Después de 24 años de tramitación de la causa, el Tribunal Oral Federal 5 absolvió a todos los imputados por la caída del avión de la aerolínea Austral que se precipitó a tierra en 1997 en la ciudad uruguaya de Fray Bentos. Los jueces Daniel Obligado, Adriana Pallioti y José Martínez Sobrino dieron a conocer al mediodía el veredicto, después de dos años de tramitación del juicio, y los fundamentos se conocerán el 25 de marzo del año próximo.
El fallo absolvió a 34 imputados (en rigor, 33, porque uno falleció durante la sustanciación del debate y, en su caso, se extinguió la acción penal por el deceso).
El tribunal dispuso todas las absoluciones argumentando que no se había acreditado la participación de cada uno de ellos en la tragedia y porque la fiscalía, a cargo del Juan Patricio García Elorrio, no formuló acusaciones en contra de los imputados.
La causa se inició como consecuencia de la caída de la aeronave y por el delito de "estrago doloso" del vuelo 2553 de Austral Líneas Aéreas, que causó la muerte de 74 personas.
El vuelo se dirigía desde Posadas a Buenos Aires y se precipitó a tierra en la estancia Nuevo Berlín, zona rural cercana a la ciudad uruguaya de Fray Bentos.
Austral Líneas Aéreas había estado en manos de la española Iberia hasta 1995 y al momento del siniestro pertenecía al Instituto Nacional de Industria (INI) de España. La Comisión Investigadora de Accidentes Aéreos (CIADA) de Uruguay concluyó que la caída de la aeronave se produjo como consecuencia directa de una errónea decisión del copiloto que produjo la pérdida de control de la nave.
Ese error fue inducido por el congelamiento de los tubos de Pitot (sensor de velocidad) y la inexistencia en el avión de la alarma recomendada para alertar sobre esa situación, así como la falta de entrenamiento adecuado de los pilotos.
La tripulación del vuelo estaba integrada por Jorge Cécere (comandante), Horacio Núñez (copiloto), Susana Trotta (comisaria de a bordo), Bibiana Rumachella (primera auxiliar) y Fernando Álvarez (segundo auxiliar). En 2003 los imputados habían sido sobreseídos, pero apelaciones mediante, tres años más tarde resultaron procesados por estrago doloso, y en sucesivas etapas (2013, 2017 y 2018) la causa llegó a la etapa de juicio.
El debate comenzó el 26 de marzo y un año y medio después las querellas pidieron que los imputados fueran condenados a 25 años de prisión, pero la fiscalía no formuló acusación y reclamó la absolución de todos los imputados por el "beneficio de la duda".