El Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) expresó su «profundo rechazo» a las intenciones del Gobierno nacional de avanzar con una transformación estructural dentro del organismo. A través de un comunicado, las autoridades manifestaron que «Queremos manifestar nuestro firme rechazo ante la posibilidad de que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) pierda su carácter de organismo descentralizado. Este cambio implicaría, entre otras consecuencias graves, la pérdida de personería jurídica propia y de la autonomía administrativa, financiera y patrimonial, pilares esenciales para el cumplimiento de su misión institucional.
Si se concreta esta modificación, el INTI no podría acreditar sus servicíos de certificación, firmar convenios de transferencia tecnológica, establecer contratos de desarrollo, formalizar acuerdos de asistencia técnica y proteger su propiedad intelectual a través de patentes, modelos de utilidad, derechos de autor y otros instrumentos legales. En consecuencia, se vería incapacitada su vinculación con el entramado productivo y tecnológico nacional, comprometiendo su rol estratégico y el cumplimiento de sus funciones esenciales.
Además estaría impedido de gestionar fondos de forma directa, debiendo canalizar todos los recursos a través del Presupuesto Público. Esto lo sometería al régimen de crédito presupuestario y a las limitaciones de las cuotas de compromiso y devengado, reduciendo drásticamente su capacidad de respuesta ante las demandas dinámicas del sector industrial.
Incluso los recursos provenientes de financiamiento externo, ya sea local o internacional, quedarían atrapados en una lógica burocrática incompatible con los plazos y exigencias de los organismos financiadores. Asimismo, se vería seriamente afectada la posibilidad de adquirir insumos específicos y críticos para el funcionamiento de los laboratorios del Instituto.
Transformar al INTI no es simplemente una decisión administrativa, es un retroceso que debilitaría profundamente su rol estratégico en la propuesta y ejecución de políticas públicas industriales. Esto significaría la pérdida de una herramienta técnica y operativa clave para el desarrollo productivo nacional que ya cuenta con 67 años de historia.»
