Con una muy amplia mayoría, el Senado aprobó para su sanción el proyecto de ley que introduce cambios en los niveles y procedimientos de ajustes de los haberes jubilatorios y que contaba ya con media sanción de la Cámara Baja.
Las cuestiones relevantes de la norma aprobada son las siguientes:
-Se incrementan con base en el mes de abril de 2024 los haberes previsionales para recuperar la diferencia entre el ajuste otorgado en el primer trimestre y la variación del índice de precios al consumidor, equivalente a 8,1 puntos. Se recupera así la pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre.
-Se introduce una cláusula gatillo anual, por aplicarse cada marzo, por la cual si el índice de salarios (Ripte) subiese más que el índice de precios al consumidor (IPC), los haberes se aumentarán adicionalmente en la mitad de esa diferencia porcentual. Esta cláusula no es simétrica. Si el Ripte es menor que el IPC, no habrá deducción.
-Se dispone que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto, algo que actualmente equivaldría a $ 317.704. Esto implica un aumento, ya que en julio el haber mínimo fue de $ 215.580,82, que sumados al bono de $ 70.000 llegan a $ 285.580,82.
-El costo fiscal calculado representa el 0,45% del PBI para 2024, pero podría alcanzar el 2% del PBI según resulten las cláusulas de ajuste que se establecieron. La ley aprobada por el Congreso no incluyó ninguna disposición para compensar o cubrir ese impacto fiscal.
Sin duda, para la aprobación de esta ley traccionaron la oposición kirchnerista y una izquierda dispuesta a poner trabas en la rueda con un deseo in pectore de ver fracasar al Gobierno. Pero el voto positivo tuvo también la adhesión de legisladores de espacios que habían evitado hasta ahora entorpecer las reformas encaradas por el presidente Javier Milei.
El propósito y las consecuencias de los cambios introducidos por esta ley constituyen uno de esos casos en los que resulta difícil explicar y comprender que hay perjuicios económicos y sociales indirectos, además de los beneficios directos, que son más claramente perceptibles y emocionalmente sensibles. ¿Quién no apoyaría un aumento a los jubilados que les permita recuperar e incrementar su poder adquisitivo? Pero el legislador debe sopesar en su decisión el hecho de que esa misma asignación de fondos debe detraerse de otros destinos también sensibles.
Hay un sinnúmero de necesidades en la sociedad que esperan una mayor ayuda estatal. La mirada a cada una de ellas produce consternación y la imposibilidad de resolverlas genera un sentimiento de rebeldía. Pero el Gobierno no sólo no tiene plata, sino que heredó un déficit que ha sido imprescindible corregir con urgencia y sin delicadeza para no caer en la catástrofe económica y social de la hiperinflación y el default. Debe bajarse el gasto público improductivo, así como eliminar subsidios y combatir la corrupción. Esto exige tiempo. Mientras tanto, todo nuevo gasto requerirá aumentar impuestos o emitir dinero. Esta última alternativa ha sido la usualmente elegida en el pasado argentino, provocando inflación y generando crisis recurrentes, estancamiento y pobreza. La opción electoral ciudadana apuntó a salir definitivamente de este círculo vicioso.
El impacto fiscal de los cambios introducidos en la nueva ley de movilidad jubilatoria es sensible y pone seriamente en riesgo el proceso de reducción de la inflación. Esto debería haber sido comprendido y priorizado por aquellos legisladores que prefieren el éxito antes que el fracaso del programa de estabilización en marcha. Ya sabemos cómo actúan muchos de quienes sólo piensan en aumentarse las dietas y en buscar el aplauso fácil de quienes, lamentablemente, padecen hoy privaciones sin que esté claro para ellos que cejar en el esfuerzo invalidará mucho de lo que ya conseguimos. El incremento que tuvo el riesgo país cuando se conoció la aprobación en el Senado es más que demostrativo de la evaluación realizada por analistas internacionales.
Los legisladores kirchneristas que votaron esta ley deberían recordar que, siendo presidenta de la Nación, Cristina Kirchner vetó en 2010 una ley que imponía el 82% móvil para los haberes jubilatorios, al interpretar que se trataba de una "ley de quiebra" y que no podía permitir "que se desfinancie el Estado". La irresponsabilidad de este sector político, por lo visto, se multiplica cuando le toca desempeñar el rol de oposición, aunque buena parte del actual desfinanciamiento del sistema previsional guarda relación con las medidas de excepción de los gobiernos kirchneristas que permitieron que un gran número de personas accedieran a la jubilación sin haber hecho los aportes necesarios.
El veto presidencial es comprensible, aunque su anuncio debió haber omitido adjetivos innecesariamente agresivos y concentrarse en la explicación de las razones de aplicarlo.
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