El Gobierno de Javier Milei avanza con un nuevo enfoque para la economía argentina: atraer inversión privada en infraestructura y privatizar empresas estatales, especialmente aquellas vinculadas a servicios públicos. La propuesta central consiste en que las obras sean financiadas por el sector privado, no por la emisión monetaria de un Estado deficitario, y que sus costos se transfieran a los usuarios a través de las tarifas.
A contramano de políticas anteriores, como el congelamiento tarifario durante los gobiernos kirchneristas, que produjo años de desinversión en sectores estratégicos como el sistema eléctrico nacional, Milei busca instaurar reglas de juego que garanticen certezas a largo plazo.
Aunque el modelo Milei aún no ha despertado el interés efectivo de empresas nacionales o extranjeras para adjudicarse compañías públicas o ejecutar obras de largo plazo, el Gobierno apuesta a mecanismos que aporten previsibilidad, como el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
En las últimas semanas se definieron las tres primeras de dieciséis obras prioritarias para el transporte eléctrico de alta tensión: AMBA I, la Línea de 500 kV Río Diamante y la de Puerto Madryn – Choele Choel – Bahía Blanca. El paquete, estimado en USD 1.900 millones, se ejecutará bajo el modelo de concesión de obra, mediante el cual los usuarios pagarán un cargo adicional en la factura una vez que entren en servicio. Actualmente, siguen los preparativos de los pliegos licitatorios.
En las últimas dos décadas fue necesario invertir al menos USD 30.000 millones en este tipo de desarrollos, pero el congelamiento tarifario llevó al efecto contrario. Como resultado, persisten apagones tanto en los picos de calor estival como en olas de frío invernal. Durante ese período, el Tesoro nacional destinó cerca de USD 150.000 millones a subsidios, sostenidos por emisión monetaria, lo que impactó en la inflación a niveles récord en las últimas tres décadas.
Uno de los objetivos para lo que resta de 2025 lanzar una licitación pública nacional e internacional por al menos el 51% del paquete accionario de Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (AySA), para que en menos de un año el servicio pase a depender de un privado. El remanente, que actualmente representa el 90% en manos estatales, se subastará en el mercado bursátil en 2026.
Para atraer inversores, el Gobierno planea modificar el marco regulatorio de la concesión de AySA en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), donde presta servicios a más de once millones de personas. Entre las propuestas se destaca que la nueva concesionaria pueda efectuar cortes ante morosidad, ajustes tarifarios trimestrales según inflación y financiar las obras directamente a través de las facturas de los usuarios. “El 28% de la red de agua y el 50% de los afluentes está obsoleta”, confirman en AySA.
Respecto a las rutas nacionales, el Ministerio de Economía optó por mantener el Fondo de Garantías Argentino (Fogar), pese a lo estipulado en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) respecto a la eliminación de fondos fiduciarios. El objetivo es respaldar las inversiones de las compañías que obtengan concesiones de rutas estatales, sirviendo el fondo como garantía ante eventuales congelamientos tarifarios en peajes.
Así lo explicó Martín Maccarone, secretario coordinador de Infraestructura, durante una transmisión en el streaming Carajo, junto con otros miembros del equipo económico.
Maccarone anunció la adjudicación de más de 9.000 kilómetros de rutas antes de que finalice el año y detalló las etapas y herramientas pensadas para seducir a los inversores. Funcionarios durante la entrevista definieron este mecanismo como “fondo anti kuka”, aludiendo a los congelamientos aplicados en gestiones previas. La mejora de rutas es considerada esencial para el desarrollo de minería, energía y agroindustria.
En la última semana, Transportadora Gas del Sur (TGS) resultó la única empresa en presentar oferta en la licitación impulsada por la estatal Energía Argentina Sociedad Anónima (Enarsa) para financiar y ampliar la capacidad de transporte de gas del Tramo I del Gasoducto Perito Moreno. Este proyecto de iniciativa privada, propuesto el pasado año por la misma compañía, cuenta con una inversión proyectada de USD 700 millones.
Es la primera obra privada de infraestructura gasífera durante el Gobierno de Milei. Su ejecución supondría un ahorro fiscal de USD 500 millones por reemplazo de importaciones de combustible, según cálculos de TGS y el Ministerio de Economía. La operación y el mantenimiento del Gasoducto Perito Moreno se encuentran bajo responsabilidad de la empresa.
Certidumbre regulatoria, financiamiento privado y tarifas alineadas con los costos de inversión son los tres pilares del plan oficial para reactivar la infraestructura básica, incentivar la llegada de capitales y reducir la dependencia estatal en la prestación de servicios esenciales. La estabilidad macroeconómica y la continuidad en la agenda desreguladora de Javier Milei son factores que los inversores observan con cautela. Fuente: Infobae.
