“Todos estaban al tanto de que esto iba a pasar y casi todos estuvieron de acuerdo”. La frase pertenece a un legislador que participó de la redacción del proyecto y refleja, con amargura y bronca, que la decisión de aumentarse las dietas que votaron los senadores contó con el aval de la mayoría de los miembros de la Cámara alta, a pesar de las críticas públicas lanzadas desde el oficialismo libertario y desde otros sectores políticos con representación en el Senado una vez consumada la votación.

La decisión de votar el proyecto sobre tablas se adoptó el miércoles al mediodía en la reunión de jefes de bloque que encabezó la vicepresidenta, Victoria Villarruel, en la que se definió el temario de la sesión celebrado este jueves. En ese encuentro, según pudo reconstruir LA NACION de fuentes legislativas de primera mano, se decidió que el tratamiento del proyecto se iba a votar sin debate y sobre tablas para evitar incluirlo en el plan de labor, que es la hoja de ruta a seguir en cada sesión, y anticipar la jugada.

De hecho, la iniciativa recién fue presentada de manera oficial este mediodía, por lo que en el momento en que se resolvió tratarlo no había un número de expediente con el cual registrarlo en el temario. Esa determinación fue ratificada en otro encuentro celebrado unos minutos antes de que los legisladores bajaran al recinto.

Voceros de la vicepresidenta discreparon con esta versión. Confirmaron que el tema se discutió en la reunión del miércoles, con Villarruel presente, pero destacaron que en ese momento no hubo un acuerdo, sino que la jugada terminó de definirse este jueves antes de la sesión en un encuentro de jefes de bloque del que, aseguran, no participó la presidenta de la Cámara alta.

La decisión de los senadores de aumentarse las dietas se filtró a la prensa en la tarde del miércoles, pero en ese momento el proyecto no se había presentado de manera oficial. No obstante, esto provocó el enojo de algunos senadores que buscaron dar con el responsable de haber adelantado la jugada.
Algunos dedos apuntaron a Mariana Juri. Poco después de finalizada la sesión, la radical mendocina presentó junto a su comprovinciano y correligionario Rodolfo Suárez una nota en la que le pide a Villarruel que “en la medida de lo posible” no incluya el aumento en la liquidación de sus dietas. “Eso es una hipocresía”, calificó la jugada un senador de la UCR, molesto con sus compañeros de bancada.

La resolución aprobada esta tarde es el resultado de un reclamo que viene de largo arrastre en el Senado por el atraso que vienen sufriendo los legisladores en sus ingresos, pero que se potenció luego de que los presidentes de ambas Cámaras, Villarruel (Senado) y Martín Menem (Diputados), dieran marcha atrás con la actualización de las dietas que habían habilitado a fines de febrero al firmar, con un aumento de casi el 30%, la paritaria de los empleados del Poder Legislativo.

La resolución que retrotrajo la actualización se firmó el 11 de marzo pasado y fue el resultado de la presión ejercida desde la Casa Rosada por Javier Milei, que cuestionó en duros términos la medida. Sin embargo, aquel disparo terminó volviéndose en contra del Presidente luego de que la diputada kirchnerista Victoria Tolosa Paz denunciara que los funcionarios del Poder Ejecutivo, incluido el jefe del Estado, se habían aumentado sus ingresos en una proporción mayor (48%) apenas unos días antes que el incremento de las dietas de los legisladores nacionales.

Ese malestar latente y de larga data por el nivel de ingresos de los senadores terminó corporizándose el miércoles en un proyecto de resolución que fue firmado por representantes de casi todos los bloques políticos. El texto comenzó a circular al mediodía por las mesas del comedor del Senado donde se encontraban almorzando varios senadores. Así, estamparon sus firmas el salteño Juan Carlos Romero, que no redactó la iniciativa pero fue quien pidió en el recinto su tratamiento sobre tablas, el radical Pablo Blanco (Tierra del Fuego), el jefe del bloque kirchnerista, José Mayans, y el peronista Carlos Espínola, entre otros.

Un senador que participó de la elaboración de la iniciativa confió que el parámetro que se adoptó fue el de equiparar las dietas de la Cámara alta a lo que percibe un juez de primera instancia.
También avaló la iniciativa por escrito el libertario sanjuanino Bruno Olivera. “Se equivocó, vio que había varias firmas de todos los bloques y pensó que estaba acordado”, intentaron defenderlo en la bancada de La Libertad Avanza, que preside Ezequiel Atauche (Jujuy). ¿No sabía lo que firmó?, preguntó este diario. “Sí, sabía”, explicó un senador oficialista que, en un rapto de sinceridad, criticó el manejo político de algunos de sus compañeros de bloque. “Se comportan como si estuvieran en un viaje de egresados”, sentenció, lapidario.
Según una de las fuentes consultadas, el proyecto también había estampado su firma la radical Carolina Losada (Santa Fe), que poco después se arrepintió y pidió que retirarán su aval. Lo cierto es que la rúbrica de la senadora no aparece en el documento oficial.

La gota que colmó la paciencia de los legisladores fue el ascenso a rango de secretario de Estado del vocero presidencial, Manuel Adorni. “¿Resulta que le subieron el sueldo a un tipo que se la pasa respondiendo cualquier cosa y maltratando periodistas y nadie dice nada?”, se quejó un senador de un partido provincial, destacando que el funcionario pasará a cobrar más de tres millones de pesos. El mismo reproche se escuchó entre legisladores de la UCR, Pro y el kirchnerismo. (La Nación)