La Corte Penal Internacional (CPI) emitió una orden de detención contra el presidente ruso, Vladimir Putin, acusándolo de ser responsable de crímenes de guerra cometidos en Ucrania, por el supuesto traslado por la fuerza de niños a Rusia desde territorios ocupados por las tropas que responden a Moscú en su vecino país.

El Kremlin ha negado de forma reiterada las acusaciones de que sus fuerzas hayan cometido atrocidades durante la invasión rusa de Ucrania, que dura ya un año. Putin es el tercer presidente en ejercicio sobre el que pesa una orden de detención de la CPI, tras el sudanés Omar al-Bashir y el libio Muamar Gadafi. Aunque es poco probable que Putin acabe pronto ante un tribunal, la orden significa que podría ser detenido y enviado a La Haya si viaja a cualquiera de los estados miembros de la CPI.

La CPI emitió la orden bajo sospecha de deportación ilegal de niños y traslado ilegal de personas del territorio ucraniano a la Federación Rusa. El tribunal también dictó una orden de detención contra Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para los derechos de la infancia, por los mismos cargos.

Rusia no ha ocultado un programa en virtud del cual ha llevado a miles de niños ucranianos a Rusia, pero lo presenta como una campaña humanitaria para proteger a los huérfanos y a los niños abandonados en la zona de conflicto.

En la primera reacción a la noticia desde Moscú, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores ruso, Maria Zakharova, dijo en su canal de Telegram: "Las decisiones de la Corte Penal Internacional no tienen ningún significado para nuestro país, tampoco desde el punto de vista jurídico. Rusia no es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y no tiene ninguna obligación en virtud del mismo".

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, declaró que Rusia considera "indignantes e inaceptables" las mismas cuestiones planteadas por la CPI, y que cualquier decisión del tribunal es "nula y sin valor" con respecto a Rusia.

Solo el principio

Altos cargos ucranianos aplaudieron la decisión de la CPI y el fiscal general del país, Andriy Kostin, la calificó de "histórica para Ucrania y para todo el sistema de derecho internacional". Andriy Yermak, jefe del Estado Mayor Presidencial, afirmó que la orden es "sólo el principio".

La decisión de la CPI se produjo un día después de que un organismo de investigación bajo mandato de la ONU acusara a Rusia de cometer una amplia variedad de crímenes de guerra en Ucrania, como homicidios intencionados y torturas, en algunos casos obligando a los niños a presenciar la violación de sus seres queridos y deteniendo a otros junto a cadáveres.

La noticia también se produjo antes de una visita de Estado a Moscú prevista para la próxima semana por el presidente chino, Xi Jinping, que probablemente estrechará los lazos entre Rusia y China, justo cuando las relaciones entre Moscú y Occidente han tocado fondo.

Rusia está sometida a sanciones occidentales sin precedentes desde que envió decenas de miles de tropas a Ucrania el 24 de febrero de 2022. Pekín y Moscú sellaron una alianza "sin límites" poco antes de la invasión y los líderes estadounidenses y europeos han manifestado su preocupación por la posibilidad de que Pekín envíe armas a Rusia.

China ha negado cualquier plan de este tipo y ha criticado los suministros de armas occidentales a Ucrania, que pronto se ampliarán a aviones de combate después de que Polonia y Eslovaquia aprobaran esta semana las entregas. El Kremlin dijo que los aviones serían simplemente destruidos.

Envíos de granos

El sábado expira un acuerdo internacional que permite la exportación segura de grano desde varios puertos ucranianos del Mar Negro. Rusia ha aceptado prorrogarlo 60 días, mientras que Ucrania, junto con Naciones Unidas y Turquía, que negociaron el pacto original, han pedido una prórroga de 120 días.

Rusia no ha especificado por qué insiste en un periodo más corto, aunque se ha quejado de que sus propias exportaciones de alimentos y fertilizantes se ven obstaculizadas por las sanciones occidentales.

La Oficina de la ONU en Ginebra dijo el viernes que se están continuando las conversaciones sobre la renovación del acuerdo, necesario para evitar la escasez mundial de alimentos, ya que Ucrania es un gran exportador. Una prórroga más corta restringiría aún más las exportaciones de Ucrania, que siguen estando muy por debajo de los niveles anteriores a la invasión. (NA-Reuters)