El gobierno de Javier Milei aseguró hoy que está en marcha el proceso para suspender el pago de 160.000 planes sociales, que debían ser percibidos por beneficiarios de extrema vulnerabilidad social, pero que eran cobrados por gente que viajó al exterior. La medida implicará un ahorro de unos 12 mil millones de pesos mensuales.

Durante la habitual conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, adelantó que “en cualquier momento la baja se hará efectivo”, y explicó que los plazos son los que esperaban “para un proceso de tamaña envergadura”.

Los dichos de Adorni se dan luego de la revelación de Infobae de las demoras en frenar esas irregularidades. Es que a fines de octubre del año pasado, el titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISeS), Guillermo Marijuan, a través de una investigación preliminar, detectó que 159.919 beneficiarios del plan Potenciar Trabajo -el más vasto en dinero y en cantidad de personas que distribuye el Gobierno- viajaron al exterior, tanto en autos, como en aviones, yates y cruceros. “Esta circunstancia es palmariamente incompatible con el requisito de alta vulnerabilidad económica exigida por el citado Programa”, advirtió esa investigación.

Sin embargo, durante tres meses consecutivos (dos de ellos bajo la administración de Alberto Fernández) el Gobierno nacional siguió pagando esos fondos.

Tras un entrecruzamientos entre la base de datos del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Migraciones, se pudo confirmar que salieron del país beneficiarios de ese plan social: 817 personas que viajaron en cruceros, 29.076 en avión, 83.974 en embarcaciones, 199.977 en ómnibus, 349.835 de forma particular por auto, y los restantes 149.227 con medio de transporte que no se especificaron. Vía aérea, 20.832 beneficiarios de planes viajaron desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, 6.595 desde el Aeroparque Jorge Newbery y los restantes 1.649 desde otros aeropuertos nacionales.

Toda esa pormenorizada investigación que se difundió hace más de dos meses y que involucra a 1 de cada 10 subsidios, no había tenido hasta ahora ningún resultado.

Los nombres de los beneficiarios estaban en bases de datos que las tenían en soporte magnético tanto el juzgado federal N° 11, a cargo de manera interina de Marcelo Martínez De Giorgi, como la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social de Marijuan, y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Ellos tienen el resultado del entrecruzamiento de los beneficiarios del Potenciar Trabajo con Migraciones.

Por cada plan se pagan 66 mil pesos por mes, lo que en total son 10.554.654.000 mensuales. “Al multiplicar este monto por todos los meses transcurridos desde, al menos, principios del año 2020 estamos hablando de una suma multimillonaria que habría perjudicado a las ya debilitadas arcas de la Nación”, indicó la investigación del fiscal Marijuan.

¿Ahora, por qué ocurrieron semejantes irregularidades? En la pesquisa que se difundió en octubre, el titular de la UFISeS no se anduvo con rodeos: “La falta de control de las personas que ingresan a este Programa como la ausencia de cualquier tipo de monitoreo sobre las que se encuentran inscriptas, demuestra una desprecio absoluto por parte de los funcionarios públicos que manejan esta cartera tan importante del Estado Nacional. Esta responsabilidad no solo recae sobre lo acontecido, pues en la medida en que no cesen estas conductas ilícitas, se continuarán pagando beneficios que no corresponden”, estimó.

“Este plan asistencial no resulta compatible y en consecuencia no puede ser percibido por aquellos individuos que se encuentran en condiciones económicas de realizar viajes al exterior del país. Se entiende que quienes viajaron, al menos en forma recurrente y a través de medios de transporte onerosos como resultan ser aviones y cruceros, no precisarían de ninguna contención estatal”, agregó Marijuan, con estricto sentido común.

El Potenciar Trabajo fue ideado por el Gobierno de Mauricio Macri y, llegados Alberto Fernández y Cristina Kirchner a la Casa Rosada, se convirtió en la “nave insignia” de la política de asistencia del cuarto gobierno kirchnerista. Emilio Pérsico, como secretario de Economía Social, y a la vez jefe indiscutido del Movimiento Evita, estuvo durante cuatro años de los dos lados del mostrador. Era el responsable de otorgar los planes y “conducía” una militancia que se “solapó” con los beneficiarios de los subsidios.

Culminados los gobiernos de Mauricio Macri y del dúo Fernández-Kirchner, los programas Potenciar Trabajar alcanzaron a más de 1.500.000 beneficiarios. En ese océano inmenso de necesitados y familias carecientes, la unidad fiscal de Marijuan detectó los 160 mil “planeros” en condiciones económicas de viajar en auto, en micros y hasta en avión y cruceros. Es una proporción del orden de 1 a 10. Fuente: Infobae