La investigación sobre las cuentas de SanCor se profundiza. Ahora un importante Estudio Jurídico logró determinar que a primera vista existe evasión fiscal. A medida que avance, se controlarán otro tipo de delitos tales como administración fraudulenta, malversación de caudales privados, compra de materia prima y ventas en negro, asociación ilícita, etc.
Con gran cantidad de documentación respaldatoria, un prestigioso Estudio Jurídico Contable especialista en Derecho Penal Tributario (que prefirió guardar su anonimato), determinó prima facie la existencia de evasión fiscal por parte de la empresa, por montos que mensualmente superan largamente el importe previsto en el art. 7° de la Ley 27.430.

La empresa SanCor omite depositar mensual y tempestivamente, con reiteración en el tiempo, la totalidad de los importes que efectivamente retiene a su personal destinados al sistema de Seguridad Social.

Este delito de evasión, de comprobarse ante la Justicia, podría poner en problemas a los directivos porque la ley prevé penas de prisión que oscilan entre los dos y los seis años, y que la responsabilidad de los miembros del Consejo de Administración es personal e individual.


Ciertamente la configuración de actividad delictiva pondrá en jaque toda ayuda proveniente del Estado, así como eventuales facilidades en el pago de deudas que mantengan con AFIP. Ello sin duda afectaría la puesta en marcha del fideicomiso, a menos que los inversores o la empresa con sus directivos investigados, puedan conseguir la necesaria asistencia económica en otro lado.

Por otra parte, la profundización de la investigación determinará la existencia o no de otro tipo de delitos tales como administración fraudulenta, malversación de caudales privados, compra de materia prima y ventas en negro, asociación ilícita, etc.

Aunque la entidad sindical mantiene un cerrado hermetismo referido al informe de la investigación realizada por el Estudio Jurídico Contable especialista en Derecho Penal Tributario consultado, los trabajadores han solicitado que el tema sea denunciado en la audiencia dispuesta para el 30 de octubre por ante el MTEySS de la Nación, manifestando que la empresa trata de impedir las asambleas para evitar que en ellas se debata la conducta presuntamente delictiva de los directivos de la empresa.