Los desajustes en el sistema sanitario de la Argentina son enormes y con las últimas medidas de la administración de Javier Milei se agravará la crisis y no hay casi ninguna alternativa que no supondrá graves costos sociales.
La primera advertencia provino de Jorge Cherro, titular de la asociación de clínicas, sanatorios y hospitales privados (ADECRA) que afirmó "...una prepaga que durante los tres primeros meses del año aumentó sus cuotas un 129% y subió sus aranceles a las clínicas un 91%, ya nos comunicó que no sólo no va a aplicar el incremento del 12% prometido para abril sino que, además, deberemos facturar los servicios del mes de marzo con un 21% descuento respecto de los montos que estaban previstos" para el tercer mes del año.
En Córdoba, Marcos Lozada, de la Cámara de Empresas de la Salud y Ignacio Escuti de la asociación de clínicas y sanatorios, coincidieron en afirmar a medios locales que "la situación es terminal y completamente insostenible porque un prestador de las prepagas y obras sociales tiene un ciclo de 100 a 200 días entre que ofrece el servicio y cobra. "Por la inflación que arrastra el país y la devaluación de la moneda nacional de diciembre perdimos mucho capital de trabajo".
Preocupa la brecha que existe entre lo que le cobran a los afiliados de las prepagas y lo que pagan a los profesionales
En la Cámara Argentina de Oftalmología (CAMEOF), siguen con preocupación la brecha que existe entre lo que cobran a los afiliados de las prepagas y lo que pagan a los profesionales de la oftalmología.
Omar López Mato, vocero de la entidad empresarial, señaló que algunas "pagan menos que el PAMI y el gobierno, a través del secretario Russo y de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) están al tanto de la crisis".
El dirigente de la CAMEOF explicó, "...tenemos contratos antiguos y algunos son de hace 40 años. A las obras sociales y prepagas le trasladaron 750% de la inflación y a nosotros menos de 650%. Venimos con un desfase importante desde hace un tiempo. Ahora, desde el 1 de enero, se han dado aumento a las prepagas que ellos no transmiten a nosotros en su totalidad".
Los oftalmólogos, al igual que el resto de los profesionales de la salud, saben que la reciente decisión del gobierno de Javier Milei, de intervenir en el mercado de la salud para que la suba de las facturas no sea tan dramática para los usuarios finales, tendrán obvias repercusiones en lo que cobran los médicos y trabajadores del rubro que continuarán perdiendo frente al alza del costo de vida.
Problemas para médicos y pacientes
Los problemas serán para los profesionales de la medicina y, también, para los clientes de las prepagas que afrontarán demoras en los turnos, salida de profesionales de las cartillas y cobros o intentos de cobros de copagos o bonos contribución, entre otras cuestiones perniciosas para los pacientes y sus familiares.
La decisión de Milei y Caputo de retroceder en la decisión de liberar totalmente los precios de la medicina prepaga que adoptaron en diciembre pasado con el DNU 70/2023, elaborado principalmente por Federico Sturzenegger, y que permitió que las empresas de medicina prepaga acumularan subas tarifarias de entre 140% y 165% en promedio, generó más incertidumbre en el sector.
Miles de usuarios de clase media se dieron de baja de las prepagas, que era lo que buscaba la freezada Unión Argentina de la Salud (UAS) dirigida, hasta hace unos días, por Claudio Belocopitt.
Para el gobierno se trató de una declaración de guerra a la clase media y en ese conflicto, se firmó una resolución de la secretaría de industria y comercio que ordenó a siete prepagas recalificar sus cuotas, de modo que, en la práctica, los precios de mayo serán cerca de un 30% más bajos que los de abril.
Lo peor está por venir
Porque la decisión de marcha y contramarcha de la administración nacional activó una cuenta regresiva que será letal para el sistema de salud porque la AFIP tiene en la mira a miles de clínicas privadas que están en condiciones de ser ejecutadas por deudas y que, con la reciente decisión, no les queda mucho más para hacer que prepararse para lo peor a no ser que se renueve una intervención estatal que para el presidente Javier Milei es un anatema de su credo libertario anti estatal.
La titular de la AFIP, Florencia Misrahi, tiene en su despacho un listado de cinco mil cuits de centros de salud en condiciones de ser ejecutados a partir del 30 de julio próximo. A través de la Resolución 5482/2024 el organismo recaudador decidió el 31 de enero pasado prorrogar la iniciación de los juicios de ejecución fiscal.
El documento oficial expresa que "La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) suspende hasta el 31 de julio de 2024, inclusive, la iniciación de juicios de ejecución fiscal y la traba de medidas cautelares". La Resolución General se publicó en el Boletín Oficial y tiene plena vigencia desde el 1 de febrero. La norma alcanza a las micro, pequeñas y medianas empresas - Tramo I y II -, pequeños contribuyentes, entidades sin fines de lucro y contribuyentes del sector salud. Pero, las recientes novedades, por las que las clínicas dan por descontado que no recibirán más dinero de las prepagas, vuelve a poner sobre sus finanzas una seria amenaza para su continuidad operativa.
A este problema, que sufrirán todas las clínicas privadas del país, un conjunto de 1670 centros de atención, se sumará la crisis por los costos de los medicamentos. Todos los prestadores de la salud han realizado advertencias acerca de las subas descontroladas de los laboratorios. Hay expertos en sanidad que coinciden en señalar a iProfesional que existe en la Argentina un abuso de prescripciones y estudios que no están justificados, si se los compara con lo que sucede en otros países.
En declaraciones a la Voz del Interior, Carlos Regazzoni, con pasado de director del PAMI durante el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri, señaló que "No existe país desarrollado que pueda subsistir si no se hace un uso racional de los medicamentos o de cualquier tecnología médica, la cantidad de hemogramas que se hacen en la Argentina es feroz, el hemograma de control no sirve en la mayoría de los casos".
Con funcionarios de la AFIP que deben avanzar con ejecuciones, laboratorios que aumentan sus facturas y protestas de los profesionales de la salud por los bajos salarios que perciben, los directivos de los centros sanitarios de la Argentina están viviendo su peor crisis en décadas, en un país al que nunca le faltan problemas financieros. Fuente: Iprofesional.
Comentarios