Juan Carlos Alderete, que fue diputado nacional de Unión por la Patria hasta este año y se quedó afuera por un lugar en la conformación actual del Congreso. "Nosotros no marchamos el 20D, hoy se están haciendo ollas populares en todo el país. Adorni se equivocó al decir que la CCC estuvo en la marcha. No estuvimos ni la convocamos", aseguró el dirigente, convencido de que la "casta empresarial, menemista y macrista" confluye en la Casa Rosada.

La CCC es una de las organizaciones más antiguas y tiene pensado no sólo acompañar a la CGT en la movilización al Palacio de Tribunales el próximo 27, sino hacer el 28 una actividad en La Matanza, donde está su sede, para "plantarse" ante un Gobierno que dice querer terminar con la intermediación de los planes, con Bullrich y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, como las principales laderas de Milei en esa tarea. "La resistencia va a comenzar acá en el conurbano", advirtió Alderete. La acción del 28 será en el mismo lugar donde más de veinte años atrás, en mayo de 2001, meses antes del estallido de diciembre, iniciaron una pueblada para pedir atención a los sectores desprotegidos.

Esta organización forma parte del triunvirato de Los Cayetanos, donde confluye junto al Movimiento Evita y Somos Barrios de Pie, todas fuertes y más cercanas al peronismo. Emilio Pérsico y Fernando "Chino" Navarro, líderes de la primera, y Daniel Menéndez, de la segunda, fueron funcionarios de alto rango durante la gestión de Alberto Fernández. En ambas agrupaciones también niegan haber desplegado sus columnas el 20 en territorio porteño.

"El derecho a la protesta es constitucional. Una normativa ministerial no puede estar por sobre la jerarquía constitucional; están forzando las normativas para vivir en un Estado de excepción. La única forma que tienen para pasar un ajuste brutal como el que pretenden es con un Estado cada vez más represivo y eso termina mal", indicó a LA NACIÓN Menéndez.

En la misma línea se mostró Gildo Onorato, referente del Movimiento Evita con fuerte injerencia en la provincia de Buenos Aires. "Estas falsas denuncias intentan correr el eje de lo importante", indicó a la vez que señaló que las consecuencias del plan mileísta serán "muy graves" y que el DNU es inconstitucional. "Lejos de brindar libertad, otorga privilegios económicos exorbitantes a los ganadores de siempre. Y lejos de atacar a la casta, la fortalece en detrimento de los sectores del trabajo y la producción", indicó en cuanto al megadecreto ideado por el exmacrista Federico Sturzenegger.

En el comienzo de la administración de Javier Milei desde ambas agrupaciones prefirieron mantener premura hasta conocerse las primeras medidas, ya que tienen una postura más dialoguista que la izquierda. En tanto ahora en la UTEP -donde se reúne la mayor parte de los grupos con bases peronistas- también acompañarán a la CGT la próxima semana. La idea que se charló en las últimas horas entre esos sectores es generar una amplia convocatoria que exceda al mundo sindical y de las organizaciones, para mostrar un amplio frente antimileísta en las calles.

Por su parte Silvia Saravia, de Libres del Sur, fue una de las más vehementes al aseverar que si desde Balcarce 50 les llegan a querer cobrar por el operativo, irán a la Justicia porque ellos están en la lista y tampoco participaron de la convocatoria, según indicó. "Le está fallando la inteligencia a Adorni porque evidentemente en el Gobierno no tienen idea ni quién se movilizó. Nosotros no fuimos convocantes ni participamos de la movilización del miércoles", remarcó.

De momento, los papeles con las cuentas por el operativo no llegaron a las sedes de las organizaciones sociales, dentro de las que también están, de acuerdo al Ministerio de Seguridad, el Polo Obrero de Eduardo Belliboni -principal convocante y cara visible del 20D-, "la William Cooke, el MTR 12 de abril, el CUBA MTR, el Frente Popular Darío Santillán, La Dignidad, el FOL, Torres y el Movimiento Patria Justa".

Un rato después de que Adorni los advirtiera, uno de los referentes decía a LA NACIÓN: "Que manden la factura tranqui...".

Por Paula Rossi para La Nación