Ante la escalada de ataques, el presidente decidió retomar la política de Sebastián Piñera. Pero es una medida “acotada”.

“Es evidente que en el último tiempo hemos tenido un aumento de los actos de violencia en las rutas. Hemos sido testigos de cobardes ataques”. Así, escoltada por los presidentes de partidos de gobierno y otros ministros, la ministra del Interior de Chile, Izkia Siches, dio a conocer la decisión final del gobierno de desplegar a las fuerzas armadas en la Macrozona Sur del país, epicentro del conflicto mapuche.

Fue un camino largo. Tal como anticipó Clarín, la idea de Gabriel Boric de decretar un Estado Intermedio que evitase aplicar el Estado de Excepción que tanto se le criticó a su predecesor, Sebastián Piñera, no logró concitar el apoyo de los partidos de gobierno, particularmente del Partido Comunista.

Este sector se opuso a cualquier alternativa que implicase volver a desplegar a militares en la zona de conflicto.

El lunes, la suspensión del comité político con el Palacio de La Moneda –una reunión donde el gobierno organiza la semana con sus partidos- dio los primeros indicios de que las relaciones al interior del pacto oficialista estaban complejas.

La cita fue re-agendada para la tarde y el gobierno llegó con una decisión tomada: ante la imposibilidad de avanzar en una solución alternativa, decretaría el Estado de Excepción Constitucional.

Los comunistas, resignados ante la decisión presidencial, solicitaron a Boric y su ministra del Interior que el despliegue de las Fuerzas Armadas se circunscribiera a las rutas y caminos de la zona, y no a todo el territorio. La solicitud fue acogida y la medida fue informada a la opinión pública como un Estado de Excepción “acotado”.

Decisión difícil

No fue una decisión fácil para el presidente chileno. Cuando asumió su gobierno, el pasado 11 de marzo, comunicó su decisión de no renovar el decreto que mantenía militarizada la zona, después de que su predecesor decidiera desplegar al ejército cuatro meses antes.

"No vamos a extender el estado de excepción en el Wallmapu. Asumiendo el mando no hay posibilidad de extender el estado de excepción en el sur", expresó en esa oportunidad la nueva ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo.

Sin embargo, como reconocen en La Moneda, la evidencia del aumento sistemático de los ataques incendiarios y atentados públicos hizo inevitable la decisión.

El diálogo no avanzó con la velocidad esperada y los grupos armados que reivindican la lucha del pueblo mapuche en la zona han decidido elevar amenazas y escalar el conflicto.