Lo manifestó tras la acusación del jefe de los fiscales, Eduardo Casal, contra el Presidente de la Nación por "injerencia indebida" tras su opinión sobre la investigación de la causa de la Obra Pública, que involucra a la vicepresidente Cristina Fernández, y por cuestionar al fiscal Luciani.

El presidente Alberto Fernández le respondió con dureza al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien lo había acusado de cometer una "injerencia indebida" por opinar sobre la causa de Vialidad Nacional, en la que el fiscal Diego Luciani pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita.
Mediante una extensa carta, de cinco páginas, el jefe de Estado rechazó los dichos de Casal e indicó que "lejos de importar un menoscabo a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso" sus declaraciones "constituyen una expresión de lo que observa gran parte de la ciudadanía".
Según Fernández, la coincidencia es que "a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la Justicia Federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y políticos que a las normas vigentes" y que esta situación "hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a los argentinos".
Defendiéndose de sus propios dichos en un programa de televisión, el Presidente de la Nación indicó que sus expresiones "pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario, y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso". Para magistrados y juristas, en cambio, sintetizó una intromisión en el funcionamiento de la Justicia y violó los límites establecidos en el artículo 109 de la Constitución.
"No obstante -agrega el Presidente- es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática".
La carta en la que Casal le manifestó su "profunda preocupación" había provocado mucho malestar en Casa Rosada, donde intentaban apagar el escándalo en sintonía con el fastidio que provocó en el kirchnerismo que, con su desliz, el Presidente había cambiado la agenda que había logrado instalar Cristina, con su operativo de victimización.
Así, el Gobierno debatió con intensidad el alcance de la respuesta, para no romper con el pedido K que explicitó crudamente la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuando le pidió que "hable lo menos posible".
Finalmente, Fernández escribió la carta durante la noche del jueves, bajo la asesoría de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos. Y este viernes, que se recluyó en la residencia de Olivos y no informó agenda oficial, le dio los últimos trazos al texto junto a la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti.
En la nota, el mandatario recordó "lo que ha sucedido en el hermano país de Brasil, donde el dirigente político Lula Da Silva fue condenado y encarcelado injustamente, y por lo tanto proscripto para participar en las elecciones presidenciales". "Fue una verdadera persecución judicial, mediática y política", argumentó Fernández ya que, remarcó, luego "el proceso fue declarado nulo".
Este tramo de la carta se trata de una nueva defensa a Cristina, que sostiene que la quieren "proscribir", a pesar de que la Justicia acumuló pruebas contundentes no sólo en esta causa sino en otras que la vicepresidente tiene abiertas.
De vuelta en lo que fue su intervención en el programa de TN "A dos Voces", Fernández sostuvo que en la entrevista se expresó en el marco del derecho a la libertad de expresión garantizado en la Constitución Nacional. "No he ejercido funciones judiciales, ni me he arrogado el conocimiento de causas pendientes ni he restablecido las fenecidas", insistió. Por sus declaraciones, el Presidente fue denunciado por "amenazas y sedición" por la Coalición Cívica de Elisa Carrió.
¿Qué había dicho? "Cristina no tiene nada que ver en esta causa, no tengo ninguna duda. No cometió ninguno de los delitos que se le atribuyen", opinó al ser consultado por la imputación que hicieron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. "Es una mujer honesta, no ha participado en nada de lo que están diciendo", agregó.
También, en la frase que desató más polémica, vinculó el pedido de la Corte Suprema de Justicia, que reclamó reforzar la seguridad de los magistrados, a la muerte del fiscal Alberto Nisman, quien apareció muerto horas antes de declarar en el Congreso contra la por entonces presidente Cristina, a quien había denunciado por intentar encubrir a los responsables del atentado a la AMIA. "Al fiscal Luciani le regalaría algunos tratados de derecho penal. Por mucho que grite justicia o corrupción, dijo un sinfín de disparates jurídicos. Pero alentar la idea de que le pueda pasar al fiscal Luciani lo que le pasó a Nisman… Hasta acá, lo que le pasó a Nisman es que se suicidó, no otra cosa. Yo lo que espero es que Luciani no haga algo así", sorprendió.
Esto puso en alerta a los fiscales que recordaron que la Justicia investiga la muerte de Nisman como un homicidio y consideraron que "los dichos (del Presidente) poseen un contenido desagradable y temerario". Asimismo, le pidieron al mandatario que garantice el "cumplimiento estricto" de la Constitución.
Luego, el jefe de los fiscales envió una nota al Presidente, a través del ministro de Justicia, Martín Soria. "Es una clara perturbación en el ejercicio de sus funciones", le advirtió Casal.
Enojado con Casal, no se privó de recordarle que es "adjunto interinamente a cargo". Fernández incluyó duras críticas, repasó su accionar durante la gestión anterior y señaló que tiene una "doble vara para medir hechos institucionales".
"Obsérvese que el señor Procurador expresa su preocupación por una supuesta injerencia por parte del Presidente en un proceso penal, pero no lo ha preocupado, ni ha visto injerencia alguna, cuando el ex presidente Mauricio Macri, estando en ejercicio del cargo, recibió al imputado Luis Chocobar en la Casa Rosada".
"Tampoco llamó la atención del procurador que Macri directamente instruyera a su ministro de Justicia para que iniciara juicio político al juez Alejo Ramos Padilla y manifestara que 'no es un juez que actúe con ecuanimidad' y que se prestó a un show mediático político".
También lo acusó de "complacencia" con el fiscal Carlos Stornelli, "al que le permitió mantenerse en rebeldía por casi nueve meses".
"Hubiera sido importante, para la salud democrática de nuestro país, que se plasmara también en impulsar investigaciones transparentes respecto de las motivaciones reales que tuvieron algunas visitas realizadas por destacados miembros del Poder Judicial al ex presidente; en el rol que tuvo el prófugo (Fabián) 'Pepín' Rodríguez Simón y otros ex funcionarios en la llamada 'Mesa Judicial' y en garantizar la imparcialidad de quienes intervienen como magistrados y funcionarios", concluyó, en su comunicado, el Presidente de los argentinos. Con información de Clarín.