El Tribunal Oral Federal N° 2 la declaró culpable de defraudación al Estado en la causa Vialidad. La Vicepresidente no irá a la cárcel porque tiene fueros y puede apelar el fallo. Lázaro Báez recibió la misma pena y Julio De Vido fue absuelto.

Finalmente llegó el día. Ayer por la tarde, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por defraudación al Estado en la causa Vialidad. La sentencia fue dictada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, desde el Tribunal Oral Federal N° 2, de manera unánime. En cambio, por dos votos contra uno, determinaron dejar afuera de la sentencia la acusación por asociación ilícita. Solo Basso votó por condenarla por ese delito, los otros jueces dijeron que no hubo la pluralidad de delitos que reclama esa figura penal.
Este es un hecho histórico porque se trata de la primera Vicepresidente en ser condenada por corrupción mientras ejerce su cargo. Aunque la sentencia implica la inhabilitación para ejercer cargos públicos y una pena de prisión, el fallo no está firme. La funcionaria no irá presa y podrá ser candidata en las próximas elecciones. Sin embargo, luego de la sentencia, CFK dijo desde el Senado: "No voy a ser candidata a nada. Mi nombre no va a estar en ninguna boleta".
Además, el tribunal instó al decomiso de 84 mil millones de pesos: puntualmente, $ 84.835.227.378,04, por el perjuicio ocasionado.
La lectura del veredicto comenzó a las 17:30 hs a cargo del juez Jorge Gorini, poniendo fin al juicio oral y público iniciado en mayo de 2019 y que tuvo como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. Hasta último momento todas fueron especulaciones. Nadie supo el resultado del juicio hasta que se anunció en la sala de audiencias.
"Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional en los términos y condiciones establecidos por la ley penal", sostuvo el tribunal en un breve comunicado tras leer el veredicto.
La maniobra buscó "asegurar y disimular un beneficio ilegítimo a favor de, por lo menos, dos de las personas imputadas en este proceso: Cristina Fernández de Kirchner y Lázaro Antonio Báez", indicó el tribunal; y añadió: "la comprobación de las circunstancias descriptas ha guiado las condenas dictadas en el marco de esta causa respecto de personas en ejercicio de la función pública nacional y provincial quienes, violando sus deberes sobre el manejo, la administración o el cuidado del patrimonio lesionado, y con el fin de procurar un lucro indebido, perjudicaron los intereses confiados y obligaron abusivamente al Estado Nacional".
La ex presidente se enteró de la decisión en su despacho del Senado, desde donde inmediatamente habló para responder al veredicto a través de un mensaje público con duras críticas. Insistió en la idea del "lawfare" y "el partido judicial". Y volvió a repetir que en este juicio no estuvieron acusados los jefes de Gabinete de la gestión K, entre los cuales está el presidente Alberto Fernández y el ministro de Economía Sergio Massa.
El fiscal Diego Luciani, que había pedido doce años de condena para ella, también escuchó el resultado del proceso desde su oficina.
CFK no estaba sola en el banquillo, también estaban acusados el empresario Lázaro Báez, para quien solicitaron 12 años pero también recibió una condena por seis años; al igual que José López, ex secretario de Obras Públicas y Nelson Periotti, ex titular de Dirección Nacional de Vialidad. La sorpresa estuvo en la resolución del ex ministro de Planificación, Julio De Vido, quien fue absuelto de las acusaciones.
Otros funcionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz recibieron las siguientes penas: Juan Carlos Villafañe, 5 años; Raúl Pavesi, 4 años y medio; Raúl Santibañez y Mauricio Collareda, 4 años; Raúl Daurich, 3 años.
Al igual que De Vido, fueron absueltos Abel Fatala y Héctor Garro, a quienes no se consideró como parte de la maniobra de fraude al Estado. Carlos Santiago Kirchner también fue absuelto, pero eso ya se preveía porque los fiscales no pidieron ninguna condena para él.
El 9 de marzo se leerán los argumentos que los llevaron a concluir la responsabilidad penal de cada uno de los acusados. Recién entonces la Vicepresidente podrá apelar ante la Cámara de Casación la condena que recibió por corrupción.

Los fondos robados

La sentencia condenatoria le dio la razón de forma parcial a los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, quienes al finalizar su alegato acusaron a Cristina de haber dirigido una asociación ilícita -delito rechazado por el TOF 2- que se dedicó "a la sustracción de fondos públicos" para beneficiar a quien era su socio comercial, Lázaro Báez. Ese otro delito, de administración fraudulenta en perjuicio del Estado, sí fue convalidado por el tribunal.
En este juicio, que comenzó en mayo de 2019 y condujo a Cristina Kirchner a estar sentada por primera vez en el banquillo de los acusados, se analizaron los contratos viales que ganó el Grupo Austral por $ 46.000 millones.
Hay dos números que expuso el expediente y que resaltaron los jueces en su sentencia: el patrimonio de Báez creció entre 2004 y 2015 un 12.000%, y el de Austral Construcciones, su firma insignia, un 46.000%. Dos datos rodean esas exorbitantes cifras: la empresa tuvo como único cliente al Estado, más específicamente a las tres presidencias kirchneristas, y mientras crecía como empresario de la construcción celebró veinte acuerdos comerciales con los ex presidentes desde el ámbito privado.
La administración fraudulenta fue ponderada desde la idea inicial de la sustracción de fondos del Estado "por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz", lo que representó la contratación "en favor de Lázaro Báez".
Con el contratista "K" como permanente ganador de las licitaciones, hubo un factor más analizado: "un esquema de beneficios exclusivos" que perjudicó el erario público, ya que esos fondos remitidos a Santa Cruz a través de convenios con Vialidad Provincial "se otorgaron de forma irregular, con sobrecostos y pagando certificados de obras que no correspondían", indicó en su momento el fiscal del juicio.
Para que este proceso de adjudicación con irregularidades se concrete, determinaron los integrantes del TOF 2, los integrantes de dichas agencias viales "operaron de diversas maneras al margen del interés público en el marco del desarrollo de las licitaciones y la ejecución de las obras -cada cual según su rol y competencia- configurando, detrás de una apariencia de licitud, una sincronizada y unívoca disposición del aparato estatal enderezado a la consumación del delito".
La defraudación al Estado fue cuantificada por el Ministerio Público Fiscal en 1.000 millones de dólares, cifra a la que se llegó bajo la siguiente premisa: "Hubo una administración infiel, se dilapidaron fondos de la ciudadanía, tributados con la confianza de que serían destinados a fines nobles, lícitos".
Después de tanto tiempo, la Justicia abrió los ojos y comenzó a actuar, lo que genera esperanzas de que pueda ser el comienzo de una nueva era, una en la que se juzguen todos los hechos ilícitos y/o de corrupción de quienes son elegidos para dirigir y beneficiar al país, y no para robarse el dinero de la población.