El campo se manifiesta en alerta ante la posibilidad de que la aprobación del Presupuesto 2023 que se trata este martes en Diputados, otorgue al Ejecutivo poderes suficientes para mover las retenciones.
La Federación Agraria Argentina (FAA) solicitó a la Cámara de Diputados que no aprueben la prórroga en la delegación de facultades al Ejecutivo para modificar la normativa relacionada a derechos de exportación (retenciones).
De cara al inminente tratamiento en sesión del proyecto de ley de presupuesto para 2023, la entidad remitió notas a los 257 legisladores que integran la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, en las que manifestaron su desacuerdo con el artículo 95° del dictamen de mayoría producido por la Comisión de Presupuesto y Hacienda.
«Solicitamos no acompañar una norma inconstitucional, arbitraria y que favorece la concentración de capitales, en detrimento de la economía de desarrollo del interior argentino. Y proponemos mantenga el Poder Legislativo las facultades de legislar en materia de impuestos y de Derechos de Exportación».
En el mismo se busca prorrogar hasta diciembre de 2023 la facultad del Poder Ejecutivo para modificar las alícuotas de los derechos de exportación (retenciones).
Fundamentos del pedido federado
Entre los motivos para sustentar dicho pedido, desde la FAA sostuvieron que: «En materia Tributaria, la delegación de facultades al Poder Ejecutivo se encuentra prohibida. Entre los fundamentos encontramos que los Derechos de Exportación tienen una naturaleza innegable de carácter tributaria, es decir se trata de impuestos.
«En este sentido, el Poder Legislativo, no puede bajo ningún concepto delegar tales facultades, de acuerdo al artículo 75° de nuestra Constitución Nacional. Por tanto, admitir la prórroga de la facultad al Poder Ejecutivo Nacional para determinar derechos de exportación, sería admitir la delegación de dichas facultades».
Y continuaron: «Agregamos, además, que es el productor agropecuario sobre quien repercute directamente el tributo, distorsionándose en la realidad el fundamento original del cobro de dicha tributación, perjudicando de manera directa la distribución de los esfuerzos y afectando a los más pequeños en beneficio de los más grandes exportadores de productos agropecuarios.
«Esta realidad desdibuja el rol de desarrollo productivo, económico y social del sujeto agrario que moviliza la economía argentina y sobre todo de las comunidades más pequeñas y postergadas».
En relación con la problemática de las sequías y otras inclemencias climáticas que atraviesa el sector, solicitaron a los legisladores que consideren la «incorporación en el tratamiento legislativo de estos temas que atentan contra la producción y el desarrollo de nuestro país». (NA)