16.49 Luego de tres meses y medio de la renuncia de Highton, la presencia de una representante femenina en la Corte se vuelve un tema central en las demandas al Poder Ejecutivo.

Tras la renuncia la Elena Highton de Nolasco como jueza de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, efectiva a partir del primero de noviembre del 2021, y la vacante femenina que se generó, distintos organismos de justicia enviaron una carta al presidente de la nación, Alberto Fernández, para exigir que presente una postulación para ocupar el cargo.

Según lo señalado en el documento, se han vencido los 30 días establecidos en el artículo 4° del Decreto 222/03 para la publicación de un pliego para el cargo vacante -ya han pasado a la fecha 108 días- y destacaron que existe una “afectación institucional” al no estar el tribunal compuesto en su totalidad y que no haya una integrante mujer.

En sintonía, expresó que la situación actual “obstaculiza el correcto desarrollo del proceso de deliberación que rige a todas las decisiones y resoluciones del máximo tribunal, y afecta su legitimidad e impacto”, y señaló que “resulta en una grave afectación a los derechos del conjunto de las mujeres del país el hecho de que el órgano de justicia de mayor jerarquía carezca de representación femenina”.

“La candidata propuesta debe reunir, como cualquier integrante de la Corte, requisitos imprescindibles para satisfacer las exigencias del cargo”, enfatizó la carta y aclaró: “idoneidad técnico-jurídica (basada en antecedentes de formación universitaria de grado y posgrado, una producción científica sobresaliente y experiencia profesional adecuada para el cargo, tanto en el sector público y/o privado), y la independencia de criterio y autonomía respecto de la influencia de los poderes políticos y de distintos grupos de interés”.

Al respecto, remarcaron que “es fundamental que la candidata demuestre un compromiso probado con el Estado de derecho, los valores democráticos, los derechos humanos, con el principio de no-discriminación y con los derechos de las mujeres y los grupos más vulnerabilidades de nuestra sociedad”.

“En particular, la candidata debe demostrar desempeño profesional y académico con perspectiva de género, es decir, consciente de la influencia que la diferencia en los roles, funciones y atributos asignados en una sociedad determinada a las personas en razón de su género ha tenido y tiene en la desigualdad de oportunidades en el acceso a la justicia y en el ejercicio de derechos de las mujeres y personas LGTBIQ+”, apuntaron.

Los organismos que firmaron el documento fueron Abofem Argentina; Amnistía Internacional; Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ); Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL); Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA); Fundación para Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM); Fundación Mujeres en Igualdad (MEI); Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP); Poder Ciudadano y GQUAL. (Tiempo Judicial)