El nuevo proyecto de Presupuesto 2027 continúa priorizando la recaudación impositiva por sobre el incentivo a la producción, consolidando al sector agropecuario como el principal sostén financiero del Estado, como muestra la disminución de la devolución de créditos de IVA.
El contador tributarista Mariano Echegaray Ferrer destaca una problemática crítica referida a la acumulación de saldos técnicos de IVA sin recuperar, los cuales mantienen inmovilizados unos u$s770 millones de los productores debido a la asimetría de alícuotas.
Ante la falta de rebajas al agro y a la clase media en la reforma tributaria, el experto propone transformar estos créditos fiscales en bonos negociables para recuperar liquidez sin afectar el superávit fiscal.
La trampa del IVA inmovilizado y los «créditos bobos»
«La dinámica propia del negocio agropecuario crea un desfasaje estructural: el productor adquiere sus insumos y bienes de capital a una alícuota del 21%, pero vende su producción primaria al 10,5%. Esta brecha genera de forma sistemática saldos técnicos a favor del contribuyente que quedan acumulados y retenidos en las declaraciones juradas», explica Echegaray Ferrer.
Pero las cifras oficiales del Presupuesto evidencian un recorte severo en el cupo fiscal destinado a la devolución de IVA por inversiones en bienes de capital:
Año 2019: $15.000 millones, equivalentes a u$s394 millones.
Proyecto de Presupuesto 2027: $30.000 millones, con opción de ampliarse a $40.000 millones, equivalentes a tan solo u$s21 millones a u$s26 millones.
Según estimaciones de la asociación CREA, se calculan más de u$s770 millones inmovilizados en las cuentas de los productores por créditos fiscales no absorbibles.
«En un escenario de menor inflación donde los saldos ya no se licúan velozmente, combinado con elevadas tasas de interés para el financiamiento bancario, mantener el capital de trabajo bloqueado representa una pérdida directa de margen y liquidez», afirma Echegaray Ferrer.
El rol del campo en el Presupuesto: recaudación antes que incentivos
«El proyecto elaborado por el Poder Ejecutivo consolida una mirada tradicional sobre el sector, abordándolo prioritariamente como una caja generadora de divisas e ingresos fiscales a través del Impuesto a las Ganancias, el IVA y los Derechos de Exportación», indica Echegaray Ferrer.
«La participación del Estado sobre la renta agrícola se mantiene en niveles muy altos y el diseño presupuestario posiciona al productor como un sostén clave del esquema fiscal, en lugar de un socio para la expansión productiva y la inversión de largo plazo», critica.
Echegaray sintetiza la relación asimétrica entre el fisco y el sector con una frase contundente: «El Estado actúa como un acreedor implacable cuando exige el pago de impuestos, pero se comporta como un deudor silencioso al congelar los saldos técnicos de IVA y limitar la devolución por inversiones en bienes de capital».
Cómo es la propuesta de titulización y bonos negociables
Entendiendo la restricción del Gobierno de resguardar el superávit fiscal sin comprometer erogaciones del Tesoro, Echegaray Ferrer propone una alternativa financiera inspirada en la Ley Pyme de 2017 o los títulos BOPREA que consiste en lo siguiente:
Emisión de bonos de crédito fiscal: titulizar los saldos técnicos acumulados para convertirlos en un instrumento negociable a mediano o largo plazo.
Colateralización crediticia: sin requerir un desembolso presupuestario inmediato por parte del Estado, los productores podrían usar estos bonos como garantía bancaria para acceder a créditos de capital de trabajo o descontarlos en el mercado secundario.
Incentivos impositivos: alinear el tratamiento tributario del agro con los regímenes de incentivo a grandes inversiones (RIGI), evitando que la compra de maquinaria y equipamiento resulte penalizada por la acumulación permanente de IVA.
