El Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, a través de la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, juntamente con la Defensoría del Pueblo, presentaron este miércoles acciones para concientizar sobre la violencia digital y la importancia de la sanción de la “Ley Chachi”, denominada así en reconocimiento a María Fernanda Chachi Telesco, joven actriz rafaelina, víctima de ese flagelo, cuya historia se convirtió en emblema de esta lucha. El encuentro se desarrolló en la Sala Feruglio, en la sede de la Defensoría del Pueblo, en la ciudad capital.

La iniciativa que impulsa el Ejecutivo y la Defensoría adhiere a la Ley Nacional N° 27.736 (Ley Olimpia), promulgada en 2023 y modificatoria de la ley nacional N° 26.485 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres”. Además, busca incorporar modificaciones al Código Contravencional de la provincial y ampliar la Ley Provincial Nº 13.348 de “Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres”.

Proteger, concientizar y prevenir

En ese marco, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la Provincia, Alicia Tate, destacó que “el avance de la tecnología es importante y necesario, pero conlleva muchos riesgos y hay que estar alertas para prevenirlos. El caso de Chachi Telesco fue el primero que tuvo trascendencia a nivel nacional y pudo haber arruinado su vida por la gravedad del delito cometido, pero ella supo sobrellevar la situación con resiliencia y herramientas que la ayudaron a enfrentar el problema”. Luego, Tate remarcó que “el objetivo es que no haya otras víctimas de violencia digital. Por eso celebramos que el proyecto tenga ya media sanción en la Legislatura provincial y esperamos que rápidamente se sancione la norma que no solo es de adhesión a la Ley Olimpia, sino que la supera imponiendo multas y otras penas destinadas a prevenir y a erradicar la violencia digital”.

Por su parte, el defensor del Pueblo, Jorge Henn, valoró “el trabajo conjunto y sostenido con la Secretaría de Mujeres, Género Y Diversidad respecto de la violencia digital, que es un flagelo que ocurre todos los días. Y en este sentido, Chachi es un ejemplo de transformar un problema personal en una lucha colectiva. Queremos que esto nunca más vuelva a ocurrir en nuestra provincia y, en ese marco, presentamos junto con la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad el proyecto que tiene media sanción en la Legislatura y que regula dentro del Código de Convivencia figuras como el hostigamiento digital, además de crear determinados mecanismos de intervención basados en la prevención, la discusión de currículas, entre otros. No podemos desconocer que detrás de cada historia de hostigamiento digital hay historias de vida muy fuertes”.

En tanto, Telesco recordó que “en 2007 no había nadie que me escuche, ni abogados, ni la Corte Suprema, ni la Policía, y no sabíamos cómo ir en contra de monstruos invisibles en Internet, ya que en ese momento no había whatsapp. Después de 17 años, me emociona ver tanta gente trabajando en un espacio como el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de la Provincia, a través de la Secretaría de la Mujer, junto con la Defensoría del Pueblo, para que a las mujeres santafesinas, personas trans, que son aquellas que más sufren el hostigamiento digital, estén protegidas y se abrace a las víctimas de este flagelo. Con la sanción de la ley se garantizará la prevención de este delito en escuelas, en universidades y demás instituciones, y se brindarán las herramientas para que los adultos sepamos qué hacer ante estos casos”.

Cabe señalar que de la actividad participaron también la subsecretaria de Planificación, Gestión y Evaluación Estratégica, Daniela Qüesta; y el procurador general de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Barraguirre; y la directora de Derechos y Vinculación Ciudadana e Institucional de la Municipalidad de Santa Fe, Florencia Gentile, junto con demás autoridades provinciales y locales y representantes del Centro de Asistencia a la Víctima y de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes, dependientes de la Defensoría del Pueblo.