Luego de la reunión de comisiones, los ediles recibieron a funcionarios del gabinete municipal para abordar un proyecto presentado en las últimas semanas. El mismo plantea una serie de cambios en la liquidación de la tasa general de inmuebles a las urbanizaciones que se están desarrollando en la ciudad.
En representación del Ejecutivo Municipal concurrieron Germán Bottero, secretario de Gobierno y Modernización; Silvina Bravino, secretaria de Hacienda y Finanzas y Emilia Vidal, subsecretaria de Desarrollo Urbano y Metropolitano.
Al finalizar la reunión, Bottero dialogó con la prensa y comentó: “Teníamos un proyecto de ordenanza respecto a trabajar sobre algunas particularidades de la tributaria. Estamos hablando de algunos loteos en las inmediaciones de la ciudad y hay un pedido de ver cómo recategorizar o trabajar sobre esas situaciones. Nosotros lo que le venimos a contar a los concejales es todo el trabajo que está llevando adelante desde Hacienda y Desarrollo Urbano”.
Por ultimo, agregó: “Estamos hablando de casi 150 catastros que reúnen esta particularidad, entonces lo que venimos a plantear a los concejales es que hay una línea de trabajo iniciada y que lo ideal es integrar el pedido de ellos con nuestro trabajo para tratar de darle una cuestión más justa y más clara”.
Durante el intercambio, los funcionarios remarcaron que estos terrenos —si bien presentan diferentes situaciones legales y administrativas— se encuentran todos dentro de la trama urbana. Algunos corresponden a loteos ya aprobados, otros están en trámite de aprobación, y también hay terrenos que aún no tienen un destino definido. El objetivo común es fomentar su urbanización y revisar qué tasa deberían pagar durante ese proceso de desarrollo.
“No podemos legislar por un caso puntual. Este pedido en particular es una oportunidad para repensar cómo se categorizan estos espacios. Hay un trabajo iniciado desde el año pasado, y si hay que modificar la ordenanza, lo haremos en conjunto”, explicó Bottero.
Desde Hacienda, Bravino aclaró que un cambio como el planteado por la oposición podría representar una pérdida de alrededor de 790 millones de pesos en la recaudación anual del Municipio, lo que impactaría directamente en la capacidad del Estado local para sostener los servicios. Por eso, sostuvo que el desafío es lograr una solución justa para los propietarios sin comprometer el equilibrio fiscal.
