Aunque permanece frenada judicialmente, más allá de la suerte que corra el DNU de desregulación en el Congreso, la reforma laboral sigue siendo uno de los pilares fundamentales en la administración de La Libertad Avanza. Es una de las condiciones que Javier Milei impone para avanzar con las negociaciones y la búsqueda de consensos de cara a la concreción del preacuerdo que materialice el Pacto de Mayo.
En esa línea, el oficialismo logró frenar la sesión en la Cámara baja donde la oposición intentó debatir -en tratamiento- una nueva fórmula jubilatoria, que ya se dijo desde Casa Rosada, también está atada a la suerte que corra el cambio de normativa en el ámbito del trabajo, ya que como declaran los funcionarios más cercanos al presidente, “si no hay más empleados que aporten, no hay posibilidades de mejorar el sistema previsional”.
Popes de la CGT como Héctor Daer (Sanidad) y Andrés Rodríguez (UPCN), protagonistas de los amparos que no permitieron que las reformulaciones laborales se hicieran vía decreto, ahora se muestran más abiertos a discutirla, siempre y cuando sea consensuada y aprobada en el Parlamento. No son pocos los que ven en ese discurso una estrategia de bloqueo legislativo, que de todos modos comprendería dilatar la discusión, ya que el alto empresariado pugna porque la iniciativa prospere.
Uno de los hombres más cercanos al titular del Poder Ejecutivo asegura que “hay sindicatos que entienden, pero a cambio piden otras cosas. Ceden con las indemnizaciones, pero exigen que no se les toquen las cajas”. El mismo asesor le dijo a El Litoral que “una cosa son los gremios y otra muy distinta las organizaciones sociales, porque ahí el tema ya no es de intereses sino ideológico”.
La resistencia de la UTEP (Unión de Trabajadores de la Economía Popular) es notoria, porque además de estar integradas al ex Frente de Todos es la que encabeza la batalla por los Planes Sociales con el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, quien, según se informó en Casa de Gobierno, ya relevó que la mitad de los comedores que regenteaban el Movimiento Evita, la CCC, Barrios de Pie (y otras agrupaciones más) no existen.
Los resultados de esas revisiones que se hicieron en la otrora cartera de Desarrollo Social, fueron comunicados esta semana a la plana mayor de la Conferencia Episcopal Argentina, encabezada por monseñor Oscar Ojea, en un encuentro con la funcionaria y el propio jefe de Estado, que tuvo el propósito de bajar las tensiones con respecto a los reclamos que la Iglesia argentina estuvo haciendo por cuestiones tales como la ayuda social, las auditorias que se llevan adelante en el área, y la situación económica en general.
Sobre los diálogos subterráneos que hay con cierto sector del gremialismo, un integrante de la mesa chica de Milei le manifestó a este diario que “una cosa es Sergio Sasia (de la Unión Ferroviaria), que está en pie de guerra con el Gobierno, y otra muy distinta es Omar Maturano (de la Fraternidad) con quien te podés sentar a dialogar y llegar a algún tipo de acuerdo”.
Lo cierto es que la puja va a seguir con diversos matices, pero no todos los puentes están cortados, más allá de lo que se diga públicamente. Habrá que ver si en los próximos días se confirma un acercamiento público entre las partes o se mantienen las líneas de comunicación informales. “Estén atentos al tema”, indicaron fuentes oficiales en Balcarce 50, donde por ahora la táctica pasa por dejar “que se expongan quienes están en contra del cambio”. Una frase reiterativa en las filas libertarias que va dirigida a gobernadores díscolos, a sus diputados y senadores, y por supuesto al sindicalismo, todos señalados como parte de “la casta que se quedó en el 9 de diciembre de 2023”. Fuente: El Litoral