18.11 Así reza el comunicado que emitieron desde el grupo que reclama una justicia sin ideología de género. A continuación, compartimos el comunicado.

Las características de muchas denuncias de abuso sexual es que no existen huellas físicas, por el tiempo transcurrido o por el tipo de hechos denunciados. Esto hace que se le dé mucha relevancia al relato de la supuesta víctima.

Esto mismo, que constituye un avance en términos de derechos para verdaderas víctimas de abuso, representa un grave riesgo cuando se trata de denuncias falsas, producto de deseos de venganza, intenciones de perjudicar a alguien, de obtener algún beneficio en litigios de divorcios o peleas por la custodia de los hijos, o producto de trastornos emocionales y psicológicos que no son debidamente identificados.

Cuando hay niños de por medio, sobre todo niños pequeños, la alta sugestionabilidad de los mismos, el influjo que ejercen los padres sobre su capacidad de interpretar y nombrar hechos, incluso de crear recuerdos, hace que sus relatos muchas veces estén absolutamente contaminados, y sea muy difícil diferenciar entre la verdad psíquica y la verdad fáctica, entre lo que ellos interpretan o les fue transmitido y lo que verdaderamente ocurrió.

Es por ello que la investigación penal en estos casos enfrenta un gran desafío para llegar a la verdad, valiéndose de todas los recursos y herramientas científicas que permitan reconstruir lo ocurrido considerando todos los elementos de contexto que puedan brindar una explicación.

Sin embargo, se observa con gran preocupación, que la investigación penal, sustentándose en la defensa casi dogmática de la premisa de que hay que creer en la víctima, no solo se adentra en la causa partiendo de una única hipótesis investigativa, sino que además desestima a lo largo del proceso, toda prueba, testimonio o indicio que pueda rebatir la misma.

Mas aún, en muchos procesos este sesgo trae aparejadas irregularidades graves por parte de la Fiscalía, que van desde el impedimento u obstaculización en la obtención de pruebas por parte de la defensa, la omisión, ocultamiento y desaparición de evidencia, la manipulación de testigos, la tergiversación de los hechos, la filtración de información a los medios de comunicación para aumentar la presión social, etc. Muchos de estos hechos han tomado estado público por la magnitud de las irregularidades durante el desarrollo de audiencias y juicios.

El hecho de que las cámaras Gesell estén en manos de profesionales del MPA, incumpliendo con el código de procedimiento penal de la provincia que indica que estas deben estar a cargo de un equipo interdisciplinario del poder judicial, y las numerosas denuncias sobre errores en los procedimientos de toma de las mismas, constituye otro grave atropello al derecho a la defensa de las personas acusadas. Las mismas deben ser efectuadas a menores de 16 años o personas con discapacidad, lo cual esto tampoco se respeta ya que se lo están efectuando a adultas para luego no tener que declarar en un debido juicio como corresponde.

Todos estos procesos transcurren con la mayoría de los acusados durante meses en prisión preventiva desde el momento de la denuncia, utilizándose ésta como condena anticipada, violando la garantía constitucional de presunción de inocencia.

Un gran número de denuncias con sus respectivas pruebas han sido presentadas a la Comisión de Acuerdo de la Legislatura sin tener hasta el momento ningún tipo de respuesta, y los funcionarios del MPA continúan al frente de sus funciones sin verse obligados a dar ningún tipo de explicaciones.