20.31 Consultado por LA NACION, el Departamento de Estado se pronunció sobre la ofensiva del Gobierno contra el máximo tribunal; el mensaje llega luego de una ola de rechazos políticos, el empresariado y la sociedad civil.

WASHINGTON.- Estados Unidos llamó a “respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes” en el país luego de que el presidente Alberto Fernández escaló su enfrentamiento con la Corte Suprema al impulsar un juicio político en el Congreso a todos los integrantes del máximo tribunal. La ofensiva cuenta con el respaldo de un grupo de gobernadores y de figuras del Frente de Todos, pero que a su vez fue duramente criticada por la oposición, organizaciones civiles y de derechos humanos y asociaciones empresarias.

Un vocero del Departamento de Estado dijo ante una consulta de LA NACION que el gobierno de Joe Biden estaba al tanto de las reacciones que había desatado la decisión del Presidente, quien anunció el primer día de este año en un mensaje difundido en Twitter su intención de convocar a los gobernadores a que acompañen al gobierno nacional en la disputa contra la Ciudad de Buenos Aires por los fondos de la coparticipación y a impulsar el juicio político a la Corte para que se investigue “las conductas” de los miembros del máximo tribunal. El Gobierno busca poner en marcha el juicio político este mismo mes durante un período de sesiones extraordinarias en el Congreso convocado por la Casa Rosada.

“Estamos al tanto de estos informes. Hacemos un llamado a todos los actores en la Argentina a respetar las instituciones democráticas y la separación de poderes”, afirmó el funcionario norteamericano.

La respuesta del gobierno de Biden a la ofensiva contra la Corte Suprema es la última reacción luego de una ola de rechazos que recibió el gobierno nacional en varios frentes por su intención de destituir a los magistrados del máximo tribunal.

La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) había alertado la semana anterior en su Informe Anual 2023 que la retórica hostil hacia los jueces por parte de las autoridades argentinas, las demoras en la designación de jueces y de otras autoridades de alto nivel, como el Procurador General o el Defensor del Pueblo, y la corrupción, presente también en el Poder Judicial, “han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”. Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW, dijo a LA NACION que el impulso a un juicio político era un “gravísimo ataque a la separación de poderes”.

Varias agrupaciones empresarias, como la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara de Comercio de los Estados Unidos en la Argentina (AmCham) o la Asociación Empresaria Argentina habían expresado también su preocupación o puesto sobre relieve la gravedad de la crisis, y habían pedido respetar las instituciones democráticas. La Asociación por los Derechos Civiles (ADC) también manifestó su “gran preocupación” por el pedido de juicio político impulsado por el gobierno de Alberto Fernández, y advirtió que es “inadmisible que se intente remover de sus cargos a los magistrados”.

Pero el mensaje del gobierno de Biden representa la reacción internacional más contundente que ha recibido el Gobierno hasta el momento, y es una clara evidencia de los alcances que tiene el conflicto latente entre el Frente de Todos con la Justicia en medio de las múltiples causas judiciales que enfrente la vicepresidente, Cristina Kirchner, ya condenada por la llamada “Causa Vialidad”, quien se refirió en varias ocasiones a los tribunales como el “Partido Judicial”. Además de anunciar su intención de impulsar un juicio político contra los jueces de la Corte Suprema, el Presidente Fernández se negó a acatar una orden del máximo tribunal favorable a la Ciudad de Buenos Aires en una disputa por los fondos de la coparticipación federal.

Esta es la segunda vez que el Departamento de Estado hace un señalamiento hacia las posturas del gobierno argentino. La vez anterior fue en febrero del año pasado, cuando un funcionario de alto rango del Departamento de Estado admitió en diálogo con LA NACION que su preocupación y malestar por las declaraciones que había hecho Alberto Fernández tras su gira por Rusia y China. En esa ocasión consideró “inoportunos” los cuestionamientos a la supuesta falta de apoyo en la negociación con el FMI, así como la decisión de reunirse con Vladimir Putin días antes de que invadiera Ucrania y su adhesión a la Ruta de la Seda que impulsa Xi Jinping.

“Honestamente nos preocupa cuando funcionarios del gobierno argentino sugieren que estamos asépticos o indiferentes a la estabilidad económica del país o a la crisis de salud pública”, señaló el funcionario del Departamento de Estado, quien admitió que fue “inoportuno” el cuestionamiento del Gobierno hacia la administración de Joe Biden.

“La Casa Blanca está claramente preocupada por el declive democrático en todo el mundo, y eso incluye a América Latina”, dijo Benjamin Gedan, subdirector del programa para América latina del Centro Woodrow Wilson y exfuncionario del gobierno de Barack Obama. “Este año, la Argentina está celebrando 40 años de gobierno democrático ininterrumpido, y debe ser un socio en la defensa de las instituciones democráticas en esta región. En cambio, el Gobierno está batallando contra el sistema judicial”, remarcó.

El gobierno de Biden y el de Alberto Fernández han mantenido una relación estrecha y fluida a pesar de las diferencias y algunos cortocircuitos sobre la política internacional, como la situación de los derechos humanos en Cuba, Nicaragua o Venezuela. Pero la Casa Rosada todavía espera una nueva fecha para la reunión bilateral en la Casa Blanca entre Biden y el presidente Fernández, que originalmente estaba agendada para julio del año último, y debió suspenderse luego de que Biden contrajo coronavirus. Varios mandatarios ya han visitado la Casa Blanca desde entonces, y la administración de Biden ya se prepara para recibir el mes próximo al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, con quien Biden espera forjar una nueva alianza en el hemisferio.

Para iniciar el juicio político a todos los integrantes de la Corte Suprema, el Gobierno decidió convocar a sesiones extraordinarias del Congreso a partir del próximo lunes, más tarde de lo previsto originalmente. El oficialismo también intentará impulsar otros proyectos. Juntos por el Cambio ya anticipó que bloqueará el juicio político al máximo tribunal. El Gobierno prevé empezar el trabajo en la Comisión de Juicio Político en las próximas semanas, a pesar de la falta de respaldo para llevar adelante el proceso contra los jueces de la Corte.