Los fiscales lo acusan de ser el jefe de una organización ilícita. Tiene imagen de matón de pueblo, pero no se le sospecha nada que no se le sospeche al resto de los referentes territoriales de la política provincial y nacional: imponer los jefes de policía de su departamento, y mantenerse todo el tiempo posible en un cargo que le otorgue poder continuo. Su nombre simboliza más de lo que hasta ahora se le probó. Una traición lo llevó a este lugar incómodo, mientras sus «compañeros» disfrutan de una impunidad inexplicable.
¿ De que lo acusan a Armando Traferri? Esa es la pregunta que todos nos hicimos, al recibir la noticia de su citación e imputación. Los fiscales respondieron con claridad: lo sospechan de ser el jefe de una asociación ilícita, de ser responsable de cohechos, tráfico de influencias y otros delitos para dar protección al empresario de juego ilegal Leonardo Peiti.
Nadie sabe, hasta ahora, si esas acusaciones están fundadas en pruebas nuevas y distintas a las que habían presentado los anteriores fiscales responsables de la conocida causa del «juego clandestino».
Leonardo Peiti es operador legal de juego en varias provincias argentinas, y lo era del ilegal en buena parte del territorio provincial. Operaba no sólo en el sur provincial, sino especialmente en Rafaela, donde contaba como socio al desaparecido David Perona.
Perona fue detenido de manera domiciliaria durante la Pandemia y murió con apenas 44 años, en circunstancias que muchos no terminan de explicar. Tenía comorbilidades, si, pero nadie se explica cómo contrajo COVID, estando aislado y sin que ninguna de las personas que lo acompañaban, hubieran sido portadoras del virus. Una muerte, al menos inoportuna.
Perona era el «dueño» de varios locales habilitados como «cybers» por la Municipalidad de Rafaela, en manos de los ultraperottistas, Luis Castellano y su secretario de Gobierno, Marcos Corach. Ellos, eran los responsables de controlar las actividades que se practicaran en esos lugares, fueran lícitos. La justicia nunca encontró actas de infracciones, ni denuncias de inspectores municipales sobre los locales.
Perona murió y la causa «Rafaela» se fue muriendo con él. Nunca citaron a declarar a los funcionarios municipales, ni se los imputó por cohecho. Corach fue, desde la Municipalidad, ascendido a Ministro de «cosas» en el gobierno de Perotti.
Para que quede claro: Estas lineas no pretenden impugnar ni una linea de las acusaciones contra Traferri. Pero no quieren dejar de expresar que, al menos en el tema del juego clandestino- desconozco si existen otros delitos por los que se lo persigue a Traferri- las investigaciones no parecen ser equilibradas:
No hay ningún elemento que distinga a Traferri del resto de los funcionarios que aparecen involucrados en esta trama. Al menos no hasta ahora. Y hasta ahora, por lo que sabemos, las acusaciones están fundadas en hechos que los propios Leonardo Peiti y Armando Traferri han confesado: Peiti le entregó a Traferri un monto de dinero, supongamos 600 mil dólares, para financiar la campaña a la gobernación de Omar Perotti. Ese dinero, según cuenta el propio Traferri, fue entregado en mano al actual diputado nacional Roberto Mirabella, en el bar del Hotel Apart Urquiza de la ciudad de Rosario.
Según el relato de Peiti en sede judicial, y en declaración frente a los fiscales Edery y Schiappa Pietra, Perotti había comprometido al empresario, una participación en lo que luego sería, el decreto de entrega del juego on line.
Peiti explicó en esa ocasión, que ya lo habían intentado con Antonio Bonfatti y finalmente con Miguel Lifschitz- y que los dos se negaron terminantemente a atenderlos.
No fue el caso de Perotti, que antes de ser gobernador se comprometió a privatizar el juego on line. Lo hizo, por ilegal decreto, por 15 años – usando como excusa la pandemia- y beneficiando al grupo de empresarios que explotan los casinos en Santa Fe.
Perotti ni cumplió con aquella palabra, ni le devolvió a Peiti el dinero recibido en la campaña: Paralelamente, y con todo el poder público en la mano, resolvió darle rienda libre al Ministro de Seguridad- el procesado Marcelo Saín- para que «investigue» a la organización ilegal que lo había financiado.
Los métodos fueron públicos: desde al menos un esquema de espionaje ilegal estatal montado en un departamento céntrico en Rosario- se está investigando la existencia de otro, en un edificio cercano a la legislatura santafesina- se recopilaba material que pudiera servir para imputar de delitos a empresarios, políticos, periodistas y familiares de todos ellos, y especialmente al Senador de San Lorenzo.
No es un invento de este escriba. Hay decenas de terabytes de escuchas telefónicas, chats entre funcionarios donde se escucha con claridad cómo se direccionaban las órdenes policiales y se enviaba información obtenida ilícitamente, a los fiscales a cargo de la persecución penal. En algunos de ellos se escucha a la ex funcionaria de seguridad, Nadia Schujman, celebrar la manipulación de algunos operativos policiales para detener a personas «cercanas » a Traferri.
Traferri aprovechó aquel escandaloso montaje para abrazarse a los fueros extendidos que tiene la antiquísima Constitución Provincial, y evitó lo que se había procurado: una detención escandalosa y mediática que se había organizado en las puertas de las oficinas anexas de la legislatura, que usa el Senado Provincial.
Los senadores lo «contuvieron» rechazando el pedido de eliminación de fueros que había solicitado la fiscalía. Pero algunos colaboradores de Traferri fueron detenidos y se produjeron varios allanamientos, procurando obtener mayor información.
Traferri declaró, pero sus fueros impidieron su detención. Aquello habilitó, no sin razón, a que algunos dijeran que » si fuera inocente, no se hubiera aferrado a los fueros». No obstante el empoderamiento de Marcelo Saín, y el juego casi en tandem con los fiscales, generaban motivos también, para sospechar que pudieran producirse algunos abusos en el procedimiento.
Hoy, Traferri, desaforado en forma voluntaria exclusivamente para esta causa, enfrenta un proceso como el que debió afrontar en aquella oportunidad.
No se observan intervenciones obvias, como entonces, del poder político sobre el MPA. Ni existen motivos fundados para pensar que detrás de esta imputación, exista una organización que le invente pruebas ni persiga venganzas, como ocurriera con el ex gobernador.
Traferri, tendrá la oportunidad de defenderse y desarticular todas las acusaciones. Podrá también, demostrar que sus acciones tienen explicaciones lícitas.
Y podrá, y espero que lo haga, preguntarle a los fiscales que lo acusan, por qué no han citado todavía al gestor de esta historia: Omar Perotti. Ni a su ex ministro Corach. Y sin ir mucho más lejos, citar a Roberto Mirabella para que explique aquella reunión con Peiti en el hotel de Rosario, durante la campaña a la gobernación de Perotti.
En fin. Es probable que Traferri sea todo lo que le imputan que es. Eso es materia judicial, no periodística. Menos con una causa en marcha.
Lo que no se entiende, salvo por razones de «fama ganada», es por qué Traferri termina funcionando como único «político importante» en este asunto, y se sigue haciendo vista gorda a los otros dirigentes políticos, todos relacionados al peronismo, que participaron en este negocio.
A lo mejor la «Asociación ilícita» es más grande, y tiene demasiado peso. Mucho peso para que puedan soportar algunas instituciones de la provincia. Esas que desde hace 30 años funcionan como poderes continuos, mientras pasan los gobiernos y también, los legisladores.