La noche del 12 de junio de 1989, el presidente Raúl Alfonsín anunció que había "resuelto resignar, a partir del 30 de junio de 1989, el cargo de Presidente de la Nación argentina". Se trataba de una renuncia anticipada de un mandato que, constitucionalmente, debía terminar el 10 de diciembre de ese año. Pero la palabra "resignar" tenía una carga más pesada que "renunciar": la resignación es un estado emocional en el que se acepta la imposibilidad de luchar contra determinadas adversidades. Alfonsín sentía que no había soluciones para los problemas que aquejaban al Gobierno desde hacía meses. ¿Cuáles eran esas adversidades que llevaron a Alfonsín a desistir de continuar peleando en la tormenta?

A finales de 1985 el panorama del Gobierno parecía prometedor: se había condenado a las Juntas Militares y se había logrado una incipiente estabilización económica. Sin embargo, hacia 1986 aparecieron los primeros nubarrones que se materializaron en las pujas distributivas por el aumento de precios y salarios. En una entrevista para el podcast "Hay que pasar el invierno", José Luis Machinea, integrante del equipo económico del ministro Juan Sourrouille, recuerda la siguiente anécdota: "Ubaldini, el secretario general de la CGT, tenía mucho poder por la ausencia de un liderazgo dentro del peronismo. Hizo 14 huelgas generales en tres años (…) Un día Ubaldini estaba discutiendo con Juan el aumento de salarios, quien le dice que es imposible darles el aumento que querían porque iba a trasladarse a precios. Frente a eso Ubaldini le respondió: Mirá, Juan, vos ocupate de los precios que de los salarios me ocupo yo". Pese al éxito inicial, poco a poco la economía empezó a deteriorarse y ya para 1987, la inflación ascendió a 131%.

En el frente militar, la situación también se agravó en 1987. Luego del Juicio a las Juntas, los tribunales comenzaron a citar y procesar militares de rangos medios y bajos. Para aplacar el descontento creciente en los cuarteles, se dictó la Ley de Punto Final que establecía un plazo de 60 días para la citación y el procesamiento a militares. La Ley generó el efecto contrario: entre enero y febrero de 1987 se procesaron a más de 300 oficiales. Las tensiones en el ejército derivaron en los levantamientos carapintadas del 14 de abril de 1987, que a su vez desembocaron en la movilización de una multitud en defensa de la Democracia.

Luego de que Alfonsín se presentara en Campo de Mayo para negociar con los militares rebeldes, Aldo Rico se rindió y quedó detenido junto al resto de los amotinados. Esos días pusieron al presidente frente a uno de los dilemas más difíciles de su Gobierno. Debía elegir entre priorizar la justicia, lo que implicaba continuar con los juicios que podían llevar a un nuevo levantamiento, o priorizar la estabilidad democrática y limitar la búsqueda de justicia a las cúpulas militares. Una tensión entre la ética de la convicción, que indica actuar de acuerdo a un principio moral, y la ética de la responsabilidad, en la que se actúa a contramano de los ideales pero considerando las predecibles consecuencias.

Alfonsín eligió la ética de la responsabilidad y promulgó la Ley de Obediencia Debida que establecía que los militares de rangos medios y bajos no eran punibles porque habían actuado en cumplimiento de órdenes de superiores.

La medida no aplacó la tormenta y los levantamientos carapintadas continuaron. En enero de 1988, Aldo Rico, luego de huir de la prisión preventiva, encabezó un nuevo levantamiento en Monte Caseros, Corrientes. En este caso, los militares rebeldes se terminaron rindiendo, Aldo Rico fue detenido y 400 de sus seguidores fueron procesados. Pero en diciembre de 1988, cuando fue rechazado el ascenso al grado de general del líder carapintada Mohamed Alí Seineldín, se inició un nuevo levantamiento en el batallón de Villa Martelli. A diferencia de los anteriores, en este caso se produjeron enfrentamientos que dejaron trece muertos. Los militares rebeldes exigían una amnistía general por los crímenes cometidos en la dictadura y el no juzgamiento por los levantamientos militares. Esta vez el Gobierno no cedió.

Sólo un mes después, en un contexto económico y social muy frágil, ocurrió un hecho inesperado. La mañana del 23 de enero de 1989, 40 hombres y 6 mujeres que formaban parte de una organización armada llamada "Movimiento Todos por la Patria", irrumpieron en el cuartel de La Tablada. Los atacantes simularon ser carapintadas y arrojaron volantes de una agrupación ficticia llamada "Nuevo Ejército Argentino" al grito de "Viva Rico". El hecho derivó en una batalla de 36 horas que incluyó la movilización de tanques y tuvo un saldo de 29 militantes del MTP muertos, 11 bajas de las fuerzas de seguridad y cuatro militantes desaparecidos.

¿Qué los llevó a intentar tomar un cuartel en una época en la que la violencia revolucionaria parecía cosa del pasado? Según los sobrevivientes, fueron víctimas de una operación de inteligencia y lo que buscaban era evitar un supuesto golpe militar. Sin embargo, la doctora en Ciencias Sociales Claudia Hilb ofrece otra interpretación: los miembros del MTP buscaron montar una escena que representara un golpe inexistente del cual podían alzarse victoriosos y encabezar así una insurrección popular a la manera de Nicaragua.