Por Guillermo Briggiler- La dinámica reciente lo muestra con crudeza. Primero, legisladores de la Cámara de Diputados rechazaron los vetos presidenciales a las leyes que financian la emergencia pediátrica del Garrahan y al financiamiento universitario; las normas pasan ahora al Senado. Esa votación masiva de respaldo legislativo y social abrió un pulso político que puede transformarse en pulso económico. ¿Qué costaban esas medidas en términos fiscales? La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que la emergencia pediátrica implicaba un aumento del gasto cercano a $65.573 millones sólo entre julio y diciembre, y las actualizaciones salariales en salud y universidades suman decenas de miles de millones más si se aplican plenamente. Esos números no son abstracciones: son pesos que deben salir del presupuesto, por vía de reasignaciones, deuda o la temible emisión.
¿Por qué preocupa al mercado? Porque cuando se percibe que el gasto público puede subir sin contrapartidas claras, los inversores reclaman mayor rentabilidad por el riesgo de los activos argentinos: bonos caen, la prima de riesgo sube y el dólar recibe presión. En días recientes ese temor llevó al riesgo país a superar los 1.000 puntos en su pico, y provocó ventas de activos hasta que señales externas y políticas limitaron el desborde.
Y aquí entra otra variable: el gesto internacional y los atajos electorales. En cuestión de horas la Casa Blanca (con declaraciones públicas del presidente de Estados Unidos y del secretario del Tesoro) dijo estar dispuesta a “hacer lo que sea necesario” para apoyar la estabilidad en Argentina, lo que incluyó la posibilidad de instrumentos como compra de deuda, swaps o acciones del Exchange Stabilization Fund, y los mercados reaccionaron con alivio. Ese respaldo no borra los problemas domésticos, pero sí compró tiempo y espacio político.
Al mismo tiempo, el Gobierno decretó la eliminación temporal de las retenciones a granos y a carnes hasta el 31 de octubre (o hasta alcanzar un cupo de liquidación), una medida destinada a fomentar la entrada rápida de dólares al mercado. Tiene una lógica práctica: traer divisas en un momento de tensión cambiaria. Tiene también un sello político: la medida es temporal y coincide con el calendario electoral, lo que alimenta la crítica de que se trata más de una maniobra para el corto plazo que de una política estructural. El costo fiscal estimado puede llegar, según cálculos públicos, a varios cientos de millones de dólares (informes hablan de hasta US$1.000 millones), y su eficacia depende de que los exportadores liquiden realmente las divisas en los tiempos fijados.
La política lo decide todo, pero la economía lo paga. Pedir justicia social es legítimo; prometerla sin explicar el pago es peligroso. Los votantes, los legisladores y el Gobierno tienen frente a sí una prueba de responsabilidad: sostener la protección social sin cavar una trampa macroeconómica. La pregunta es sencilla: ¿queremos soluciones inmediatas que mejoren el día a día aunque puedan encender la inflación y el dólar mañana, o preferimos un camino más ordenado que cuide el ingreso real en el mediano plazo? Ninguna opción es gratis.
Las normas dictadas desde el Congreso sin prever los recursos para los gastos que ordenan, son desestabilizadoras y populistas. La quita de retenciones, sin el correspondiente ajuste del gasto, son también medidas populistas. Sin embargo, en el segundo punto, la quita de retenciones, si logra que se sostenga la baja del dólar, replica en menores intereses de deuda a pagar y menor costo en los contratos vendidos de dólar futuro, por lo que el efecto podría llegar a ser beneficioso para el país.
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