Con el paquete de medidas a ser tratadas en el Congreso en el marco de las sesiones extraordinarias, el Gobierno de Javier Milei incluyó un anexo con un amplio listado de empresas ser privatizadas entre las que se destacan Aerolíneas Argentinas, AySA, el Correo, el Banco Nación, Ferrocarriles Argentinos e YPF, además de otras 35 compañías estatales.

Acompañando el proyecto de "Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos", como tituló el presidente Milei el proyecto de Ley Ómnibus, el listado de compañías ahora bajo la órbita del Estado "sujetas a privatización" afecta a algunas de las más emblemáticas empresas públicas de la Argentina. No sólo la aerolínea de bandera o la mayor entidad financiera del país sino también todo el sistema de medios públicos: la agencia Télam, Radio y Televisión del Estado, Radio de la Universidad Nacional del Litoral y la Radio de la Universidad de Córdoba, ambas ya sociedades anónimas.

No es el caso de todas las compañías, muchas de las cuales son sociedades del Estado, pero muchas de las empresas del listado ya son sociedades anónimas, lo que facilita el proceso de privatización. Es el caso de la propia Aerolínea o de AySA, pero también del Correo Argentino, del banco BICE o de los corredores viales, todas compañías englobadas como susceptibles de pasar a manos privadas.

El anexo está redactado por orden alfabético y se inicia con la Administración General de Puertos, que es una sociedad del Estado y debería, en principio, reconvertirse a sociedad anónima. Sigue con Aerolíneas Argentinas, la Empresa Argentina de Soluciones Satelitales, Agua y Saneamiento, Banco Nación de la Argentina, Banco de Inversión y Comercio Exterior, Casa de la Moneda, Contenidos Públicos, Corredores Viales, Correo Oficial de la República Argentina, Construcción de Viviendas para la Armada Argentina, Dioxitex, Educ.ar, Empresa Argentina de Navegación Aérea, Energía Argentina. Fábrica Argentina de Aviones "Brig. San Martín" S.A. Fabricaciones Militares S.E. Ferrocarriles Argentinos Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias, Intercargo, Nación Bursátil, Pellegrini, Nación Reaseguros, Nación Seguros de Retiro, Nación Servicios, Nucleoeléctrica Argentina, Playas Ferroviarias de Buenos Aires, Polo Tecnológico Constituyentes S.A. Radio de la Universidad Nacional del Litoral, Radio y Televisión Argentina, Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba, Talleres Navales Dársena Norte, Télam, Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, Belgrano Cargas y Logística, Administración de Infraestructuras Ferroviarias, Operadora Ferroviaria, Vehículo Espacial Nueva Generación, Yacimientos Carboníferos Fiscales, Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD) e YPF.

El texto de la Ley fundamenta la iniciativa de privatizar esas compañías "atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales". Por eso, continúa el proyecto, "se dispone la privatización de determinadas empresas públicas, en el marco de la normativa al efecto vigente de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas".

Cada una de las compañías incluida en el listado deberá, eventualmente, correr una suerte distinta a la hora de iniciar un posible proceso de privatización. En el caso de las sociedades del Estado, como Ferrocarriles Argentinos o la Casa de la Moneda, deberán primer convertirse a sociedades anónimas, lo que implica de por sí un largo derrotero. A la par, en cada uno de los sectores en que se privatice una compañía, deberá dictarse un marco de regulación para esa venta. Una tarea ardua y amplia, tanto o más que el listado que Milei envió al Congreso.

El proyecto está dividido en varios capítulos y modifica una veintena de leyes. Entre ellas propone la suspensión de la Ley de Movilidad Jubilatoria aprobada durante 2020. Asimismo, se faculta al Poder Ejecutivo a establecer una fórmula automática de ajuste de las prestaciones "teniendo en cuenta los criterios de equidad y sustentabilidad económica".

Asimismo, incluye un amplio régimen de regularización de activos. Incluye las personas humanas, las sucesiones indivisas y los sujetos comprendidos en el Artículo 53 de la Ley del Impuesto a las Ganancias, sean considerados residentes fiscales argentinos al 31 de diciembre de 2023, estén o no inscriptas como contribuyentes ante la AFIP. Respecto de los no residentes, podrán adherir todos los sujetos (sean personas, sociedades, o cualquier otro tipo de ente, contrato, o patrimonio de afectación) que no califiquen como residentes fiscales argentinos bajo la Ley del Impuesto a las Ganancias, por sus bienes ubicados en Argentina o por las rentas que hubieran obtenido de fuente argentina.

El capítulo dispone la emergencia en la administración pública, que abarca todas las dependencias del sector público; el capítulo segundo se refiere a la privatización de las empresas públicas: allí se declara "sujeta a privatización", en los términos y con los efectos de la Ley N° 23.696 de Reforma del Estado, diversas empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria estatal enumeradas.

Según se pudo reconstruir el envío del proyecto se hizo en formato papel y con una pequeña puesta en escena. En la Casa Rosada, el Presidente le entregó la caja con el texto al ministro del Interior, Guillermo Francos, que a su vez trasladó el paquete por Av. de Mayo hasta el Congreso e hizo entrega al titular de Diputados, Martín Menem.

"Con el espíritu de restituir el orden económico y social basado en la doctrina liberal plasmada en la Constitución Nacional de 1853, presentamos al Honorable Congreso de la Nación el adjunto proyecto de ley y manifestamos nuestra firme voluntad de emprender, inmediatamente y con instrumentos idóneos, la lucha contra los factores adversos que atentan contra la libertad de los argentinos; que impiden el correcto funcionamiento de la Economía de mercado y son la causa del empobrecimiento de la Nación. Promovemos estas reformas en nombre de la Revolución de Mayo de 1810 y en defensa de la vida, la libertad y la propiedad de los argentinos", es el texto que acompañó una foto del proyecto.

"Vamos por una Argentina libre y próspera, Viva La Libertad Carajo", escribió Milei en Instagram.