La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación convocó, hace unos días, a una supuesta mesa de diálogo para evaluar la problemática de las usurpaciones en Villa Mascardi. Pese a su conciliadora denominación, sólo se invitó a participar al grupo de violentos encapuchados que se llaman a sí mismos comunidad Lafken Winkul Mapu, que son quienes han incendiado cabañas, atacado a vecinos y usurpado hectáreas del emblemático Parque Nacional "Nahuel Huapi".
En octubre último, uno de los predios usurpados desde 2017 fue allanado a raíz de la embestida perpetrada contra cinco gendarmes el 25 de septiembre. Protagonizó el ataque un grupo de entre 15 y 20 personas encapuchadas, con piedras y armas de fuego. Aquella noche, los agresores incendiaron un tráiler de Gendarmería Nacional que estaba en un lote privado para el resguardo del personal de vigilancia. En el insólito allanamiento solamente cuatro mujeres fueron detenidas y procesadas con prisión preventiva.
Este grupo de violentos ha sido agasajado por las autoridades nacionales en esa supuesta mesa de dialogo tras la reunión mantenida con Alberto Fernández en la Casa Rosada, en diciembre, cuando el propio Presidente propuso "suspender el juicio por usurpación en contra de la Lof Lafquen Winkul Mapu y llevar adelante la mesa de diálogo para frenar este constante atropello al pueblo mapuche".
Hay que recordarle a Alberto Fernández que estas personas, sean o no mapuches -esto para el caso resulta irrelevante- son alevosos delincuentes comunes que pretenden acceder a la posesión de tierras de manera ilícita, amparándose en un pretendido origen racial para adjudicarse el derecho a una propiedad sin antecedentes, sin posesión documentada previa ni actual. Ese es el verdadero atropello a la ley. Estos seudomapuches, cobijados por el Presidente de la República -y por su ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, quien afirmó: "Tengo sangre de pueblo originario"-, han provocado pérdidas y daños en el complejo recreativo "Ruca Lauquen", en el colegio "San José"; en el predio del Obispado de San Isidro; en el conjunto de cabañas de Gas del Estado; en La Cristalina; La Escondida, y en Los Radales. Incluso, en el ex hotel IOS (Instituto Obra Social), que iba a convertirse en el Escuela de Guardaparques y que fue desmantelado por completo para usar las maderas y chapas de sus techos.
Las verdaderas comunidades mapuches, que conviven en paz e integradas a la sociedad de Bariloche, no fueron siquiera convocadas. La propia Wiritray, comunidad legalmente reconocida, denunció, en relación con los convocados: "Estos nefastos personajes no tienen ningún tipo de nexo, relación ni vínculo histórico ni familiar con gente de nuestra comunidad ni con nuestro territorio comunitario". Es decir, una auténtica comunidad indígena preexistente no es convocada y, en cambio, se convoca a quienes usurparon violentamente el territorio intentando imponer una supuesta "sacralidad ancestral" para instalarse donde nunca antes estuvieron. "Hay derechos humanos para algunos, pero no para nosotros", lamentaron con razón los miembros de la comunidad Wiritray.
Tampoco fueron invitados ni los propietarios usurpados ni los vecinos de Villa Mascardi, víctimas de los reiterados delitos cometidos en la zona. Continúan siendo ignorados por pretender que se respeten sus títulos de propiedades legalmente adquiridas en nuestro país y por pagar sus impuestos.
Ahora, un incendio de magnitud que ya consumió más de 20 hectáreas de vegetación autóctona se ha producido en la localidad chubutense de El Hoyo. Mientras las llamas avanzan, aparecieron panfletos en los que la agrupación Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) se adjudica el hecho y advierte que no parará "hasta que la Patagonia arda y recuperemos nuestro territorio".
La sociedad argentina está cansada de que las propias autoridades se burlen de sus ciudadanos respetuosos de las leyes y apoyen a delincuentes que usurpan y queman propiedades. Los derechos humanos asisten también a vecinos y visitantes que quieren vivir en paz en uno de los lugares más bellos de la Argentina.
Bajo el falso título de "mesa de diálogo" se sigue literalmente pisoteando toda legalidad y se desconocen los derechos, fomentando un odio y un enfrentamiento antes inexistente. Las inconfesables actitudes de un Estado nacional que violenta a la propia Constitución, junto con la connivencia de autoridades provinciales con estos delincuentes, promueven que los conflictos continúen escalando.
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