La ciudad de Rafaela es sede del XIII Congreso Provincial de Derecho Procesal Penal, un encuentro que comenzó este jueves 5 de noviembre y continuará durante la jornada de este viernes con la participación de destacados referentes del ámbito judicial, académico y profesional de Santa Fe. La actividad propone un espacio de análisis sobre las transformaciones del sistema acusatorio, las reformas legislativas y los desafíos que enfrenta actualmente la administración de Justicia.
La apertura se desarrolló en el auditorio del Instituto Superior del Profesorado Nº 2 «Joaquín V. González», mientras que la segunda jornada tendrá como escenarios el Colegio de Abogados de Rafaela y el Centro Cultural Ben Hur.
El Congreso es organizado por el Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción, el Ministerio Público de la Acusación, el Ministerio Público de la Defensa, el Centro de Capacitación Judicial, la Universidad Católica Santiago del Estero y la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Procesal Penal.
Durante las dos jornadas se abordan cuestiones vinculadas con los juicios por jurados, el nuevo régimen penal adolescente, los delitos contra la integridad sexual, la flagrancia virtual, el microtráfico y la evidencia digital, entre otros aspectos relacionados con el funcionamiento del sistema judicial.
Cordero destacó una mejora en los tiempos de la Justicia
En diálogo con CASTELLANOS, Joaquín Cordero, presidente del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, expresó su satisfacción por la realización del encuentro en Rafaela y destacó la importancia de recibir a especialistas y autoridades provinciales. «Es un privilegio recibirlo porque vienen muchas autoridades muy importantes», señaló, al tiempo que remarcó el valor de estas instancias para la capacitación y el intercambio profesional de los abogados de la ciudad y la región.
Consultado sobre la actualidad de la profesión, Cordero sostuvo que la circunscripción atraviesa un momento favorable, principalmente por la cobertura de las vacantes judiciales que durante años afectaron el funcionamiento de los tribunales. «Hoy por hoy tenemos prácticamente todos los juzgados cubiertos. No tenemos vacantes, salvo en una sala de la Cámara de Apelaciones», explicó.
En ese sentido, destacó que la normalización de la estructura judicial permitió reducir considerablemente la duración de numerosos procesos. Según indicó, anteriormente existían causas que demandaban entre cuatro y seis años, mientras que actualmente muchos expedientes se resuelven en períodos de entre un año y medio y dos años. «Es la gente la que se beneficia o perjudica con el acceso a la Justicia», afirmó, al considerar que la mayor disponibilidad de magistrados contribuye a brindar respuestas más rápidas a quienes recurren a los tribunales.
Joaquín Cordero en la presentación del XII Congreso
Provincial de Derecho Procesal Penal. // Fotografía: N. Gramaglia
Moreno Robinson advirtió por las reformas procesales
Por su parte, Estrella Moreno Robinson, defensora general del Ministerio Público de la Defensa de Santa Fe, destacó la importancia del Congreso como espacio de discusión sobre las prácticas judiciales y los cambios normativos que atraviesa la provincia.
La funcionaria, oriunda de Rafaela, manifestó su satisfacción por la realización del encuentro en la ciudad y señaló que estas jornadas permiten identificar buenas prácticas, debatir dificultades y analizar la implementación de nuevas herramientas procesales.
En diálogo con CASTELLANOS, hizo especial referencia a las reformas legislativas que se encuentran en discusión y expresó algunas de las preocupaciones planteadas institucionalmente por el organismo que conduce.
Según explicó, el Ministerio Público de la Defensa presentó un documento ante la Legislatura provincial en el que señaló posibles afectaciones a garantías constitucionales.
Entre los puntos cuestionados mencionó la posibilidad de que personas sospechadas presten declaración informativa sin la presencia de un abogado defensor. «Creemos que eso afecta profundamente el derecho de defensa», advirtió.
Moreno Robinson explicó que el organismo participó de instancias de discusión legislativa y que algunas de sus observaciones fueron consideradas, particularmente en materia de registro de dispositivos tecnológicos. En ese marco, valoró que los distintos actores del sistema judicial hayan sido convocados para expresar sus posiciones antes de la aprobación de nuevas normas.
La situación carcelaria, otro de los ejes de preocupación
La defensora general también se refirió a las condiciones de detención en la provincia y advirtió que la problemática penitenciaria requiere respuestas sostenidas en el tiempo. «Las cárceles son un problema estructural, trascienden a los gobiernos», afirmó. En ese sentido, señaló que Santa Fe cuenta con cerca de 13.000 personas privadas de libertad, una cifra que representa un desafío para las políticas penitenciarias y el cumplimiento de las garantías constitucionales.
Moreno Robinson explicó que el Ministerio Público de la Defensa realiza inspecciones periódicas en establecimientos penitenciarios, alcaldías y comisarías, además de mantener instancias de diálogo con las autoridades responsables.
Respecto de la cárcel de Recreo, confirmó que el organismo presentó acciones judiciales por inconvenientes registrados durante el traslado de personas detenidas, actuaciones que continúan en curso.
La funcionaria también destacó la necesidad de profundizar la capacitación sobre los juicios por jurados, una modalidad recientemente incorporada en Santa Fe y que, según consideró, todavía requiere un proceso de aprendizaje por parte de los distintos operadores judiciales.
Finalmente, remarcó que el Congreso permite reunir a jueces, fiscales, defensores y abogados para intercambiar experiencias y generar propuestas destinadas a mejorar el funcionamiento del sistema penal.
¿Cómo sigue la actividad?
El Congreso continuará este viernes desde las 8:30, con actividades distribuidas entre el Colegio de Abogados y el Centro Cultural Ben Hur.
La programación contempla paneles sobre las últimas reformas procesales, la flagrancia virtual y sus implicancias en las garantías de los sospechosos, las competencias judiciales en materia de microtráfico y el uso del delator premiado como fuente de información.
También se desarrollará un debate sobre evidencia digital y garantías constitucionales, especialmente en relación con el acceso a dispositivos electrónicos y la obtención de información durante las investigaciones.
La jornada concluirá con las intervenciones de las autoridades y la premiación de las mejores ponencias, cerrando dos días de intercambio académico y profesional sobre el presente y los desafíos de la Justicia santafesina.
