A partir de este viernes en toda la provincia de Santa Fe cada caso de venta barrial de drogas que sea denunciado al 911 o que se reporte por una comisaría empezará a ser atendido por un fiscal provincial del área de flagrancia. Es una transformación mayúscula que afectará la cultura de la sociedad civil, especialmente en Rosario, y las rutinas de los trámites judiciales. Hasta ese día todos los temas que involucren sustancias estupefacientes están exclusivamente reservados a la actuación de la Justicia Federal. La ley de microtráfico aprobada por la Legislatura hace dos semanas cambia por completo el panorama.

La transformación será gradual y lo del viernes es el primer paso. Implicará una mayor absorción de trabajo para los miembros del Ministerio Público de la Acusación (MPA) que en Rosario tiene 80 fiscales. Justo el debut de la norma se da sobre el inicio de la feria que desafecta a un buen número de funcionarios judiciales durante enero.

Las razones por las que el gobierno de Maximiliano Pullaro impulsó la ley aprobada se basa en criterios alegados de racionalidad en las intervenciones y en los recursos a mano. Hoy día los que mejor conocen a los vendedores barriales de droga, dicen los impulsores de la norma, son los fiscales que a la vez los investigan por delitos conexos en general violentos que son de competencia provincial, como homicidios, usurpaciones o extorsiones. Si se dividen las actuaciones se dispersan esfuerzos y se ocasionan demoras innecesarias.

En la propia fundamentación de la norma los autores del proyecto dijeron que Santa Fe es una provincia con una población aproximada de 3.300.000 habitantes en sus 361 localidades. Y que hasta esta semana tan solo 7 jueces y 8 fiscales federales tienen que investigar todas las causas de droga, mientras que el sistema provincial tiene 167 fiscales y 42 jueces que podrían asumir competencias de venta de drogas que se dan en sus propias jurisdicciones.

Los objetores sostienen que esta norma hará poco más que generar una nueva caja para la policía. Recuerdan a la vez que el mismo día que Santa Fe aprobaba la intervención provincial en delitos de microtráfico en la provincia de Buenos Aires pedían que una ley similar, vigente desde 2005 gracias al impulso del exministro de Seguridad León Arslanian, se derogue por sus malos resultados. El gobernador Axel Kicillof dijo que la implicación de la Justicia y policía bonaerense en casos de comercio al menudeo había derrochado recursos en un delito que no se contuvo con esa fórmula. Ofreció cifras: en los cuatro años de su primera gestión, dijo, se iniciaron 98 mil trámites pero solo hubo resultados en 9.200 causas. Un esfuerzo con efectos muy pobres.

El arranque

La ley de narcomenudeo debería regir en Santa Fe desde este viernes 29. Ese día se cumplen los nueve días corridos desde la promulgación lo que cumple el plazo para su entrada en vigencia. A partir de ahora el MPA deberá disponer, en cada una de sus cinco regionales, a un fiscal de flagrancia para intervenir en casos menores de droga. ¿Cuáles son estos? La ley dice que cuando la venta de drogas se desarrolle en espacios públicos. Cuando haya participación de los vendedores de drogas en otras actividades delictivas o contravencionales o utilización de armas de fuego. También cuando haya participación o involucramiento de menores de edad o de personas en situación de vulnerabilidad, o distribución de estupefacientes.

¿En qué casos actuará la Justicia federal? La diferencia no pasa por la cantidad de droga encontrada sino por su fraccionamiento. Cuando la sustancia esté envasada, sin importar su peso, intervienen fiscales del MPA. Cuando la sustancia esté sin fraccionar actúan fiscales federales.

El MPA tiene que definir una Unidad Fiscal Especial de Microtráfico que tendrá a cargo, según la ley, el diseño general de la estrategia de persecución penal, en coordinación con otros estamentos. Casi con seguridad estará conformada por dos fiscales de Rosario, ambas mujeres, y un tercer fiscal de una regional del centro norte provincial.

En el MPA la fiscalía general ya tiene redactada una guía de actuación con fiscales y protocolos de actuación para casos de droga que deban ser tomados por funcionarios provinciales en coordinación con la Policía de Investigaciones (PDI) que concentrarán en esa fuerza las actuaciones. Pero el inicio será gradual también por las limitaciones normativas. Para conformar una unidad especial que exige la ley de narcomenudeo el MPA necesita herramientas que debe darle una reforma legal de su estructura. Esto está pendiente para tratar este jueves en la Legislatura.

En proceso

Los criterios de actuación no están definidos. Falta que se regule en el MPA el estatuto legal de arrepentidos y testigos protegidos en casos de droga. También se requiere que se defina un área específica de inteligencia para hacer abordajes focalizados en territorios donde impera la violencia de modo que no se intervenga, sobre mercados criminales que producen delitos de sangre, a ojos cerrados.

En el MPA está decidido que los fiscales que trabajan en áreas específicas ligadas a contextos de drogas -por ejemplo los de homicidios o balaceras- se queden con los casos de microtráfico. Ejemplo: si en el contexto de un allanamiento por un asesinato un fiscal de homicidios encuentra drogas se queda con el caso de drogas y maneja el legajo, que suele contener una explicación del delito contra la vida. Si requisan un domicilio por una usurpación y aparecen estupefacientes el fiscal provincial actúa en la tenencia para microtráfico por la misma razón.

Desde el Poder Ejecutivo, que tiene el manejo de la policía, afirman que la principal diferencia de escala que habrá ahora es el corte de las relaciones estables entre fiscales y policías. No habrá más brigadas policiales asignadas a fiscales. Las investigaciones las centraliza PDI que además tendrá un grupo especial de inteligencia para trabajar en Rosario y en otra medida en Santa Fe. "PDI se va a manejar con la Fiscalía institucionalmente. Habrá un call center que produce ante cada denuncia una comunicación entre la cabeza de la PDI con la cabeza de la fiscalía en cada regional. No habrá más relación de un fiscal con un policía en particular. Eso se acabo", indicó a La Capital el ministro de Seguridad de la provincia, Pablo Cococcioni.

En Rosario durante la feria de enero permanecerán trabajando cuatro equipos fiscales en cuatro áreas: el abordaje de la violencia altamente lesiva, casos de flagrancia, delitos sexuales y genero y actividad interdistrital. Estarán conformados por 80 personas en la primera quincena entre fiscales y empleados (19 fiscales y 61 empleados) y 78 personas en la segunda quincena (16 fiscales y 62 empleados).

Para dirimir las actuaciones ya hubo encuentros entre la fiscalía general del MPA y la Justicia Federal que trabajará además con la Procuración de Narcotráfico (Procunar) dirigida por el fiscal Diego Iglesias. Una idea imperante es que los casos se sigan trabajando en el andarivel de la cooperación ya iniciada entre fiscales provinciales y federales que permitieron avanzar en numerosos casos en Rosario. El criterio es que las lógicas y las tramas que vinculan drogas y violencia son conocidas por ambas esferas judiciales: más allá de que un hecho puntual pueda ser microtráfico o narcotráfico, los actores junto a sus alianzas y sus discordias son los mismos, por lo que la relación debe perdurar y profundizarse.

Por ahora las fuerzas de seguridad nacionales -en especial la Policía Federal- disponen el gabinete criminalístico para investigar técnicamente los casos de drogas. Por lo tanto ya hubo contactos con Ministerio de Seguridad de la Nación, MPA y gobierno provincial para que en casos de microtráficos sean las fuerzas federales las que asistan a los fiscales provinciales.

"Lo que empieza este viernes es el proceso de cambio y no todo el cambio", dice Cococcioni. "Tiene que haber una resolución ministerial reglamentaria, definir qué pasa con las causas en trámite, cómo se dirimen los criterios de oportunidad para cada actuación", sostiene el ministro.

El cambio propiciado se sintetiza en la ley en un planteo del ex fiscal general del MPA Jorge Baclini, para quien no tiene sentido que una justicia de excepción (la federal) entienda en materia de drogas ya que no hay bienes jurídicos afectados del Estado federal. "Los datos estadísticos revelan que la Justicia federal se ha ocupado de perseguir, cuando lo hizo, el comercio de menudeo y la tenencia para el consumo personal. La implementación de la ley de desfederalización se funda en la necesidad de investigar al llamado kiosco y su proveedor, entender que el kiosco no amerita la intervención del sistema penal es prácticamente caer en la anomia, porque bajo el pretexto de la selectividad no se persigue a nadie".

Este criterio que ahora prevalece empieza a imperar dentro de dos días. (La Capital)