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Locales

El Ejecutivo convocó a los inquilinos que reclaman por los desajustes del sector

12.30 La reunión está prevista para el día jueves desde las 08.30 horas en el Salón Verde del palacio municipal. El comunicado completo.

Luego de la presentación de más de 2000 firmas y la movilización de inquilinos frente al palacio municipal el día miércoles 13 del corriente mes, funcionarios del ejecutivo otorgaron una audiencia para tratar el tema de los alquileres este jueves a las 8.30hs. en el Salón Verde. Esto significa un gran avance en los reclamos de ciudadanos que alquilan en Rafaela. Entre los reclamos solicitados se encuentran el enorme precio de los contratos, la gran cantidad de requisitos que solicitan las inmobiliarias, la poca oferta de alquileres, el abuso de algunos propietarios, el mal cobro de impuestos a los inquilinos que le corresponden a los locatarios, entre otros. Esto se da en el marco de la discusión sobre la ley de alquileres a nivel nacional, donde los inquilinos proponen un impuesto nacional a la vivienda vacía y un precio mínimo de inicio para reforzar la ley en defensa del eslabón más débil en este mercado.

De igual modo, en la concentración del pasado miércoles se acercaron una serie de propuestas que pueden ser atendidas a nivel local, sin esperar definiciones nacionales, cómo por ejemplo: un teléfono gratuito de atención a los inquilinos que sufren estafas o que les cobran impuestos ilegales, una campaña que publicite los derechos de los inquilinos, un aumento de la tasa municipal de inmuebles a aquellos propietarios que tengan más de dos viviendas vacías y una garantía municipal como existe en ciudades como La Plata y Buenos Aires. En la ciudad de Rafaela más del 25% de la población carece de casa propia y debe alquilar. Los alquileres mayoritariamente superan en precio el valor del salario mínimo vital y móvil. Para resolver la crisis habitacional de la ciudad, según datos oficiales, se necesitarían más de 7000 viviendas. El hacinamiento crece y también lo hace la desesperación de los ciudadanos que necesitan acceder al derecho constitucional de una vivienda digna.

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