16:40 - El precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista pide que se garanticen fondos del Presupuesto 2022

Apenas asumió como gobernador de Santa Fe, en diciembre de 2007, Hermes Binner comenzó el reclamo por detracciones indebidas de la masa de recursos coparticipables que el gobierno nacional remitía al santafesino. En 2009, el planteo se formuló ante la Justicia y un fallo de la Corte Suprema, en 2015, avaló los reclamos de Santa Fe y ordenó que se devolviera a la Provincia lo indebidamente detraído, más los intereses devengados. A hoy, esos fondos no se han hecho efectivos. Gonzalo Saglione, precandidato a diputado nacional por el Frente Amplio Progresista y ex ministro de Economía de Santa Fe, propuso que “se garantice la incorporación de las partidas presupuestarias pertinentes en el Presupuesto nacional del ejercicio 2022 para que el gobierno nacional cancele la deuda con Santa Fe”.

“Planteamos que se haga con un procedimiento análogo al que se empleó en la resolución del caso con la provincia de San Luis, con los mismos criterios: mediante la entrega de títulos públicos nacionales como forma de pago”, indicó Saglione.

El proyecto del precandidato a diputado permitiría, de esa manera, que no sólo el gobierno provincial, sino también municipios y comunas santafesinos, “puedan disponer de esos títulos nacionales durante el próximo ejercicio y aplicarlos en favor de cada una de las comunidades. Según nuestras estimaciones —afirmó—, el monto que le corresponde percibir a Santa Fe por este concepto supera los $ 110.000 millones, de los cuales casi $ 15.000 millones corresponden a municipios y comunas”.

El fallo de la Corte Suprema de 2015, si bien favorable a Santa Fe, no definió un criterio para el cálculo del dinero a devolver. En los años que siguieron, Santa Fe buscó un entendimiento y elevó una propuesta que fue rechazada por el gobierno nacional. En noviembre de 2017, en ocasión de suscribirse el Consenso Fiscal, las partes se comprometieron a alcanzar un acuerdo: “A pesar de nuestros intentos, esto no ocurrió por la insistencia de los representantes del gobierno nacional de cancelar la deuda mediante la ejecución de obras públicas nacionales en territorio santafesino; esto, además de ser jurídicamente inviable, no resulta beneficioso para los intereses de la provincia”, recordó Saglione.

El gobierno del entonces gobernador Miguel Lifschitz acudió en noviembre de 2018, una vez más, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. “Desde esa fecha hasta el momento —concluyó Saglione— no hubo ninguna novedad y se desconoce si existen negociaciones abiertas entre las actuales autoridades provinciales y nacionales, ya que ambas partes afirman que van a esperar que se expida nuevamente la Corte”. 

En este contexto, en diciembre de 2020 el gobierno nacional y el de San Luis suscribieron un acuerdo en virtud del cual se estableció el mecanismo para la cancelación de la deuda nacional para con dicha jurisdicción. “Se hizo mediante la entrega de títulos nacionales en dación de pago. El origen del reclamo de San Luis es idéntico al de la acreencia que tiene Santa Fe, con fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación dictados el mismo día, el 24 de noviembre de 2015”, concluyó Saglione.

Buenas cuentas, sin beneficios

El precandidato a diputado por el FAP recordó además el poco beneficio que le ha reportado a Santa Fe, en el curso de los últimos años, sostener criterios de responsabilidad fiscal.

—En este contexto usted, como economista, puede dar cuenta de que el gobierno de Santa Fe se ha caracterizado por su responsabilidad fiscal, ¿qué beneficios le ha reportado eso?

—Es paradójico, pero no ha tenido beneficios. El hecho de sostener la responsabilidad fiscal y no acumular deudas significativas ha derivado en que Santa Fe no haya podido acceder a beneficios otorgados en diferentes momentos, por parte del gobierno nacional, en favor de las jurisdicciones más endeudadas. En las dos últimas décadas se pueden encontrar varios ejemplos de este perjuicio a Santa Fe, precisamente por su elevado nivel de responsabilidad fiscal.

—¿Por ejemplo? 

—En 2003, cuando la Nación procedió al rescate de cuasi monedas, afectó recursos del presupuesto nacional para retirar los títulos emitidos por las jurisdicciones provinciales tras la crisis del 2001. Con recursos del gobierno nacional, casi 2.350 millones de dólares, se rescató la deuda emitida por jurisdicciones provinciales que habían emitido cuasi monedas, no así Santa Fe. En 2010, con el Programa Federal de Desendeudamiento, se buscó reducir la deuda de los gobiernos provinciales con el Estado Nacional, aplicando Aportes del Tesoro Nacional; la magnitud de ATNs asignados a reducir esos pasivos provinciales ascendió a 2.400 millones de dólares. En 2017 se estableció un mecanismo de compensación de deudas y créditos recíprocos en el Consenso Fiscal de 2017, pero las jurisdicciones que a dicha fecha no mantenían deudas con la Nación, entre ellas Santa Fe, no fueron alcanzadas por tales beneficios. En 2020 se refinanciaron pasivos contraídos por los gobiernos provinciales provenientes de diversos programas: Convergencia Fiscal, Regularización del Sector Eléctrico, Federal de Desendeudamiento de las Provincias Argentinas, y Asistencia Financiera, entre otros. Santa Fe tampoco se benefició…

—No tenía deudas… 

—El caso de la provincia de Santa Fe puede ser utilizado como ejemplo de una jurisdicción que quedó al margen de la asignación de recursos nacionales durante todas estas instancias que recién reseñé en virtud de no mantener deudas para con el nivel central de gobierno y por su manejo responsable de las posibilidades de endeudamiento. La pregunta que sobrevuela es si dicha pauta de comportamiento fiscal trajo consigo beneficios o perjuicios para los habitantes de Santa Fe…

—¿Se puede retrotraer la situación? 

—Sí, con un proyecto de ley que compense a los gobiernos provinciales que quedaron excluidos de los beneficios derivados de los diferentes programas señalados. La magnitud de tal compensación deberá guardar relación con los beneficios obtenidos por las jurisdicciones que fueron beneficiarias de aquellos.