Tras la primera medida cautelar contra el DNU de desregulación de la economía, el Gobierno intenta adelantarse al incierto derrotero en la Justicia y descuenta que terminará en los principales despachos del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Frente a ese panorama, en la Casa Rosada debaten la estrategia con la Corte Suprema, y el pedido de juicio político que se inició durante la administración de Alberto Fernández y aún pesa sobre el máximo tribunal aparece como un tema que está sobre la mesa. .

En Balcarce 50 evalúan si les conviene trabajar en Diputados para reunir una mayoría que les permita desestimar el juicio político con ayuda de sus aliados; o bien permitir que el debate continúe en el ámbito parlamentario para tensionar el vínculo con el máximo tribunal sin romper los lazos.

Dos semanas antes de asumir, el -entonces- futuro ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, había enviado una señal muy clara de acercamiento. Visitó a los jueces supremos, Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda; se tomó una foto con ellos, y más tarde desdeñó en televisión el juicio político iniciado por el Frente de Todos. “No tiene andamiaje, ni fáctico ni jurídico, es algo ilegítimo que tiende a presionar y perturbar la honorabilidad de los jueces sin sustento alguno. Ha sido para dañarlos públicamente”, advirtió en ese momento el abogado funcionario en una entrevista periodística. Y, en caso de que quedaran dudas, agregó: “Es infame y tiene que terminar”.

Milei sumó un gesto a los jueces el día de la asunción, cuando se acercó a saludarlos especialmente. Y luego, frente a la Plaza de los Dos Congresos, omitió cualquier cuestionamiento en su contra, diferenciándose de sus antecesores, que repetidamente usaron esas puestas en escena para disparar contra el Poder Judicial.

Pero el espíritu republicano del Gobierno empezó a vérselas con la realidad esta semana, cuando el fallo adverso de la Cámara del Trabajo, donde tiene fuerte injerencia la CGT, suspendió el capítulo de la reforma laboral que resistían los sindicalistas y puso en alerta al oficialismo. En modo preventivo, Milei les pidió a sus alfiles en Diputados conformar sin dilaciones la Comisión de Juicio Político, donde debe tratarse la acusación contra el máximo tribunal. Y ahora define si avanzar con una estrategia ofensiva o conciliatoria.

Sus asesores políticos analizan distintos caminos, que se resumen en dos líneas de acción: dejar en “stand by” el juicio político o trabajar en conseguir una mayoría que le permita dictaminar en contra y enviar un gesto de distensión a Rosenkrantz, Rosatti, Maqueda y Lorenzetti.

Unos creen que avanzar en la primera línea sería una mala señal hacia los jueves, porque ya dijeron que están en contra del juicio desde un punto de vista ideológico, y consideran que sería “poco ético” usar esa iniciativa en la relación con la Corte. Otros asesores del Jefe de Estado, con mayor grado de pragmatismo político, creen que desactivar el pedido de juicio político sería conceder una ventaja a los miembros del alto tribunal. “Quizá sean los jueces los que tengan que hacer un gesto con nosotros, primero”, deslizó esta semana un asesor del círculo de confianza del primer mandatario. La supervivencia del DNU es clave para dar seguridad jurídica y atraer inversiones, afirman en Balcarce 50, y en este contexto la prioridad de Milei es que quede firme.

Mientras se juega la silenciosa pulseada con la Corte, en sus dos variables, esta semana hubo contactos muy reservados entre emisarios de ambas parte. En este contexto, en el Gobierno entienden que la Corte está firme en una postura que ya escuchó: no quiere entrometerse en los asuntos de los otros poderes. La semana pasada dio una señal en ese sentido, cuando dijo que resolverá en febrero el planteo por inconstitucionalidad del DNU presentada por el gobernador de La Rioja, el kirchnerista Ricardo Quintela. Indirectamente, de esa forma pidió que lo decidan por la vía política, interpretaron en el primer piso de la Casa Rosada.

Además de las variables que analiza Milei respecto a la Corte, en Gobierno especulan también con obtener un dictamen favorable de la Comisión Bicameral Permanente donde debería analizarse el DNU. Inicialmente habían decidido postergar su conformación -que aún no se concretó- para que el DNU duerma el sueño de los justos. Pero esta semana empezaron a mover los hilos en la Cámara baja para acelerarla, porque creen que podría servir como argumento a los jueces para fallar a su favor, si hiciera falta. Temen que repitan la fórmula aplicada en el proceso del ex vicepresidente Amado Boudou, cuando la Corte planteó que no revestía la cuestión federal suficiente para se expidiera. Si así fuera, el DNU quedaría vigente, pero el Gobierno quedaría en una situación de debilidad para aplicarlo.

En paralelo, hay preocupación en el oficialismo por un detalle no menor en la letra del decreto: la ausencia de una argumentación explícita sobre los motivos que llevaron al Presidente a dictar un decreto de necesidad y urgencia. Se trata de un error de praxis legislativa que podría costarles caro, porque podría funcionar como argumento para que la Corte, que no tiene plazos, evite un fallo.

Como dejó en claro después de la sentencia del fuero laboral, el Gobierno apeló para que pase al fuero contencioso administrativo, especializado en analizar la legalidad de las normas emitidas (en este caso, desde la Casa Rosada), donde tiene mayor influencia el Procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, figura central en la estrategia judicial del Gobierno. Pero en esa maniobra también vislumbran un escollo, desde que el juez Enrique Lavié Pico dio inicio en el caso original a todos los reclamos planteados durante las últimas semanas contra el DNU, por lo que el proceso no es colectivo, sino que son varios casos individuales. “Ahora, la Cámara en lo contencioso no puede recibir todo, aunque tenga la intención”, explicaron, y sostienen que es posible que, en detrimento de lo que proponen los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), el capítulo vinculado a los derechos de los trabajadores quede en manos del fuero laboral.

En Gobierno están convencidos de que el decreto no está “suspendido”, porque la cautelar presentada, desde su perspectiva, no implica frenar su vigencia. Pero Milei se enfrenta a un escenario difícil, tanto en el Parlamento como en el Poder Judicial, porque en Diputados no tiene mayoría propia y en los tribunales debe resolver la falta de argumentos jurídicos sobre los motivos por los que su decreto es urgente. Para contestar estos dos interrogantes, el presidente de la Cámara, Martín Menem; Barra y Cúneo Libarona trabajan para encontrar una solución a los obstáculos que enfrenta la medida más importante del Gobierno. (Infobae)