El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, participó del operativo en el que se derribó el segundo puesto de venta de drogas en el marco de la nueva Ley de Narcomenudeo, ubicado en Ayacucho al 4300 de la ciudad de Rosario.
Estos operativos se llevan adelante mediante un trabajo coordinado entre el Ministerio Público de la Acusación, la Justicia Provincial, el Ministerio de Seguridad Provincial, la Policía Provincial y con colaboración de los gobiernos locales.
En declaraciones a la prensa, el ministro explicó cómo se desarrollan estos procedimientos contra el microtráfico que “incluyen la demolición, el derrumbe de las instalaciones, así como, en algunos casos, van a incluir el desalojo de las personas que están usurpando ese lugar para la venta”.

Luego, Cococcioni remarcó la importancia de la ley provincial contra el narcomenudeo, que fue enviada a la Legislatura por el gobernador Maximiliano Pullaro y aprobada durante el mes de diciembre: “La ley, para su aplicación plena, va a demandar nuevos recursos, mayores actividades de coordinación, transferencias presupuestarias que tienen que venir del gobierno nacional, y que ya se están reclamando, porque estas causas eran de jurisdicción nacional y ahora son provinciales”.
Según el funcionario provincial, este puesto de venta “está controlado por el clan Riquelme, una investigación valiosa por parte de la Fiscalía y de la PDI”. Para el ministro, “estos son los primeros casos que vienen en cumplimiento de la ley, pero luego la política de microtráfico estará basada sencillamente en la información aportada por la inteligencia criminal y van a ser intervenciones focalizadas de desactivación de los puntos de venta. Y aprovecha un curso investigativo que ya era preexistente”, detalló y no descartó la posibilidad de que, en la jornada de hoy, “haya al menos un operativo más”.
Sobre el final, explicó cómo es el accionar para activar un procedimiento de este tipo: “No vamos a requerimos una denuncia formal, aunque por supuesto la pueden hacer, pero la política de microtráfico se basa en inteligencia criminal que despliega autónomamente el Ministerio de Justicia y Seguridad, en coordinación con el Ministerio Público de Acusación y, en función de eso, se diseñan las intervenciones. La idea no es pedirle al vecino que sea quien motorice esto, sino que lo van a hacer los distintos organismos del Estado”.