La posibilidad de que el Gobierno inicie un proceso de juicio político en el Congreso de la Nación contra la Corte Suprema de Justicia generó la alerta del empresariado argentino, que teme que, a partir de esa intromisión del Poder Ejecutivo en las funciones del Poder Judicial, se desactive cualquier "decisión de inversión a largo plazo en la Argentina".
Así lo expresaron un grupo de empresarios de las principales compañías del país mediante un comunicado firmado en común, en el que le piden al Congreso que se retire el pedido de juicio político a los cuatro miembros del máximo tribunal. Lo entregaron en la Cámara de Diputados.
El texto surge a sólo una semana de la fecha prevista para que empiece a trabajar en el tema la Comisión de Juicio Político, el próximo jueves 26, y en simultáneo a los dichos de la titular de la misma, Ana Carolina Gaillard, que insistió, como otros de sus pares del Frente de Todos, con la posibilidad de que se realicen allanamientos contra los jueces supremos y que se los cite a declarar al Congreso.

Entre las firmas del texto -de 17 páginas- hay varios nombres destacados, como los de Enrique Cristofani, Roberto Murchison, Santiago Mignone, Guillermo Lipera, Juan Vaquer, Cartellone, Alejandro Elsztain; juristas como Alejandro Carrió, el presidente del colegio de abogados de la ciudad, Alberto Garay, entre otros.
En la misiva, los empresarios destacan la necesidad de mantener el "respeto" de la división de poderes y señalan que "iniciar un proceso de juicio político a los integrantes de la Corte Suprema de Justicia por no estar de acuerdo con el contenido de sus sentencias, causa no prevista en la Constitución Nacional, es un desatino institucional". (Fuente: Clarín)