Por Guillermo Sáenz

Este año, el Instituto Superior del Profesorado N° 2 "Dr. Joaquín V. González" de Rafaela celebra 60 años de su creación. Abrió sus puertas el 14 de abril de 1964. Es, por tanto, la institución más antigua de educación superior en nuestra ciudad. Hoy en ella se forman docentes para todos los niveles de la trayectoria obligatoria del sistema educativo y técnicos en diversos campos del quehacer profesional.

Nuestro reconocimiento a la iniciativa del Profesor Virgilio Cordero y a un puñado de profesores que la concretaron, dándole a Rafaela un centro de formación docente al que muchísimos educadores rafaelinos y de la región le debemos tanto.

Un acontecimiento de esta relevancia para la Educación y la cultura de nuestra ciudad motiva algunas reflexiones en torno al valor social de la educación y, especialmente, al papel que juega la formación de los docentes en el marco de un proyecto educativo.

La construcción de un proyecto común, en especial el de una sociedad más inclusiva, requiere un esfuerzo colectivo de la ciudadanía. En el mismo, la educación debe ocupar un lugar central como bien común, y el Estado -en tanto gestor de ese bien común- actuar como garante del derecho a la Educación.

Hoy la Educación, como proceso de formación de las personas, enfrenta la tarea de construir una propuesta que integre la transmisión de la cultura con las exigencias actuales, lo que implica que los docentes deben estar permanentemente actualizados. Esa necesaria capacitación pedagógica (casi continua) se alinea, además, con los requerimientos de un nuevo mercado laboral y las incesantes innovaciones tecnológicas que marcan el ritmo del cambio en el mundo moderno.

Según el prestigioso investigador mejicano Ángel Díaz Barriga, una mirada acerca de los trabajos de investigación cuyo objeto de estudio son las reformas educativas, muestra que éstas se realizan en gran medida a partir de la opinión y la percepción de sus actores: estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. Desde esa perspectiva interpretativa, la formación docente es el principal problema educativo percibido por los argentinos de acuerdo con un estudio realizado por el Observatorio "Hacer Educación", que depende de la Universidad Nacional de Buenos Aires, y que fuera publicado por el diario La Nación en su edición del 16 de abril de 2023.

Esta percepción, que compartimos, justifica la importancia de una política nacional de formación docente elaborada a partir del consenso de todas las jurisdicciones provinciales que forman el Estado Argentino. En ese marco, el desarrollo de una política pública de fortalecimiento de las instituciones de formación docente para todos los niveles y modalidades del sistema educativo. El documento elaborado por el Episcopado Argentino con motivo de la convocatoria al II Congreso Pedagógico Nacional (1985), expresa que "la capacitación, el perfeccionamiento y la jerarquización de los docentes, es un punto clave de cualquier reforma educativa y condición ineludible para su éxito. Nunca será demasiado lo que se haga en este campo" (Educación y Proyecto de Vida; N° 136).

Nos permitimos subrayar esa expresión: "Nunca será demasiado lo que se haga en este campo".

Debemos, entonces, pensar en programas de fortalecimiento de las instituciones de formación docente a partir de orientaciones para la formación de grado como para el acceso a la formación de posgrado y la capacitación de los docentes en servicio. En este ámbito las universidades nacionales y las instituciones terciarias de formación realizan aportes muy valiosos que aún pueden mejorar cualitativa y cuantitativamente. Las políticas de Estado para fortalecer los centros de formación docente resultan indispensables. Respaldar y consolidar, por ejemplo, el trabajo del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) es una de las líneas básicas de política pública en este ámbito.

Asimismo, las políticas de formación y capacitación constituyen herramientas básicas para jerarquizar el ejercicio de la docencia. Siempre es oportuno recordar, en una perspectiva de comprensión global del problema, que esa jerarquización también implica una impostergable reconsideración de los salarios. Pero, evitando una mirada reduccionista, subrayamos la necesidad de abordar la problemática educativa con una activa participación de todos los agentes responsables del proceso educativo, un accionar protagónico de la sociedad civil y una ineludible presencia del Estado como promotor y custodio del bien común. Nada más peligroso que dejar las políticas públicas, en particular las vinculadas con la Educación, libradas a la azarosa y mezquina acción del mercado.

En los últimos tiempos la ciudadanía ha puesto de manifiesto claramente cuánto valora la educación pública. Hay en nuestro país una tradición de reconocimiento de la Educación como soporte fundamental que motoriza nuestro crecimiento y desarrollo. Cuidar lo conquistado en el campo educativo es una tarea que nos corresponde a todos y a cada uno de los ciudadanos argentinos.

El Instituto Superior del Profesorado N° 2 de Rafaela es uno de esos logros conquistados; que nos enorgullece y pone de relieve la importancia que en nuestra ciudad tiene la Educación.