*Por Rafael Barreiro- El proyecto de la nueva ordenanza de vecinales es la mejor muestra de las intenciones del gobierno municipal, una ofrenda que sólo esconde limitaciones. El oficialismo pareciera haber tomado en cuenta sólo los problemas de gestión que enfrentó en lo que va de su mandato, y haberse concentrado en que no se le repitan.
Así, el reordenamiento del capítulo eleccionario es necesario y no está mal planteado, salvo el artículo que define la nueva Junta Electoral. Porque su integración no garantiza que no se repita la iniciativa del gobierno en marzo pasado de ser juez y parte del proceso. Tampoco otorga una instancia clara de apelación a sus decisiones.
En otros aspectos, el Proyecto propone una serie de medidas limitantes, como la no consanguinidad o parentesco de integrantes de las Comisiones Directivas, o las limitaciones sin fundamento válido en la reelección de vecinalistas. Todos los problemas que experimentó son por la falta de controles que hubo en estos últimos dos años. El Gobierno no controló, la falla está ahí y no en los desvíos particulares que siempre pueden existir por más leyes que se impongan, y que hubieran sido corregidos si el control hubiera sido eficiente. Cualquier vecinalista cuenta que no se pidieron los Libros hasta último momento, y que cuando se hizo los retuvo por meses sin realmente revisarlos, informar ni mucho menos tomar medidas. Es buena en cambio la propuesta de capacitación, pero sin mayores precisiones puede quedar en vaguedades. El proyecto abunda en medidas de control que NO son malas en sí mismas, pero que imponen una carga extra muy significativa de trabajo a los vecinalistas que van a desanimar la participación.
Ningún vecinalista bien intencionado rechaza controles, por el contrario, pero el peso del trabajo que debe realizar el Estado no se le puede trasladar al vecino. Trimestral, mensual, semanalmente y cada vez que quiera la Administración puede apersonarse en la Vecinal y controlar el cumplimiento de las normas, la montaña no va a Mahoma. Se les pide digitalización inédita pero no se les da ningún recurso para hacerlo. De cualquier manera, todas las discusiones planteadas son si se quiere sólo accesorias y resolvibles previamente a la sanción de la Ley si se trabaja bien.
Lo verdaderamente grave es lo que no se ve: lo que se quitaría de la norma actual, y lo necesario que no se agrega. Los vecinalistas – y por ende los vecinos – son despojados de las facultades de participación y de control efectivos sobre decisiones, planes, presupuesto municipales, pedidos de informes de ejecución de presupuestos y de obras públicas. Diseño y control de obras en los barrios.
El Gobierno actual no quiere compartir el poder -como hasta ahora, si bien muchas vecinales no lo ejercen- ni mucho menos decisiones económicas y presupuestarias y su control de ejecución. Ni con las Vecinales ni mucho menos con su entidad de segundo grado, la Federación. Tampoco se ocupa de instituir normas éticas que impida a los muchos, demasiados, empleados, contratados y proveedores municipales tener lugares decisorios en las listas, porque de esa manera ejerce control sobre la voluntad de no pocas vecinales.
En esos lugares cooptados de esta manera, y si se puede también la Federación, se invierte la representación y las Comisiones Vecinales representan al Gobierno ante los vecinos y no a los Vecinos ante el Gobierno. Nada se habla en el Proyecto de la financiación de las Vecinales ni de los edificios, y por el contrario se da marcha atrás bloqueando todas las atribuciones de las Comisiones y de la FEV de gestionar financiación independiente de la discrecionalidad clientelista de los funcionarios de turno, o de combatir la subejecución presupuestaria mediante pedidos de informes y otros mecanismos. Quita toda obligación al Gobierno de participar en la planificación de obras a las Comisiones Vecinales, de informarlas oportunamente y someterse a sus controles. Y todo eso es en realidad quitárselo a los vecinos. No se asume ninguna obligación de proveer equitativamente espacios para la actividad como son los salones vecinales, ni tampoco de mejoras o de mantenimiento de los existentes. Nada se regula sobre talleres vecinales.
Este proyecto es, en definitiva, una limitación y un retroceso que limita la actividad vecinalista a una función social de festejos patronales, entretenimientos feriales, y solicitudes casi caritativas de concesiones o mejoras que el Gobierno decide a piacere y sin mayores explicaciones entre quienes le gustan y quiénes no.
Entre los vecinalistas alineados sin molestar, aplaudidores de sus actos y dueños de los silencios de sus carencias, errores y caprichos. Y ante todo esto, una Federación controlada ahora por quienes nunca participaron de todos los pedidos en estos términos que la Federación realizó durante los dos últimos años. Y que ahora se ocupa de que si los términos del mandato son dos años o cuatro, si las comisiones tienen nueve o siete o doce integrantes, o les garantizan las bajadas de luz para fiestas y ferias. Una Federación comandada ahora por quienes nunca la integraron, que llegaron hablando de diálogo aunque siempre lo rechazaron y que ante momentos tan decisorios no efectuaron todavía ninguna consulta ampliada a todas las Vecinales. Igual es reciente y el crédito está abierto. Vecinalismo social o vecinalismo de gestión, está en sus manos.
*Conductor de Observatorio Político por radio REC Rafaela y Next TV- Ex presidente Federación de Entidades Vecinales
