Desde que un año atrás se instauraron en la Argentina las medidas sanitarias para intentar reducir el impacto del Covid-19, de a poco y con contrariedades se fueron restableciendo las actividades en gran parte del país.
 
Sin embargo, en Formosa continúan las limitaciones a la circulación y el ingreso de personas al territorio provincial, así como su salida, a lo que se suma un régimen de aislamiento que ha sido cuestionado por organismos nacionales e internacionales. Todo ello derivó en denuncias por presuntas violaciones a los derechos humanos de las personas retenidas en los centros de aislamiento y en un deterioro de la situación de la libertad de expresión en esa provincia.
 
En el día de hoy, durante una manifestación de vecinos y comerciantes en la capital provincial contra las medidas restrictivas a la circulación en esa ciudad, la policía local hirió con balas de goma al periodista Maxi Galarza, de Radio Fantasía. También fue detenida otra periodista, Julieta González, de Radio Parque. Hasta el momento, no hubo información sobre las razones de su detención.
 
Previamente a lo ocurrido durante la jornada de hoy, en la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) recibimos con alarma creciente denuncias sobre restricciones, atropellos y serias limitaciones al ejercicio periodístico en Formosa, tanto por parte de los periodistas locales como de los profesionales enviados por los medios nacionales.
 
En enero pasado, el periodista Leonardo Fernández Acosta, jefe de Redacción de El Comercial, recibió reiterados ataques verbales por parte de funcionarios del gobierno provincial, al tiempo que era víctima de hostigamiento y ataques anónimos en las redes sociales, en los que se pretende desprestigiar su trabajo. Las agresiones se vincularon a su cobertura de la situación local derivada de las medidas por la pandemia.
 
El 25 de enero, el Consejo de Atención Integral de la Emergencia Covid-19 en Formosa cambió la modalidad de las conferencias de prensa que organiza a diario sobre la situación sanitaria en la provincia. A partir de ese día, se exige que los periodistas presenten una limitada cantidad de preguntas por escrito, para que luego sean leídas por un vocero gubernamental. Esto implica un acto de control o auditoría estatal sobre la tarea periodística y, por ende, sobre la libertad informativa.
 
A comienzos de febrero, funcionarios provinciales de los puestos limítrofes restringieron el ingreso a la provincia al equipo periodístico de La Nación, de Buenos Aires, que había viajado para cubrir la situación sanitaria. Para acceder al territorio formoseño, los periodistas Inés Beato Vassolo y Fabián Marelli debieron presentar un habeas corpus ante la Justicia.
 
Desde el paso limítrofe entre Chaco y Formosa, los periodistas intentaron contactar al ministro de Gobierno, Jorge González; al subsecretario de Medios del gobernador Gildo Insfrán, Sergio Recalde; al epidemiólogo asesor del comité de emergencia de Covid-19 Julián Bibolini, y a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, para conseguir autorización de ingreso sin cuarentena y con todos los protocolos requeridos, en pos del libre ejercicio de la actividad de prensa.
 
El 3 de marzo, la Justicia federal con competencia en Formosa rechazó el habeas corpus y dispuso un inédito “protocolo de actuación ante el ingreso del personal esencial”, que, alega, data del 14 de enero, pese a nunca haber sido mencionado ante ningún periodista.
 
El protocolo –cuya emisión digital es del 2 de este mes y fue firmado por el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa– dispone que durante su estadía en la provincia el personal esencial “no deberá alejarse de su recinto laboral ni de su alojamiento, a los fines de mantener el distanciamiento social durante toda su permanencia”, hecho que limita la cobertura periodística.
 
La Justicia formoseña indicó que “tampoco surge acreditado que [los periodistas de La Nación]hayan intentado entrar a la provincia y consecuentemente que se haya visto amenazada su libertad ambulatoria”, pese a los múltiples intentos de ese medio por conseguir la autorización. 
 
Impedir el acceso al periodismo en los puestos limítrofes de una provincia es una clara violación a la libertad de informar, y además desconoce los alcances del DNU 297/2020, que dispuso el aislamiento social, preventivo y obligatorio, y en el que se menciona entre las personas exceptuadas de la prohibición de circular al "personal que se desempeña en los servicios de comunicación audiovisuales, radiales y gráficos".
 
Adepa también registró otro episodio reciente, en el cual se despidió de la agencia informativa Agenfor a la periodista Gabriela Daneri por sus dichos en redes sociales que cuestionaban a la Secretaría de la Mujer provincial en el marco del femicidio de Mirna Palma. La periodista fue repuesta luego en el medio oficial, pero con una clara advertencia sobre su situación.
 
El 1 de marzo Adepa dio cuenta del amedrentamiento contra el equipo periodístico de la señal Todo Noticias por parte del diputado provincial Roberto Vizcaíno, quien a través de un mensaje de audio pidió “tomar acciones concretas” frente a la llegada del móvil del canal coordinado por la periodista Paula Bernini, y que se encontraba realizando una cobertura en las ciudades de Ingeniero Juárez y Las Lomitas.
 
“Tenemos que actuar igual que cuando vino Lanata”, fue el mensaje del legislador dirigido a un grupo de integrantes de las comunidades wichis, en alusión al acoso que sufrió ese periodista en 2012, cuando viajó a la provincia de Formosa para el programa Periodismo para Todos, de Canal 13. “Cuando entren, hay que acompañarlos y no dejarlos, porque si no el enemigo saca solamente lo que dice la oposición”, advirtió Vizcaíno. “No tengo que dar más explicaciones, porque, como dice el gobernador, el pueblo formoseño y las comunidades somos un pueblo esclarecido. Ustedes sabrán cómo manejarse y organizarse”, enfatizó.
 
Días antes de la llegada del equipo de TN, un grupo de concejales de la localidad formoseña de Palo Santo emitió una resolución en la que calificaron como “personas no gratas” al equipo de TN. Los ediles tomaron la insólita decisión luego de que el canal hiciera una nota desde un centro de aislamiento en Clorinda, donde hay personas alojadas por ser sospechosas de haber contraído coronavirus. Según argumentaron los concejales, la acción del canal formaría parte de un “ataque sistémico” por parte de los medios de comunicación nacionales, cuyo fin es “desacreditar la imagen del gobierno provincial”.
 
Esta misma semana, frente a las amenazas realizadas por funcionarios públicos de Formosa al equipo periodístico de TN, la Justicia Federal ordenó a las autoridades provinciales garantizar la seguridad personal y la libertad del personal de prensa a fin de permitir el libre ejercicio de su tarea. Como respuesta a esa orden, dos vehículos de la policía de la provincia realizan un seguimiento constante al móvil periodístico.
 
Adepa considera que el “cumplimiento” que la policía de la Provincia realiza de esa orden judicial constituye una nueva violación a la libertad de expresión, en tanto supone un seguimiento a los periodistas, impropio en un Estado democrático.
 
Resulta además grave que justamente una de las instituciones cuestionadas por implementar abusivamente las normas de la cuarentena, motivo de la investigación periodística, sea la designada por la justicia para garantizar la labor de los profesionales de prensa.
 
El 2 de marzo hubo una situación de hostigamiento por parte de un grupo de vecinos de Las Lomitas al equipo periodístico de Lapacho Canal 11, integrado por el cronista Jorge Sánchez y el camarógrafo Ariel Mármori.
 
Todo ocurrió cuando los periodistas visitaban el hogar del cacique de la comunidad wichí en el Lote 47, Gabriel González, y al intentar continuar

su marcha, la camioneta en la que se desplazaban fue rodeada por un grupo de 20 personas en moto y a pie. Tuvieron que retirarse del lugar escoltados por efectivos policiales, mientras seguían recibiendo amenazas e insultos.
 
La enumeración de esos hechos refleja, por sí misma, las características de un serio debilitamiento institucional que limita gravemente el rol del periodismo libre y que en definitiva termina afectando a los ciudadanos formoseños, y por ende la calidad de la democracia en esa provincia.