El Gobierno terminó sobre el filo de la noche previa el decreto con la ley de Ministerios que habilitaría, el viernes, la eternamente postergada creación del ministerio de Federico Sturzenegger y su designación. Había una cuota de urgencia en la Casa Rosada por terminar con las especulaciones sobre su arribo al Gabinete. Especialmente por el ruido que generaban en torno al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, principal detractor de que el asesor en desregulación ingresara, amenazante, con excesivo poder.

El Gobierno terminó sobre el filo de la noche previa el decreto con la ley de Ministerios que habilitaría, el viernes, la eternamente postergada creación del ministerio de Federico Sturzenegger y su designación. Había una cuota de urgencia en la Casa Rosada por terminar con las especulaciones sobre su arribo al Gabinete. Especialmente por el ruido que generaban en torno al ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, principal detractor de que el asesor en desregulación ingresara, amenazante, con excesivo poder.

Fue la escenificación de una decisión que el jefe de Estado había tomado días antes: cuidar al funcionario que vive sentado en la silla más caliente, en un momento especialmente complicado de la gestión en la crisis, a pesar de las incomodidades por el anuncio sobre el “fin de la emisión”. Aquel que lanzó Caputo después de la ley Bases pero resultó insuficiente para los mercados y la política y derivó en una semana negra para la economía.

El Gobierno intenta exhibir seguridad en la gestión en la crisis, mientras mira a los mercados internacionales en la previa de las negociaciones con el Banco Mundial, el FMI, el CAF y el BID para asegurarse el ingreso de los 15 mil millones de dólares que le permitirían salir del cepo. Conscientes de que la lista de temas de la administración que están pendientes es larga y compleja, en la Casa Rosada hablan de “establecer prioridades” y “ordenar” después de semanas de tambaleos. Justamente, para dar confianza.

“Estamos con muchas cosas a la vez, vamos a ir por partes”, dijo un funcionario esta semana. “No se puede todo junto, hay que tener paciencia”, deslizó otro. “Primero había que terminar de sacar Bases, después estaba la reglamentación; las manos son limitadas”, deslizó un tercero, en referencia al grupo ejecutor conformado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el asesor Santiago Caputo, la secretaria de planeamiento normativo, María Ibarzábal y el vicejefe de Gabinete, José Cochi Rolandi, que respondía a Posse pero siguió en el cargo por su experiencia y acaba de hacerse una cuenta de Twitter con su apodo, para levantar el perfil de su gestión.

Reglamentar, recaudar, agilizar

Milei podría esperar que la ley Bases y el paquete fiscal entren automáticamente en vigencia cuando pasen los 10 días correspondientes desde la votación. Pero firmará el decreto para promulgarlas en el inicio de esta semana -posiblemente, mañana-, justamente para acelerar el proceso de reglamentación. La celeridad, además de una demostración de competencia administrativa, tiene raíz también en los fines recaudatorios del Gobierno, aunque no logran calcular la fecha a partir de la cual los contribuyentes a los que les corresponda empezarán a pagar el tributo. Algunos optimistas dicen que podría ser en agosto. Otros, más cautos, hablan de septiembre. “Ganancias es prioridad, pero es imposible saber a ciencia cierta hoy, depende de varios factores”, dijeron sobre el trabajo de los mencionados funcionarios con Hacienda y la AFIP de Florencia Misrahi.

En paralelo, la Casa Rosada junto a la Procuración del Tesoro de Rodolfo Barra preparan la estrategia para lidiar con las eventuales demandas por inconstitucionalidad sobre Ganancias sobre las que ya advirtieron desde los gremios y la oposición kirchnerista. Y no descartan adelantarse con una denuncia “preventiva” ante el fuero Contencioso Administrativo para asegurarse de que la disputa judicial, si ocurre, se tramite en un fuero amigable, lejos del adverso terreno de la jurisdicción laboral donde los popes gremiales tienen ascendencia directa.

La puesta en marcha normativamente de la ley Bases se viene trabajando en simultáneo, y si bien la consideran “importante”, dicen que no es “urgente”. Además, sostienen que no tienen planeado darle espacio a la CGT para que intervenga. “Esto le corresponde plenamente al Ejecutivo”, se plantó un funcionario que participa directamente de ese proceso.

Sí consideran prioritario que salga el decreto 50 que recalibrará la dinámica de la administración y definirá la nueva estructura del Gabinete, el traspaso de funciones de la Jefatura a otras áreas (como las sociedades del Estado a Hacienda), algunas fusiones, reacomodamientos de “ravioles” y, posiblemente, de funcionarios de segunda línea. En ese conjunto de medidas administrativas entrará también la oficialización de la nueva estructura de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que diseñó Santiago Caputo con su nuevo titular, Sergio Neiffert, hombre de su confianza; y el secretario de Asuntos Estratégicos, José Luis Vila, que responde a Francos.

Mientras su equipo prepara el decreto, Francos acelera, también, las tareas para “agilizar la gestión”. Una de sus primeras decisiones como Jefe de Gabinete había sido eliminar el proceso de doble verificación de los decretos con las medidas de los ministerios que había impuesto su predecesor, Nicolás Posse. Y en los próximos días tiene previsto terminar con la supervisión de la Jefatura sobre las contrataciones y compras de las áreas. “Los ministros tienen que poder hacerse cargo de la firma de la gente que traen y dónde ponen la plata. Si no, ¿para qué son ministros?”, argumentó un funcionario.

Como tantos otros gobiernos en épocas difíciles, los libertarios también terminaron abocados a la tarea de “relanzar la comunicación”. Francos les pidió a los ministros que empiecen a salir en TV, en sus redes, que hablen con la prensa y comuniquen sus acciones y defiendan al Gobierno. Una línea diferente de la que había marcado desde el inicio del mandato Karina Milei, inclinada por centralizar y, a la vez, neutralizar perfiles demasiado llamativos. La medida del recientemente asumido ministro coordinador en ese delicado terreno, dicen, fue consensuada. Y S. Caputo, alfil de Karina, que habita una oficina en el Salón Martín Fierro del primer piso, seguía frecuentando esta semana, a diario y varias veces por día, los pasillos de Interior, en la planta baja, donde decidió permanecer emplazado Francos junto a su secretario político, Lisandro Catalán.

Hubo acatamiento. Se vieron entrevistas de funcionarios y mayor actividad en redes durante los últimos días. Y el viernes por la noche, después de la jura de Sturzenegger varios voceros llamaron a los medios para pedir que se incluyeran los nombres de sus jefes en la lista de presentes. El propio “Fredy”, habitualmente parco con la prensa, se acercó a los periodistas acreditados durante su “ceremonia de coronación” para esbozar, con su propia voz, cuáles serían las primeras medidas de su gestión. Fue una decisión premeditada, que después ratificó en su cuenta de Twitter. “Seguramente va a tener vocero”, deslizaron en el Gobierno.

En la sede central del poder nacional también quieren terminar con la dinámica de despidos y denuncias internas que inauguró la jefa de Capital Humano, Sandra Pettovello, y siguió su par de Seguridad, Patricia Bullrich. “La línea es que estas cosas no se generalicen. No va a pasar. Con lo de Patricia no estuvo nadie de acuerdo. Lo hizo para quedar bien con Javier, pero fue excesivo”, dijo un alto funcionario sobre la decisión de la referente de PRO de denunciar a su segundo en el mando ante la Oficina Anticorrupción, aparte de despedirlo.

La última máxima prioridad en la lista, aunque sorprenda en el contexto de crisis, es la reforma política. Milei quieren cambiar las reglas de juego antes de que empiece el 2025, y pondrá prioridad en la eliminación de la PASO, la implementación de la Boleta Única de Papel y la ley de financiamiento de los partidos, que incluiría una unidad retributiva y un movimiento o supresión de los topes, además del reempadronamiento de los partidos menores que funcionan como “sellos de goma”. Aunque niegan en todos los despachos que esté en los planes presentar un proyecto para bajar la edad mínima para votar a los 13 años, y atribuyen esos trascendidos a “una operación” en contra del Presidente.

Ubican en un lugar secundario el proyecto por excelencia de Sturzenegger, la “ley de Hojarasca” que le había preparado a la Patricia Bullrich candidata y le ofrendó a Milei cuando ganó la elección. También relegan, contra todo pronóstico, la ley “Anti Casta”, corazón del relato oficialista. “Vamos a dosificar, Hojarasca no va a estar en el centro porque en realidad no le cambia la vida a nadie”, dijo con tranquilidad un funcionario de alto nivel.