La promulgación de la Ley N° 13.010 del voto femenino en Argentina en 1947 marcó un punto de inflexión en la participación política de las mujeres en la vida pública que permitió que todas las mayores de 18 años puedan votar y ser elegidas en cargos públicos. Cuatro años más tarde, el 11 de noviembre de 1951, pudieron ejercer por primera vez su derecho a voto a nivel nacional.
Se trató de una victoria que si bien se materializó en el gobierno peronista -con la indiscutible centralidad de Eva Perón-; fue una lucha fuertemente impulsada luego de la sanción de la Ley Sáenz Peña (1912) por el movimiento de sufragistas, protagonizado por mujeres como Julieta Lanteri, Elvira Rawson, Cecilia Grierson y Alicia Moreau.
La sanción de la ley otorgó a las mujeres argentinas una mayor igualdad real en términos civiles y políticos. Su implicancia en la vida pública se amplió desde aquel hecho histórico hasta nuestros días, logrando nuevos derechos que fortalecieron la democracia y la participación política, tales como la Ley N° 24.012 de Cupo Femenino (1991) y la Ley N° 27.412 de Paridad de Género en Ámbitos de Representación Política (2017).
A 40 años del retorno a la democracia, la investigadora del CONICET, María Celeste Ratto, reflexiona sobre el significado de este hito que transformó la sociedad, la política y la cultura argentina.
"El acceso al ejercicio de este derecho político significó el nacimiento de la mujer como actora política, el ingreso a la vida política con sus derechos y obligaciones. Pero no sólo implicó algo sustancial para las mujeres, lo fue para la democracia en sí, ya que a partir de ese momento se logró la efectiva igualdad mediante el voto, que es la base de cualquier democracia".
En este sentido, Ratto resalta cuáles son los desafíos para continuar fortaleciendo el sistema democrático, en un contexto de avanzada de discursos negacionistas sobre la última dictadura cívico-militar.
"En el actual contexto, cuando algunos sectores impulsan el retroceso de nuestra democracia y una amplia gama de derechos aparecen cuestionados, es importante remarcar que en materia de derechos la lucha nunca acaba, porque no son logros en mármol que pueden sostenerse sin cuestionamiento, sino que son las bases sociales las que sostienen esas construcciones. La democracia y la ciudadanía son algo vivo, en constante redefinición, por eso es importante rescatar a la participación política como forma de practicar una ciudadanía sustantiva, lo que implica que los y las integrantes de una entidad política siempre luchan por dar forma a su destino".
Por otra parte, la diputada nacional Brenda Magali Vargas Matyi, se suma al análisis de diversas voces feministas que plantean el peligroso retroceso en materia de lucha contra las violencias de género que implicaría un gobierno neoliberal de ultraderecha, con propuestas tales como la extinción de las áreas de denuncias especializadas o la libre portación de armas de fuego.
Desde la Secretaría de Igualdad, Derechos y Diversidad (UNA), en una universidad con representación femenina en varios cargos de gestión y un fuerte compromiso con los derechos de las mujeres y del colectivo LGBTIQ+, convocamos a reflexionar respecto de la importancia de defender las conquistas alcanzadas y las instituciones democráticas.