En el marco del inminente tratamiento de la reforma laboral que el Gobierno nacional enviará al Congreso en los próximos días, el secretario general de Rafaela del Centro de Empleados de Comercio (CEC), Juan Berca, conversó con Diario CASTELLANOS y analizó la situación del sector. El dirigente advirtió que el escenario económico y laboral se vuelve cada vez más desafiante para los trabajadores mercantiles y manifestó una fuerte preocupación por los cambios que podrían introducirse en el sistema de relaciones laborales vigente.
Berca señaló que, aunque aún no se conoce el texto definitivo del proyecto, los lineamientos difundidos por funcionarios y los medios de comunicación hacen prever un cambio profundo en el sistema de relaciones laborales vigente. “Creemos que vamos a perder derechos. Se va a modificar todo el panorama gremial, sindical y el vínculo entre trabajadores, empleadores y el Estado”, advirtió. Para el dirigente, la mayor preocupación radica en el posible desmantelamiento del esquema tripartito (sindicato, empleadores y Estado) que actualmente rige la negociación colectiva.
Uno de los puntos que genera mayor alarma es la posible eliminación de la “ultraactividad”: la cláusula que mantiene vigente un convenio colectivo hasta que sea reemplazado por uno nuevo. Según explicó Berca, sin ese mecanismo los sindicatos quedarían obligados a renegociar bajo presión, abriendo la puerta a acuerdos por empresa que podrían ubicarse por debajo de los convenios sectoriales. “Es un mar de complicaciones que no puede resolverse de un día para otro”, afirmó, aunque reconoció la necesidad de actualizar convenios que datan, en algunos casos, de 1975. Para ejemplificarlo, mencionó la aparición de plataformas como DIDI y su convivencia conflictiva con normativas locales, un signo claro de los nuevos desafíos laborales.
Un cierre de año marcado por la caída del consumo y la pérdida salarial
En el plano económico, Berca describió un escenario de fuerte caída del consumo y pérdida de rentabilidad en los comercios, aunque aclaró que todavía no se observa una disminución generalizada del empleo en el sector. “Nuestro rubro es muy dinámico: así como cierra un comercio chico, abre otro. Las grandes cadenas, en cambio, sí vienen manifestando achiques y preocupación por la rentabilidad”, explicó. Sin embargo, insistió en que el principal temor está en los meses venideros, cuando el impacto del freno en las ventas pueda trasladarse al empleo.
El crecimiento acelerado del comercio electrónico también reconfigura el mercado. Según Berca, la compra online, que hasta hace poco representaba apenas entre el 5 y el 7% del consumo, “explotó” en los últimos meses, desplazando parte de la actividad de los comercios físicos y generando tensiones con la competencia internacional. “Hoy podés traer un producto de China sin costo adicional, en las mismas condiciones que un comercio local. Son cuestiones que hay que encaminar para que nadie salga perjudicado”, planteó.
En paralelo, el nuevo acuerdo paritario del sector, cerrado el viernes pasado, aunque aún sin homologación, refleja la dificultad para sostener el poder adquisitivo. No se discutieron porcentajes, sino sumas fijas: 60 mil pesos mensuales desde diciembre hasta marzo, que se suman a los 40 mil acordados en julio. Ambos montos recién se incorporarán al básico en abril. “Cuando hablamos de sumas fijas achatamos la escala salarial. Y la plata no está alcanzando”, subrayó.
El CEC realiza relevamientos mensuales propios y, según los datos de diciembre, la canasta básica total para una familia tipo en Rafaela asciende a 1.325.000 pesos, no incluyendo alquiler. “Son pocos los trabajadores que llegan a un millón de pesos de sueldo. Y para quienes alquilan, es aún más difícil”, remarcó. Para Berca, la caída del poder adquisitivo repercute directamente en la rueda comercial: sin ingresos reales, se resiente el consumo y se profundiza la crisis.
De cara al año próximo, el sector mercantil enfrenta un escenario complejo marcado por la caída del poder adquisitivo, la retracción del consumo y la posibilidad de cambios estructurales en la legislación laboral. El seguimiento de estas variables y la evolución del debate legislativo serán claves para determinar el impacto real sobre trabajadores, comercios y la dinámica económica local.
