Una auditoría reciente realizada en el PAMI sacó a la luz un presunto esquema de fraude millonario vinculado a prestaciones oftalmológicas, que involucraría a médicos, ópticas y circuitos de facturación irregular en distintas provincias del país.
Según se desprende de los informes, las irregularidades detectadas incluyen sobrefacturación en la provisión de lentes, cobros duplicados, prácticas médicas que nunca se realizaron y la utilización de recetas sin respaldo clínico. En algunos casos, los valores facturados por anteojos superaban ampliamente su costo real, llegando a multiplicarse varias veces por encima del precio de mercado.
Otro de los puntos que encendió las alarmas fue la detección de prestaciones “fantasma”: afiliados que figuraban como atendidos sin haber concurrido a consultas o estudios. Estas maniobras, de acuerdo a la auditoría, habrían sido sostenidas mediante circuitos cerrados entre profesionales de la salud y establecimientos ópticos, lo que permitía dar apariencia de legalidad a las operaciones.
El esquema no habría sido aislado. Las investigaciones identificaron irregularidades en varias jurisdicciones, entre ellas provincias como Buenos Aires, Entre Ríos, La Rioja y Santiago del Estero, lo que refuerza la hipótesis de un mecanismo replicado en diferentes puntos del país.
Frente a este escenario, desde el organismo avanzaron con la apertura de sumarios administrativos, la suspensión de prestadores involucrados y la presentación de denuncias judiciales. Además, se dispuso un refuerzo en los controles sobre la emisión de recetas y los procesos de facturación, con el objetivo de evitar nuevas maniobras fraudulentas.
El caso se suma a una serie de irregularidades detectadas en los últimos meses a partir de auditorías internas, en un contexto en el que el PAMI busca ordenar su funcionamiento y garantizar el uso transparente de los recursos destinados a la atención de jubilados y pensionados.
En ese marco, el escándalo de las prestaciones oftalmológicas vuelve a poner en discusión los mecanismos de control dentro del sistema y expone cómo, a través de prácticas reiteradas, se habrían desviado fondos públicos que debían destinarse a la salud de los afiliados.
