Al cierre de esta edición llegó a la redacción de Diario CASTELLANOS un escueto comunicado emitido desde la Municipalidad de Rafaela donde se confirmó que los agentes acusados de violencia de género y abuso de poder fueron licenciados de sus funciones.

"A partir de la situación de público conocimiento expuesta por personal de Protección Vial, la Municipalidad de Rafaela decidió licenciar de sus funciones a los cinco coordinadores de dicha área, a fines de que el proceso de investigación se desarrolle con total normalidad, en pos de la búsqueda del rápido esclarecimiento de los hechos".

Esto era lo que se había solicitado durante la mañana de este miércoles por parte de los concejales de la ciudad, quienes solicitaban a los miembros del Ejecutivo que se aparten de sus cargos a los involucrados en la causa denunciada por el SEOM.

Desde la oposición solicitaron tomar medidas

Los concejales se reunieron con el fiscal municipal Daniel Fruttero para continuar conversando sobre la ordenanza de crematorios. Además, se trató el tema de las denuncias del SEOM a las empleadas municipales por violencia de género, psicológica y laboral en el área de Protección Vial y Comunitaria.

Por otra parte, también estuvieron en el sexto piso, el jefe de Gabinete Marcelo Lombardo y el secretario de Gobierno y Participación Jorge Muriel. Ambos hablaron sobre la ordenanza de la nueva pavimentación de más de 100 calles, que se votaría la semana que viene, y el convenio de barrio Belgrano para avanzar con la urbanización.

Respecto a la denuncia de las mujeres dirigentes del SEOM sobre violencia de género y la preocupación del Concejo por hechos que manifiestan sobre denuncias desde hace mucho tiempo, durante el encuentro en el sexto piso hubo varios cuestionamientos, entre ellos de Leonardo Viotti: “Las medidas a tomar tienen que ver con el alejamiento o parcialmente dejar en suspenso a algunas personas. Hay que frenar las cosas, alejemos a los señalados momentáneamente hasta que la Justicie no avance; si el SEOM denuncia algo tan duro, directo y concreto con un paro de mujeres con movilización nacional es porque tienen herramientas concretas y hay denuncias dentro del sindicato con nombres y apellidos, y casos específicos”.

Otra de las voces críticas fue Lisandro Mársico: “en una situación extrema, en el caso de Jorge Muriel ya sabía de estas realidades, ¿es buena la convivencia o habría que tomar alguna medida para sacar a las personas? Cuando esto toma estado público, pasa a un nivel de compleja convivencia. Hay que tomar una medida urgente de separación de las personas”.

Muriel se defendió diciendo que “ni bien tomamos conocimiento del tema, accionamos rápidamente, nos reunimos con los integrantes del sindicato como corresponde y le hicimos el pedido formal. Hay que dar los pasos que establece el protocolo y no se puede manejar de otra manera. Por supuesto que emocionalmente uno reaccionaría y actuaría de otra manera. Entiendo que si es real todo esto es de gravedad y uno quisiera que se resuelva o que no hubiera sucedido. Estamos arriba del tema con la misma necesidad que ustedes”.

Al término de la reunión, Fruttero sostuvo que "tomamos conocimiento de la publicación del sindicato por hechos de violencia laboral y de género. Solicitamos de inmediato que proporcionen la información de los hechos que merecen ser investigados. El Municipio tiene desde 2019 un decreto con un protocolo para la investigación de los hechos de violencia laboral y de género. De oficio le requerimos al sindicato que nos dé la información con las pruebas que tiene en su poder para activar el protocolo y comenzar con las entrevistas necesarias, y así investigar estos hechos, que pueden derivar en apartamientos de personas, en traslados o suspensiones preventivas, en un marco de protección de la víctima".

Y aclaró que "hubo denuncias en el marco del protocolo mencionado, se tramitaron denuncias de violencia laboral y de género, derivando las actuaciones a las oficinas respectivas, pero hay que ver si son estos mismos hechos o no; puntualmente, en este caso refieren al área de Protección Vial y Comunitaria".

Por su parte, el presidente del cuerpo, Germán Bottero, remarcó que "fue un tema que no estaba en agencia y surgió con los funcionarios presentes, quienes sostienen que pidieron requisitoria al gremio para que exprese cuales son las situaciones y a las personas a las que se hacía referencia, que oficialmente no hay denuncias".

"Se nos plantearon todas las dudas -continuó-, especialmente de las mujeres concejales sobre esta situaciones denunciadas y hechas públicas, como sigue la relación laboral e interpersonal en el conflicto. Les pedimos que haya celeridad, porque sin juzgar seguramente haya necesidad de apartar, trasladar, suspender sobre las decisiones a tomar con algunas de las personas sindicadas como autores de algunas de estas cuestiones, para evitar que estas situaciones se repitan y resguardar a las personas que son víctimas de estas situaciones. Nos dijeron que estaban tomando cartas en el asunto".

Además, Bottero exigió: "El Estado tiene que actuar, defender a la víctima, preservarla y activar los protocolos de violencia laboral, de género y psicológica. Rápidamente, hay que actuar porque estas situaciones que manifiesta el gremio en forma pública no son de ahora sino que vienen de larga data; hay algo que se está pasando por alto".