Durante la segunda jornada de protestas en las afueras del Congreso contra la Ley Ómnibus, se registraron graves incidentes que terminaron con manifestantes heridos por parte del accionar las fuerzas de seguridad que reprimieron a las personas presentes con gas pimienta y balas de goma. Ante dicha situación vivida en la jornada de ayer, la CGT lanzó un comunicado repudiando los hechos:

“El gobierno nacional encabezado por el presidente Milei, a través de sus primeras iniciativas: un DNU de falsa necesidad y urgencia; y una Ley Ómnibus intervenida por las grandes corporaciones empresariales y en condiciones irregulares para su dictamen y tratamiento inicia su gestión bordeando el filo de la legalidad institucional, violando reglas y procedimientos constitucionales, desconociendo leyes y sembrando violencia para generar miedo en la sociedad argentina, a la que se propone degradar, desintegrar y seguir empobreciendo.

En la sesión del día de ayer jueves 1 de febrero, con un Congreso vergonzosamente vallado, cerrado a la gente y rodeado de un despliegue inusitado de fuerzas de seguridad y recursos (que confirman la inviabilidad política de lo que se está tratando de convalidar) se produjeron graves incidentes en los alrededores del edificio. Estos hechos fueron generados y promovidos por las propias fuerzas policiales consignadas a la orden de la ministra Patricia Bullrich y desataron una absurda, injustificada y desproporcionada represión sobre manifestantes de diversas pertenencias: jubiladas/os, agrupaciones barriales, trabajadoras/es de prensa y hasta Diputadas/os Nacionales en ejercicio, como en el caso nuestro compañero Mario Manrique, de extracción sindical por el gremio de SMATA, salvajemente golpeado cuando intentaba interceder para apaciguar la grave situación. Mientras una vez más la policía volvía a disparar contra el pueblo, la sesión legislativa por voluntad de la mayoría oficialista, continuó como si nada estuviera ocurriendo, sosteniendo la puesta en práctica de este llamado “protocolo” anti protestas, que ya fue denunciado ante la OIT (Organización Internacional del Trabajo), y que fue expresamente ilegalizado por la ONU (Organización de Naciones Unidas) y declarado “no compatible con los estándares internacionales”.

Exigimos que cese el despliegue represivo del Gobierno Nacional, a fin de garantizar la libertad de protesta y la paz del pueblo argentino.

El pueblo argentino tiene memoria. Ya ha transitado en el pasado varios procesos como el actual, cuando se intentaron implementar doctrinas similares destinadas a favorecer a minorías económicamente privilegiadas en perjuicio de las grandes mayorías y de la soberanía de la Patria; y siempre han terminado en enormes fracasos que nos dejaron, además, herencias gravosas.

Este gobierno con sus planteos está sembrando vientos, sobre un pueblo necesitado de soluciones, no de delirios, ni de mentiras, ni de palos. Y si sigue insistiendo con estas políticas, más temprano que tarde, necesariamente cosechará tempestades”.